Por: Agencia Pressenza,

(Imagen de Revista ProActivo)

A la actualidad no se tiene una valorización económica del daño ambiental, ni cuanto petróleo queda aún en el mar.

Han pasado tres años desde el desastre ambiental ocurrido el 15 de enero de 2022 en el mar de Grau, y aún hay muchas preguntas sin respuesta. Para evaluar los avances y desafíos pendientes en la remediación y reparación de los daños, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Medio Ambiente, Cambio Climático y Pueblos Indígenas, convocó a una reunión multisectorial con diversas entidades del Estado.

A la fecha, el país no cuenta con una valorización económica precisa de los daños causados. No se ha determinado el impacto real en el ecosistema marino, la flora y fauna, ni en la economía de miles de familias afectadas: pescadores, comerciantes, restaurantes, hoteles y otros sectores que vieron interrumpidas sus actividades.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) informó que la empresa contratada para realizar la valoración ambiental no cumplió con los términos establecidos, lo que dejó la tarea suspendida y sin una cifra clara del daño total ni de las responsabilidades financieras para su reparación. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó que muchas de las sanciones impuestas a REPSOL siguen en procesos judiciales, lo que retrasa su aplicación. Aún se desconoce con exactitud cuánto petróleo sigue contaminando el mar peruano.

Solo el 40% fue recuperado

Los informes de la empresa indican que de los 12 000 barriles derramados, solo el 40% ha sido recuperado, lo que significa que más de 7200 barriles continúan afectando nuestro litoral. Para ponerlo en perspectiva, en diciembre de 2024, un derrame de menos de un barril en Talara afectó 10 kilómetros de playa. Si más de 7200 barriles siguen en nuestro mar, ¿Cuál es el verdadero impacto ambiental que enfrentamos?

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que el 72% de los planes de rehabilitación presentados por REPSOL han sido observados por los organismos competentes, lo que evidencia la necesidad de ajustes para garantizar una remediación efectiva. Además, el MINAM alertó sobre la ausencia de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para sedimentos con hidrocarburos, lo que limita el control de la contaminación.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) indicó que REPSOL podría enfrentar el pago de una compensación civil de hasta 1700 millones de soles. Sin embargo, las sanciones penales podrían no superar los tres años de prisión, sin cárcel efectiva. Instituciones como SERFOR y SERNANP advirtieron que la respuesta a la emergencia se vio afectada por limitaciones logísticas y presupuestarias.

SANIPES e IMARPE señalaron que cada monitoreo especializado de la zona contaminada requiere una inversión superior a los 250 000 soles para garantizar un análisis integral de los impactos. Según todas las entidades técnicas, la rehabilitación del ecosistema podría extenderse hasta por 25 años. A pesar de esta proyección, el gobierno central no ha asignado un presupuesto específico para el seguimiento de este proceso.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) informó que se han implementado nuevos sistemas de contingencia para prevenir desastres similares en el futuro. Por su parte, DIGESA y DIRESA Callao continúan con el monitoreo constante de las playas afectadas, determinando cuáles son seguras y cuáles siguen contaminadas.

En la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo participaron también el Ministerio de Defensa (MINDEF), el Gobierno Regional del Callao, la DIRIS Lima Norte, Ministerio de Producción y representantes del Congreso de la República.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo  se comprometió a exigir el cumplimiento de las acciones necesarias para garantizar un ambiente sano y salvaguardar los derechos de la población afectada, además de impulsar medidas coordinadas que permitan avanzar en la recuperación ambiental y la reparación de los daños ocasionados a la población y el ecosistema.