Por: Redacción Central.

Diversos grupos de la sociedad civil emitieron un comunicado conjunto este jueves cuestionando a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso, a la cual acusan de ser una “Comisión Garrote”, así como al proyecto de ley de regulación a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), al que llaman ley garrote.

El posicionamiento se da un día después de la sesión reservada de dicha comisión, presidida por el senador Dionisio Amarilla, que precisamente destacó la necesidad de controles estrictos a las oenegés.

“En defensa de la democracia: Rechazo a la ley de censura y persecución de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y rechazo al sesgo de la denominada Comisión Garrote que busca someter a los medios de comunicación”, inicia el comunicado.

Las organizaciones respondieron a las declaraciones de los senadores Gustavo Leite y Dionisio Amarilla, tras la reunión de la Comisión conjunta de carácter transitorio para la Investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.

“La Comisión Bicameral de Investigación representa una herramienta de persecución hacia los medios de comunicación y las OSC. La creación de esta comisión no es más que un intento de amedrentar a quienes alzan la voz. Es inaceptable que se utilicen mecanismos legales para silenciar y censurar el trabajo esencial de quienes promueven la transparencia y la justicia en Paraguay”, expresa la nota de las organizaciones.

Llamado. Los grupos sociales hicieron una convocatoria a la gente para resistir al intento del oficialismo colorado cartista de amedrentar a las OSC que son críticas a la gestión gubernamental.

“Llamamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todos los actores políticos comprometidos con la democracia a que se unan a la defensa de las OSC y de la libertad de prensa. No podemos permitir que socaven los derechos fundamentales que tanto hemos trabajado por proteger. Las OSC son un pilar esencial de nuestra sociedad y su capacidad para operar de manera independiente debe ser resguardada. La democracia en Paraguay está en riesgo, y ahora más que nunca, es crucial defender nuestras libertades y derechos”, expresaron.

Detallaron que las organizaciones de la sociedad civil ya están sujetas a estrictos controles financieros y de transparencia, como se detalla en los informes financieros anuales y el cumplimiento con Seprelad.

“No estamos ajenas a continuar con los controles. Sin embargo, el nuevo marco legal busca limitar aún más nuestra capacidad para operar libremente”, advierten.