Por: ANAIPS

La descabellada iniciativa del Consejo de Administración del IPS para que las patronales realicen exámenes de salud a los futuros asegurados, previo a la admisión, para así discriminar aquellos que tienen enfermedades pre existentes de aquellos que no y en consecuencia delimitar el tipo de cobertura es inconstitucional, inmoral y contraviene los principios básicos sobre los que se sostiene la seguridad social.

            Esta situación que se plantea adoptar son los criterios que toman los seguros privados, que tienen como objetivo lucrar con la salud. Es decir, convierten la salud en una mercancía que se puede adquirir de acuerdo a la capacidad financiera. Al convertirse un derecho en un objeto del mercado, el servicio se presta de acuerdo a criterios de rentabilidad para los capitalistas del rubro. No se busca asegurar el derecho a la salud a la población, sino obtener ganancias a partir de las necesidades que supone la atención médica.

            Plantear que estos criterios sean considerados como parte de la política estatal relacionada a la seguridad social es completamente inconstitucional, discriminatorio e inmoral. La seguridad social es un derecho humano fundamental y como tal debe estar asegurado el acceso a todas las personas trabajadoras en el país. 

            Es inconcebible que el derecho a la seguridad social deba estar retaceado de acuerdo a las condiciones de salud de la persona a ser asegurada. El Estado debe tener una política real que permita movilizar sus estructuras para garantizar a toda la población sin discriminación alguna el acceso al seguro del IPS en condiciones dignas.

            Esta proyección que quiere darse al IPS es el reflejo del intento de privatización que busca instalarse en la previsional.

            Los impulsores intentan justificar que muchos son asegurados de manera artificial. Colocan de ejemplo aquellos que son inscriptos al seguro en caso de enfermedades catastróficas o teniendo una edad elevada que no permite considerar que efectivamente hayan ingresado como activos a partir de una actividad laboral. Volvemos a reiterar, para esos casos de intentos de estafa al IPS, es la institución la que debe establecer mecanismos de control y vigilancia para prevenir maniobras en contra de los intereses de la previsional y que los antecedentes sean remitidos a la justicia penal para que tanto la patronal como la persona que buscar inscribirse indebidamente sean procesadas.

            La otra circunstancia que compromete la atención médica para las personas aseguradas es la atención que se brinda a aquellas personas que acceden a través de Amparos judiciales. Aquí hay que hacer la siguiente observación. Ninguna persona puede estar privada de atención a la salud en ningún caso, el Estado es garante de brindar ese servicio. En consecuencia, si el sistema de salud público no tiene capacidad de respuesta ante determinadas patologías, el Estado debe indemnizar al IPS por el servicio que presta para así garantizar que la atención no esté comprometida para seguir brindando a quienes son asegurados de la previsional. 

            Lo que no se puede permitir es que, a partir de problemas reales como los arriba descriptos, se utilice criterios mercantiles para seleccionar el tipo de cobertura a las y los asegurados. La garantía para la obtención de finanzas sanas en la previsional es el ataque serio a la evasión patronal y al mismo tiempo a la corrupción institucional producto de las tercerizaciones y otros negociados con el capital privado que parasitan el IPS en complicidad con las autoridades.

            En este sentido, es urgente el procesamiento penal a las anteriores autoridades y empresarios responsables de malversaciones y hechos de corrupción, con el embargo de todos sus bienes para que devuelvan lo robado.