Por: Redacción Central

La Ley de Superintendencia “es una estafa para los trabajadores.

Pese a la resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, que se movilizaron en Asunción y en las principales cabeceras del país en contra de la Ley de Superintendencia, en el Congreso el documento tuvo una rápida sanción.

Un día después de la tensa jornada, Eduardo Ojeda, dirigente de la Corriente Sindical Clasista, calificó como “una estafa y una pesadilla” para los trabajadores y trabajadoras la cuestionada Ley de Jubilaciones. ´

El principal cuestionamiento de los trabajadores fue el veloz tratamiento y el casi nulo debate que se le dio al documento. Esto solo sembró temor y desconfianza en los trabajadores y jubilados.

“Es una pesadilla, una estafa. Ni hablaron del intento de que los trabajadores participen del proyecto que presentó el Gobierno”, cuestionó 

Ojeda comentó que la privatización del sistema jubilatorio fue una estafa en Chile, país donde se tuvo una experiencia más prolongada sobre el tema.

Acotó que no solo va a generar un nuevo sistema de estafa para los trabajadores, sino que también va a afectar al modelo existente y que es hegemónico.

“Este Gobierno es una vergüenza. Este proyecto de ley busca joder a los trabajadores, hace tiempo está esta intención”, reprochó y lamentó que “la mafia ayer (miércoles) consumó un hecho lamentable en el país”.

Por otro lado, adelantó que el lunes de la próxima semana tienen planeado realizar una plenaria en la que escucharán ideas de las distintas organizaciones sindicales para analizar cómo frenar esta situación.

“Esto es una estafa, un negociado”, siguió cuestionando y advirtió que “no le van a hacer guerra al presidente Santiago Peña, sino que van a hacerle guerra a la mafia parlamentaria”.

En una sesión de este martes, a las apuradas los senadores dieron media sanción al documento y pasó a Diputados, donde este miércoles el proyecto de ley se aprobó con 42 votos a favor.

Los parlamentarios aprobaron la ley con las modificaciones introducidas por la Cámara Alta y el documento obtuvo su sanción. Ahora queda en manos del Poder Ejecutivo su promulgación.