Por: Alhelí González Cáceres. Fuente: https://henoi.org.py/

^{Foto: Elisa Marecos Saldívar}

En el 2019 Mario Abdo Benítez inició el proceso de acercamiento al FMI en la búsqueda de la firma del Acuerdo Técnico sobre Instrumentos de Coordinación de Políticas (PCI) que le permite a Paraguay un acceso mucho más rápido al crédito si aplica el programa de estabilización económica o también conocido como “programa de reformas”.

El programa de estabilización económica se estructuran en torno a diez puntos, a saber: 1) Disciplina en la política fiscal, 2) redireccionamiento del gasto público en subsidios, 3) ampliación de la base tributaria mediante una reforma que adopte tipos impositivos marginales, 4) liberalización de las tasas de interés, 5) liberalización del tipo de cambio, 6) eliminación de barreras arancelarias a la inversión extranjera, 7) liberalización del comercio, 8) privatización de empresas estatales, 9) desregulación del mercado, 10) seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Con la firma del Acuerdo PCI el Fondo tiene vía libre para diseñar e implementar los programas de política macroeconómica, incluyendo el direccionamiento del Fondo para que el Estado aplique el programa de reformas económicas durante al menos dos años desde su firma.

Los acuerdos con el Fondo están sujetos a evaluaciones semestrales de cuyos resultados dependen los desembolsos comprometidos para Paraguay, dicha evaluación tendrá lugar en el mes de junio del presente año en curso. Para ello el gobierno de Santiago Peña ha acelerado la aprobación de las reformas que implican la aprobación del marco jurídico que las avale, como es el caso de la Ley 7235/23 de Jubilaciones y Pensiones, así como impulsa el proyecto de Ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, en el marco de la denominada “modernización del Estado”. Estas reformas implican la reestructuración de la maquinaria estatal, y sus primeros pasos pudieron observarse en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas mediante la Ley 7143/23 que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, así como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas que, en su conjunto, forman parte de las exigencias del acuerdo firmado con el FMI.

Si bien ya en el 2020 durante la pandemia el FMI aprobó un fondo de emergencia por USD 274 millones al gobierno de Abdo, el gobierno de Peña también ha solicitado un crédito por USD 400 millones correspondientes a los fondos del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) a un plazo de 24 meses y a una tasa máxima de interés del 9.5%. Los desembolsos de este fondo dependen del grado de implementación del paquete de reformas fiscales y monetarias que el Ejecutivo se encuentra aplicando con toda rigurosidad.

Un buen alumno del Fondo

Las principales exigencias del Fondo incluyen mantener la estabilidad macroeconómica, la reforma del sistema de pensiones del funcionariado público y la racionalización de los programas de asistencia social, entre otros. La más importante del conjunto de medidas es el restablecimiento de la regla de déficit fiscal. Esta exigencia se encuentra establecida en la Ley N° 5098/2013 De Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes que estipula un techo al déficit de 1.5% respecto al PIB, siendo la prioridad de cara al 2026 (FMI, 2023).

^{Foto: Elisa Marecos Saldívar}

 

La centralidad de las políticas económicas neoliberales es la regla fiscal. La también conocida como regla de equilibrio fiscal o de déficit cero no sólo abandona el propósito del desarrollo social y económico, sino que además impone elevados costos sociales por sus implicancias en términos de la instrumentalización de la política fiscal, cuyos alcances se ven limitados por la disciplina en las finanzas públicas en dirección hacia el déficit cero.

Es decir, desde el instante en el que los instrumentos de la política económica como lo son la política fiscal, monetaria, cambiaria y de rentas, son direccionadas para alcanzar el equilibrio, contribuyen a la profundización del ciclo recesivo, terminando por afectar lo que se persigue: el equilibrio macroeconómico y el despliegue de la economía.

Paraguay exhibe una economía disciplinadamente recesiva, en el sentido de que las políticas económicas de ajuste estructural que se han venido implementando desde hace décadas han operado como obstáculos para el desarrollo socio-productivo, para generar empleos de calidad y mejorar los indicadores de calidad de vida del conjunto de la población.

El foco en una política de equilibrio fiscal conduce al desequilibrio de las finanzas públicas, dado que, mientras exige la disminución de la presencia del Estado a través de la disminución del gasto público (principal mecanismo de redistribución de la riqueza), también demanda la reducción de la presión tributaria, propiciando regímenes tributarios regresivos. Es decir, la política económica neoliberal es en su conjunto ineficaz, recesiva y contradictoria, puesto que, al suprimir las fuentes de financiamiento del tesoro, el Estado se ve obligado a contraer deuda cada vez en mayor proporción, generando desequilibrios en las finanzas públicas a largo plazo.

El caso paraguayo es evidencia de la ineficiencia e ineficacia de las políticas económicas recetadas por el Fondo que, en la búsqueda de mantener el equilibrio macro deja al Estado sin margen fiscal para implementar políticas económicas que contribuyan a generar mejores condiciones de empleo y de desarrollo de las fuerzas productivas, mientras aumenta el endeudamiento y disminuyen las reservas internacionales, cuyo fondeo,  así como el pago de los servicios financieros de la deuda se realizan con más deuda.

Concretamente, el problema de la política de déficit cero o de disciplina fiscal conduce al aumento del déficit privado que se traduce en una nueva forma de transferencia de riquezas desde el conjunto de la clase trabajadora hacia los capitales que operan dentro y fuera del territorio. Dado que el Estado concede subsidios al capital, transfiere recursos a actores privados mediante el rescate de empresas, la concesión de exoneraciones o exenciones fiscales, devuelve impuestos o establece regímenes especiales de tributación, entre otros mecanismos de transferencias como es el caso de la deuda e inclusive la política cambiaria.

La estabilidad macroeconómica como concepto se basa en dos principios: 1) Equilibrio fiscal y 2) baja inflación. En el caso paraguayo, el discurso de la estabilidad o del equilibrio macroeconómico es bastante cuestionable, pues si nos detenemos a analizar las finanzas públicas y más concretamente, las fuentes de financiamiento del plan de gastos de la nación, se puede observar la baja capacidad de financiamiento del Estado paraguayo. En el año 2022, el 49% del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) se financió con recursos institucionales (Fuente 30), frente a tan solo un 32% financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10). En el PGN que se encuentra en ejecución, el 50% se financia con Fuente 30, frente a un 34% financiado con Fuente 10. La tendencia que puede observarse es la de que, cada vez más, el PGN se encuentra financiado con deuda y mediante el arancelamiento de bienes y servicios públicos, o la liquidación de activos de las instituciones del Estado (Zevaco y González, 2022).

La cuestión es que no puede lograrse el déficit cero sin ajuste y, por consiguiente, sin deuda. Y al hablar de ajuste, nos referimos a la pérdida de derechos laborales, económicos y sociales que conducen al deterioro de la calidad de vida de la población como resultado de la ruina de los servicios públicos. Por el lado de la inflación, es importante hacer notar que las estadísticas oficiales adolecen de credibilidad, pues la misma institución que se encarga de diseñar la política monetaria y tiene como objetivo controlar la inflación, se encarga también de monitorear las fluctuaciones en el índice de precios, indicador de la inflación.

La preciada estabilidad macroeconómica de la que presume el gobierno de Santiago Peña en los foros empresariales regionales e internacionales se encuentra sostenida en la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población y en ningún caso constituye elemento suficiente para generar empleos ni propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

Referencias

FMI. (2022). FMI alcanza acuerdo técnico sobre Instrumento de Coordinación de Políticas de Paraguay. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/10/13/pr22350-imf-reaches-staff-level-agreement-on-paraguays-policy-coordination-instrument

Zevaco, S., & González, A. (2022). Inversión Fiscal del Estado: Derechos Vs. Capital. Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Paraguay, 405-420.