Por: Redacción central

Extinto Fiscal Marcelo Pecci.

En horas de la mañana de un día como hoy, del 2022, una bala mortal acababa con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en ese entonces delegado de la Unidad contra el Crimen Organizado. Él estaba disfrutando de su luna de miel en Colombia. En estos últimos 12 meses ya fue desmontada en dicho país una estructura criminal, pero el cerebro hasta el momento no fue identificado.

 

REDES DE PODER. Hoy el hecho es investigado no solo como un simple crimen, sino como un problema estructural vinculado a la criminalidad organizada; entonces, no se podría hablar de un solo mandante.

“El hecho de que le hayan matado en Colombia es meramente circunstancial, forma parte de la ejecución y de la implementación de un plan”, explica el criminólogo Juan Martens.

Afirma que hay redes de poder hegemónico en el crimen organizado. “Son redes que tienen cabezas que actúan interconectadas. Una combinación entre los actores privados y el poder público (funcionarios y policías que cooperan y a eso le llaman venta de mercaderías políticas)”.

“Es muy difícil que ellos actúen por fuera de estos acuerdos. Pueden estar clanes, facciones que coordinan sus acciones; y no se produce un tipo de asesinato de estas características y de este impacto sin que estos grandes líderes consientan”, sostiene.

Según Martens, hablamos de redes de poder hegemónicos que mezclan lo público y lo privado para que funcione el esquema.

¿IMPUNIDAD? Pero como hasta ahora no hay nombres concretos de quién o quiénes podrían estar detrás, esto nuevamente se pone bajo lupa.

“A mí no me sorprende que acá no hayamos avanzado. Tenemos un Ministerio Público que está muy al servicio de mantener la impunidad de los grandes casos y de concentrarse en pequeños casos. Ni siquiera los celulares auditaron. Ni hace falta que tengamos información del contenido, porque no nos corresponde, pero sí tenemos que saber del proceso”, apunta Martens.

Considera un fracaso la situación en nuestro país, pero un fracaso del Estado de Derecho. “No sabemos quién es el que mandó matar, si está en Paraguay, si no está acá. No sabemos por qué le mandaron matar. Nada sabemos finalmente, son puras especulaciones”, lamenta.

Hoy ya suman seis personas las condenadas en Colombia por poner en marcha el asesinato y todavía quedan por ser juzgadas otras tres más. Sin embargo, en una reciente rueda de prensa, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo que queda en campo del Ministerio Público de Paraguay indagar sobre la preparación del crimen, es decir: el cerebro.

Para el experto, este asesinato fue una erosión para la democracia, para los fiscales y los jueces que quieren hacer bien su trabajo.

“La muerte de Pecci hoy está sirviendo para atemorizar, pero por culpa del Estado. Se cumplió el objetivo del disciplinamiento a través de la impunidad”, explica.

AVANZANDO. Con relación al caso, sin embargo, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, afirma que siguen en constante intercambio de datos con el país colombiano. “Estamos manejando la investigación de manera muy pulcra, de manera bilateral y con el apoyo internacional fuera de Paraguay y de Colombia”, dijo.

Cita esta como una investigación de un crimen transnacional, con implicancia, no solamente en nuestro país, sino también fuera, por lo que sostiene que “los resultados no pueden ser tan inmediatos como la sociedad espera, “pero de que vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar”, apunta.

Ahora está pendiente que Colombia responda un exhorto de asistencia mutua para que colabore con Paraguay con datos para la investigación.

JUZGAMIENTO EN COLOMBIA. Por su parte, la fiscala Alicia Sapriza, delegada de la Unidad contra el Crimen Organizado en nuestro país, confirma que como el hecho ocurrió en Colombia, si hubo un partícipe desde Paraguay que aportó o pagó, va a ser la nación colombiana la que se encargue de juzgar; una vez que la persona sea detenida y, en su caso, extraditada. “Somos los más interesados en llegar a eso”, explica.

También expresa que la parte más inmediata está prácticamente cerrada, con los ya detenidos y condenados, pero que lo más importante y lo que más interesa es la autoría intelectual.

“Ahora nuestra participación va a ser mucho más activa. Tenemos esperanzas de que uno de los detenidos pueda cooperar y aportar datos, pero todo con base en las leyes de Colombia, porque son ellos quienes marcan la línea”, dice.

En cuanto a la seguridad de los agentes que siguen de frente esta lucha contra el crimen organizado, Sapriza comenta que se llegó a hacer un análisis de vulnerabilidad de la seguridad de fiscales y jueces, buscando mejorar protocolos.