Por: Agencia InnContext

En América Latina y el Caribe, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentan desafíos regulatorios que afectan su capacidad para operar libremente y cumplir con sus objetivos. Estas restricciones pueden tener un impacto significativo en la libertad de expresión, la reunión, la asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. Para monitorear estas regulaciones y proyectos de ley, Directorio Legislativo cuenta con la herramienta Civic Space Guardian (CSG), que realiza un seguimiento en 18 países de la región.

En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó con modificaciones nueve de los diecisiete artículos del proyecto de ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales. Aunque el texto oficial aún no se ha publicado, se filtró un borrador que estaría siendo discutido actualmente. Julio García Zerpa (PSUV), primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, argumentó la necesidad de este marco legal para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Después de la aprobación de los nueve artículos, propuso postergar la discusión de los restantes sin especificar las razones, y esta propuesta fue aprobada. Aunque no está claro si los artículos restantes de este controvertido proyecto serán finalmente aprobados, es innegable el potencial impacto significativo que podría tener en el ámbito cívico. Entre los riesgos potenciales para la sociedad civil se destacan restricciones severas para las asociaciones civiles sin fines de lucro, que requerirían informar y registrar estatutos, junta directiva, inventario de bienes, estados financieros, actas de asambleas y donaciones recibidas, así como divulgar detalles sobre los beneficiarios.

En Perú, no son nuevos los intentos de lograr indultos e impunidad ante crímenes de lesa humanidad en el continente latinoamericano. La rendición de cuentas es un pilar clave para una democracia saludable, y hemos observado los últimos años diversos intentos de evitarlas. El 6 de junio del 2024, el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones el polémico Proyecto de Ley N° 6951/2023-CR. Este proyecto de ley, ingresado al Congreso el primer día de febrero del 2024, tiene como objetivo precisar la aplicación y alcances de los crímenes de lesa humanidad y guerra en la legislación peruana. Sostiene que al entrar en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (julio de 2002) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (noviembre de 2003), los delitos cometidos antes de estas fechas para el ordenamiento jurídico peruano prescriben en los plazos de la ley nacional. Por esta razón, nadie podrá ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Este proyecto ha generado preocupación en decenas de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, que señalan que podría poner en riesgo las investigaciones y procesos judiciales en curso, así como anular sanciones impuestas a aquellos ya encontrados culpables.

En Cuba, el Consejo de Ministros impulsa el proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información pública, el cual propone restringir el acceso de los cubanos a la información y presenta un "entendimiento restrictivo" del concepto de información pública. Este contexto de erosión democrática y paquetes de leyes que restringen el espacio cívico exige estar alertas ante las constantes amenazas. La vigilancia y la respuesta oportuna son esenciales para proteger los derechos y libertades.
 

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