Por: Agencia InnContext

Según un informe de Civic Space Guardian (CSG), una herramienta diseñada por Directorio Legislativo, América Latina muestra un sólido reconocimiento legal del derecho de acceso a la información pública en comparación con otras regiones. Prácticamente todos los países de la región cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información pública. En octubre de 2024, la Asamblea de Costa Rica sancionó una ley marco, mientras que el Congreso de Bolivia hizo avances en el mismo sentido con la media sanción del Senado a un proyecto de ley que luego fue archivado.

Sin embargo, la región también enfrenta retrocesos preocupantes, como la reciente eliminación del Instituto de Acceso a la Información Pública de México. Desde 2020, se han registrado varios movimientos restrictivos. La autonomía de los órganos garantes del acceso a la información pública y datos personales ha sido limitada por medio de su incorporación a ministerios o secretarías del Poder Ejecutivo, la designación de comisionados afines a los gobiernos, fallos judiciales o ataques directos a su independencia. También se han ampliado los regímenes de excepciones o se han aplicado de forma contraria al principio de máxima divulgación. En Colombia, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el incumplimiento del 'test de daños' establecido por el artículo 28 de la ley de acceso a la información pública, que requiere que el sujeto obligado demuestre que la revelación causaría un daño presente y probable. En su lugar, este test se ha interpretado como aplicable solo por un juez.

En varios países, se ha clasificado información de interés público por motivos de seguridad nacional u otras razones. Por ejemplo, en Honduras se clasificó la información vinculada a las negociaciones con la ONU para la instalación de la CICICH. Además, las obligaciones de transparencia de las entidades estatales han sido suspendidas en contextos de emergencia o excepción constitucional, afectando también otros derechos, como la libertad de reunión y asociación. En Argentina, un decreto de 2024 restringió la definición de información pública al excluir datos considerados de 'naturaleza privada' o aquellos sin un 'interés público comprometido', una definición vaga que limita el acceso.

En Ecuador, un Acuerdo Ministerial de mayo de 2024 dispuso que las comunicaciones nacionales e internacionales sobre propuestas y comentarios a proyectos de ley podrían ser consideradas como información reservada. En Colombia, se amplió el derecho al hábeas data a personas jurídicas, lo que ha sido utilizado para denegar el acceso a información pública.

Durante 2024, varios casos destacaron los retrocesos en la región. En México, una reforma constitucional eliminó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI). La tutela del derecho de acceso y la política de transparencia quedaron a cargo de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro. En Argentina, un decreto restringió aún más la ley de acceso a la información pública, excluyendo deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, e introdujo el principio de 'buena fe' del solicitante, lo que puede ser usado para denegar solicitudes recurrentes.

En Costa Rica, la Asamblea sancionó una Ley Marco de Acceso a la Información Pública en octubre de 2024, que entró en vigencia en noviembre. Aunque fue bien recibida, la ley no crea un órgano autónomo para garantizar su aplicación. En Cuba, la Asamblea Nacional aprobó en julio de 2024 una ley de transparencia que, según la sociedad civil, restringe el acceso ciudadano mediante definiciones restrictivas y un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la 'prueba de daños'.

En Bolivia, la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información pública impulsado por la senadora Silvia Salame. El proyecto proponía la publicación periódica de datos clave, plazos para responder solicitudes y la creación de una Comisión de Acceso a la Información. Sin embargo, el proyecto fue archivado en enero de 2025.