Por: Redacción Central.

En el manifiesto, denunciaron un falso diálogo del Gobierno, mientras las mujeres se sienten desprotegidas, en peligro y siendo atacadas con violencia física y telemática.

También señalaron que la educación sexual integral sigue siendo tomada como un tabú, instalado por sectores antiderechos que utilizan la desinformación y noticias falsas, perpetuando un sistema en el que niñas, niños y adolescentes sufren abuso todos los días y sin acceder a información científica y veraz para defenderse.

“La violencia estructural sigue siendo cada vez más visible y sentida en nuestras vidas. El acceso a salud, educación, tierras, trabajo digno, medicamentos y atención médica no son garantizados por el gobierno, que tiene la obligación y responsabilidad de velar por el bienestar de la población”, remarcaron.

A su vez, expusieron su preocupación por la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que no cesa, con cifras en aumento, mientras que el Ministerio de la Niñez “no hace nada”.

“En Paraguay, al año, 400 niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a parir ¡Son niñas, no madres! Además, no existen políticas de protección destinadas a niñas y niños que cuidan de otros niños y niñas”, aseveraron.

También denunciaron el hacinamiento en buses del transporte público, que las expone al acoso, como también la falta de refugios y paradas iluminadas para la espera del servicio.

“Denunciamos la constante desaparición de niñas y adolescentes, mientras que el protocolo establecido por justicia nos obliga a esperar 48 horas para hacer una denuncia e iniciar la búsqueda formal. Esto pone en serio riesgo la vida de una hermana, una amiga, una hija, una compañera y una vecina”, reclamaron.

Asimismo, denunciaron que no se cumple con la ley 5.777 de protección integral a las mujeres y que, en vez de investigar, se le ofrece a la víctima una opción de no continuar con la denuncia y encajonar la causa.

“Denunciamos la violencia vicaria y el rol de la justicia que no actúa para proteger a las madres, hijas e hijos, dejando que el padre exponga la vida de las niñas y niños, instrumentalizándolos para vengarse de las mujeres que decidieron terminar vínculos con el progenitor. Tanto la policía como la fiscalía ejercen violencia institucional al revictimizar a las mujeres víctimas de violencia”, expresaron.

En cuanto a las personas con discapacidad, recalcaron que siguen sufriendo discriminación, sin acceso a lugares de denuncia, sin intérpretes de seña, totalmente vulnerables a sufrir violencias de manera impune. En los casos de mujeres lesbianas privadas de libertad, se les niega el derecho a las visitas conyugales.

Finalmente, expusieron que en el interior del país, las trabajadoras sexuales son obligadas a pagar coimas a la Policía Nacional para ejercer su trabajo, entre otras denuncias, como trabas para acceder a los beneficios el programa de adultos mayores a mujeres que han trabajado toda la vida en sus casas.

Desde enero a octubre se registran 30.898 denuncias de violencia familiar, 27 casos de feminicidio, 40 tentativa de feminicidio y tres víctimas de violencia vicaria, según la Fiscalía.