Por: Pedro Pozas Terrados. Fuente: Agencia Pressenza.

(Imagen de Imagen realizada por Pedro Pozas Terrados)

Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas Preexistentes

Desde lo más profundo de nuestra humanidad, la Federación de Derechos de los animales de Cantabria (DEAN), el Corredor Biológico Mundial, el Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), el naturalista y escritor Joaquín Araujo Ponciano y el científico y académico José María Bermúdez de Castro; hacemos una llamada al pueblo argentino, a su gobierno y a las autoridades nacionales, provinciales y municipales sobre la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios indígenas en Argentina que  están siendo pisoteados de manera sistemática, perpetuando un genocidio silencioso.

Estos ciudadanos argentinos, legítimos habitantes de sus tierras mucho antes de la creación de Argentina, merecen un respeto pleno a su dignidad, cultura y derechos. Sin embargo, hoy se encuentran marginados, desprotegidos y obligados a mendigar el agua, la sanidad, la justicia en lo que debería ser un derecho básico e inalienable a todos los ciudadanos..

Denunciamos que:

1. Carecen de acceso a agua potable. En numerosas comunidades, deben consumir agua contaminada, lo que agrava enfermedades y desnutrición.
2. Tienen acceso limitado o inexistente a la sanidad. Muchas familias viven con el temor de no recibir la atención adecuada en los hospitales, algo que debería ser un derecho garantizado para todos los ciudadanos.
3. La educación en sus comunidades es precaria. Algunos niños reciben clases en techos de madera improvisados, sin condiciones adecuadas para el aprendizaje. La falta de respeto por su cultura y tradiciones perpetúa la exclusión.
4. No se les permite trabajar sus tierras ancestrales. Estas tierras, protegidas por la Constitución, han sido usurpadas, dejando a las comunidades sin medios de subsistencia dignos.
5. El sistema judicial no está a su servicio. No cuentan con representación legal gratuita para defender sus derechos.

Pedimos encarecidamente a las autoridades:

• Proveer acceso inmediato a agua potable, atención sanitaria y educación de calidad en cada una de sus comunidades, creando pozos necesarios para la obtención del agua y no depender de la municipalidad.
• Garantizar la devolución de las tierras ancestrales que les han sido arrebatadas, como lo establece la Constitución y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios de Naciones Unidas.
• Fortalecer el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Argentina, dotándolo de un espacio público y recursos necesarios para que desarrollen sus actividades en plena autonomía.
• Establecer un acceso garantizado a la justicia gratuita, en colaboración con asociaciones de abogados comprometidos con la defensa de los derechos indígenas.

Una llamada a los ciudadanos argentinos:

Los pueblos indígenas preexistentes no solo forman parte de la historia de Argentina; son el presente vivo de una cultura que nos enseña el respeto a la naturaleza y la sabiduría que necesitamos para enfrentar la crisis climática. El abandono y la exclusión de estas comunidades es una herida abierta en el corazón de Argentina.

No se puede permitir que este genocidio silencioso continúe. Los argentinos deben alzar la voz, movilizarse en las calles y exigir justicia para quienes representan el vínculo más antiguo y valioso de su tierra.

Unidos por un futuro más justo

La dignidad de los pueblos indígenas es la dignidad de Argentina. La riqueza cultural que se comparte con ellos es un tesoro invaluable que se debe proteger. La integración, el respeto y la justicia no son concesiones; son obligaciones ineludibles del Estado y del pueblo argentino. La historia no  perdonará la indiferencia.

Dibujo realizado por Pedro Pozas Terrados

Derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

1. Derecho al trabajo digno:
   • Los pueblos indígenas preexistentes tienen el derecho a acceder a empleos en igualdad de condiciones, sin discriminación por su origen étnico o cultural.
   • El Estado debe garantizar políticas activas para la inclusión laboral, asegurando que puedan trabajar y contribuir a la economía nacional con dignidad.
2. Derecho a la educación en todos los niveles:
   • Los niños, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas tienen derecho a recibir una educación de calidad, que respete y valore su cultura y lengua.
   • Deben tener acceso pleno a las universidades y centros de formación técnica, con programas de becas y apoyo para facilitar su integración educativa.
3. Derecho a la igualdad ante la ley:
   • Como ciudadanos argentinos, los pueblos indígenas tienen los mismos derechos legales que cualquier otro ciudadano.
   • Es deber del sistema judicial garantizar que puedan acceder a la justicia de manera gratuita y efectiva para proteger sus derechos.
4. Derecho al reconocimiento de sus tierras ancestrales:
   • La Constitución Nacional protege las tierras ancestrales de las comunidades indígenas. Sin embargo, estas tierras han sido usurpadas y explotadas por intereses económicos.
   • Es imperativo devolver estas tierras y garantizar su gestión sostenible por parte de las comunidades.
5. Derecho a una vida digna:
   • Acceso a agua potable, atención sanitaria adecuada y alimentos saludables es un derecho básico de toda persona.
   • Nadie debería ser obligado a vivir en condiciones de pobreza extrema o insalubridad, mucho menos por su origen étnico.
6. Derecho a la cultura y la identidad:
   • La riqueza cultural de los pueblos indígenas debe ser protegida y promovida. Su lengua, tradiciones y conocimientos ancestrales son patrimonio de toda la humanidad.
   • Las políticas educativas y culturales deben incluir programas que fomenten el respeto y la valoración de estas comunidades.
7. Derecho a la no discriminación:
   • Ningún argentino debería ser llamado «vago» ni marginado por su origen indígena. Este prejuicio es una forma de racismo que perpetúa la exclusión.
   • Es necesario implementar campañas de concienciación pública para combatir la discriminación estructural y promover la igualdad.
8. Derecho a participar en la vida económica, social y política del país:
   • Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar activamente en la construcción de políticas públicas y en el desarrollo económico de la nación.
   • Se deben promover iniciativas que impulsen el emprendimiento y proyectos sostenibles en sus comunidades.
9. Derecho a la autonomía y autogestión:
   • Las comunidades indígenas tienen el derecho a auto gestionar sus territorios y recursos naturales, de acuerdo con su cosmovisión y tradiciones.
   • El Estado debe respetar y garantizar su autonomía, promoviendo su desarrollo sin imposiciones externas.
10. Derecho a ser protegidos contra el racismo y la exclusión:
    • El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas contra cualquier forma de discriminación, violencia o exclusión social.
    • Los ciudadanos deben ser conscientes de la importancia de la inclusión como base para una sociedad más justa y equitativa.

Problemática actual

• Las comunidades indígenas se enfrentan barreras para acceder al empleo formal debido a prejuicios y discriminación.
• En regiones como Formosa, son etiquetados injustamente como «vagos,» cuando en realidad no se les ofrece trabajo ni oportunidades por ser indígenas.
• Muchos jóvenes indígenas que desean continuar sus estudios superiores se ven limitados por la falta de recursos, programas de apoyo y discriminación institucional.

Dibujo realizado por Pedro Pozas Terrados

Llamada a la acción

Es momento de que el pueblo argentino, las autoridades y la sociedad civil trabajen juntos para garantizar que los pueblos indígenas en Argentina puedan vivir con la dignidad y el respeto que merecen. Reconocer su contribución cultural y su sabiduría ancestral, son tesoros invaluables que enriquecen a la nación.

 

Un ejemplo inspirador: Justicia para los seres sintientes no humanos

En Argentina, hemos sido testigos de sentencias históricas que han marcado un antes y un después en la defensa de los derechos de los seres sintientes no humanos. La orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia fueron reconocidas como «personas no humanas,» un hito judicial que llevó a su traslado desde zoológicos a santuarios donde pueden vivir en condiciones más dignas.

Estas decisiones no solo reflejan un avance ético en la forma en que concebimos nuestra relación con los animales, sino que también destacan el compromiso de diversas asociaciones de abogados que, de forma gratuita, defienden los derechos de los seres no humanos. Esta labor desinteresada y valiente demuestra que la justicia puede y debe extenderse a aquellos que han sido históricamente marginados y vulnerados.

El paralelismo necesario: Justicia para los pueblos indígenas.

Así como estas sentencias representan un acto de justicia y dignidad hacia los seres no humanos, es imperativo que los mismos principios sean aplicados a los pueblos indígenas preexistentes de Argentina.

Las comunidades indígenas se enfrentan una vulneración constante de sus derechos fundamentales: desde la falta de acceso a agua potable y educación, hasta la negación de sus tierras ancestrales y la exclusión del sistema judicial. Este abandono sistemático es una mancha en la conciencia de la nación Argentina, y es nuestro deber como sociedad extender hacia ellos la misma sensibilidad y compromiso ético que se ha demostrado hacia los seres sintientes no humanos.

Al igual que existen asociaciones de abogados que trabajan incansablemente para defender a los animales y que de forma gratuita entran en procesos judiciales, es necesario que se movilicen esfuerzos similares para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Son ciudadanos argentinos, portadores de una rica herencia cultural y sabiduría ancestral que constituye un tesoro invaluable.

Si somos capaces de reconocer los derechos de los seres no humanos, los grandes simios,  no podemos dar la espalda a los derechos de los pueblos indígenas. La justicia y la empatía deben ser universales, sin distinciones. Que esta paradoja  inspire a luchar por una Argentina más justa, donde nadie sea marginado ni olvidado.

Pedro Pozas Terrados
Escritor, naturalista, poeta, amante de la vida y defensor de la madre Tierra, investigador, crítico y aventurero Profesionalmente ha trabajado 37 años en la defensa del medio ambiente como funcionario del Ministerio del Interior. De forma altruista es el Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio, una Organización que desde hace más de dos décadas lucha por los derechos básicos de los grandes simios, la conservación de su hábitat y la protección de los pueblos indígenas, verdaderos guardianes de nuestro planeta. Dibujante a lápiz y acuarela, con más de 300 láminas de temas naturalistas y 12 cuadernos de campo. Es autor de 13 libros y coautor de ocho más. Descubridor de varias cuevas, una de ellas catalogada por la Comunidad de Castilla La Mancha de interés histórico y etnográfico con hallazgo en la misma de inscripciones de cronología antigua medieval.