

Por: https://henoi.org.py
Apenas dos semanas del año y ya van más de 450 familias desalojadas1, sin nada, en la calle. El dolor que imponen a nuestro pueblo es atroz, porque además de ser dolor de hambre y despojo, es de indignidad y desamparo.
“Ellos” avisaron, no hay sorpresa. Llevan una década trabajando en “ajustes” normativos y de gestión que les permitan seguir apropiándose de tierra, en una acumulación desaforada, vaciando de contenido, en la práctica, la Constitución Nacional, el sentido común y la íntegra cultura paraguaya de raíz campesina e indígena.
Porque “ellos” necesitan tierra; están hambrientos de ampliar el control legal, económico y político de la tierra y con ella, el control del agua, de los minerales, de la producción potencial y de las toneladas de carbono que finalmente puedan vender.
Primero fueron Riera y Zavala promoviendo el plan Sinacare2, que no prosperó; aunque sí lograron modificar el Código Penal para que la ocupación de tierras se convirtiera, gracias a la sacralidad de la “bendita propiedad privada”, en un crimen no excarcelable.
Después se llamó RUN3 el proyecto de “ajuste” de gestión. Lo impulsaron y lograron que se promulgue este año, con el objetivo de “(…) Resolver problemas históricos de titulación de tierras; Fortalecer la seguridad jurídica para inversiones y la producción agropecuaria; y dar mayor seguridad para la compra de inmuebles”. A confesión de parte, relevo de prueba.
En 2020 hablaban de la previsión de unos 800 desalojos. En aquel momento algunos de “ellos”, con cinismo, firmaron aquel acuerdo para evitar la ejecución de los desalojos “en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso”4.
Ese acuerdo no se cumplió el 14 de enero cuando más de 300 policías desalojaron a mujeres y niños de la compañía Tacuapí, en Yasy Kañy, Canindeyú. Tampoco se cumplió el 8 de enero pasado cuando cientos de policías, más de 25 patrulleras, con apoyo de 3 helicópteros, drones y armamento, desalojaron a 150 familias de la comunidad Santa Librada, distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, el más empobrecido del país5. Robaron más de 2 mil cabezas de ganado, destruyeron TODAS las pertenencias y bienes. Derrumbaron la escuela, el colegio y la capilla. Incendiaron los cultivos. La catástrofe cayó sobre esta comunidad con más de 20 años asentada, por la sola “culpa” de estar en 4.361 hectáreas de tierra fértil.
El responsable esta vez se llama Benjamín Adaro Monzón. Es político, cartista. Ni siquiera necesitó acreditar su propiedad, ya que no tiene título. Tiene apenas un contrato privado de compra venta. Eso no le importó al juez que firmó la orden de desalojo.
Tampoco le importó al juez la vigencia de la Ley de colonización y urbanización de hecho6, que data de 1960, y que protege la tenencia de la tierra cuando una comunidad está asentada por más de 20 años.
Quizá lo que sí le importó al Juez son algunos de los antecedentes de Adaro Monzón; quizá le tuvo miedo, quizá le debía favores…
En síntesis; para “ellos”, la Ley no importa: se cambia o se viola. Para “ellos”, la justicia no importa: se imparte a su servicio o se compra. Para “ellos” el bienestar ajeno es completamente intrascendente. ¿Ellos saben quiénes son ellos? ¿Son conscientes del poder que están entregando a las mafias al abrir la caja de pandora? Nuestra ya de por sí erosionada democracia sigue cediendo terreno al abismo mientras la gente lucha por sobrevivir.
Santiago Peña y Pedro Alliana junto a Adaro Monzón durante la campaña electoral a la presidencia.
Notas al pie de página