Por: Lautaro Rivara. Fuente: Agencia Pressenza

Presidente Noboa en un acto cívico con Fuerzas Armadas (Imagen de Web Todos los puentes)

Derivas autoritarias

¿En qué momento una democracia condicionada atraviesa el umbral que la convierte lisa y llanamente en otra cosa? ¿Empieza en Ecuador el «momento Bukele»? ¿Qué cabe esperar después de las últimas elecciones? Publicado en Diario Red América Latina el 15 de abril de 2025.

El liberalismo latinoamericano acuñó una expresión que fue utilizada de forma profusa e indiscriminada contra todo tipo de liderazgos y procesos progresistas y de izquierda en la región en lo que va del siglo: la “deriva autoritaria”. Curiosamente se ha hablado poco y nada de las notorias y manifiestas derivas autoritarias de gobiernos conservadores que evolucionaron de manera regresiva desde puntos de partida que ni siquiera podríamos considerar estrictamente democráticos, ni aún tomando la estrecha definición liberal y procedimental del concepto.

En estas “derivas”, suerte de plano inclinado por el que una democracia se desplaza y se convierte lenta y transicionalmente en otro sistema político, el componente autoritario (una autoridad inobjetada y abusiva según las definiciones al uso) se terminaría sobreimponiendo sobre los elementos no autoritarios. ¿No es acaso esta lectura perfectamente compatible con el presente ecuatoriano? ¿Por qué no leemos entonces decenas, sino cientos de titulares, refiriéndose a la “deriva autoritaria” del “régimen” de Daniel Noboa en la gran prensa corporativa internacional?

Desde esta óptica, ¿qué tipo de democracia podemos identificar en un país en donde el principal líder político opositor (Rafael Correa) se encuentra exiliado y proscrito por el delito de “influjo psíquico”, en donde el político que terceaba en todas las encuestas (Jean Topić) resultó inhabilitado el año pasado, en donde se acude a las urnas con siete provincias y la ciudad capital bajo estado de sitio (es decir con la suspensión de las garantías legales y constitucionales de buena parte de los electores), con el territorio nacional militarizado desde hace año y medio, con una autoridad electoral cercada y alambrada por las fuerzas de seguridad, con las fronteras nacionales cerradas, con misiones de observación internacional impedidas de ingresar al país, con la nutrida comunidad migrante en Venezuela excluida del derecho a sufragar, con el cambio a último momento de numerosos recintos electorales, con cadenas nacionales del candidato-presidente que contradicen la veda electoral, con una campaña oficial que cometió diversos mecanismos de fraude digital como la suplantación de identidades, o con la violación flagrante de un Código de la Democracia que exige a un candidato a renunciar a la hora de aspirar a la reelección así como no utilizar recursos públicos para financiar su campaña?

¿Se trata de una democracia condicionada o más bien de una dictadura que mantiene todavía algunos –escasos– pruritos institucionales? Una respuesta plausible la daba en redes Leónidas Iza, presidente de la CONAIE y ex candidato presidencial: “Quieren una democracia a su medida, solo cuando les conviene. No les interesa la voluntad del pueblo, la ley ni la Constitución; solo les importa permanecer en el poder a cualquier costo”.

¿Y qué sucede si en vez de enfocarnos en la crítica liberal de las “derivas autoritarias” nos preguntamos por la calidad republicana del sistema político ecuatoriano? Y no hablemos ya de la teórica división de poderes en un país en donde la fiscal general Diana Salazar funge, más que de contrapeso y veedora del poder ejecutivo, como una suerte de ariete del poder real para estigmatizar, criminalizar, proscribir y exiliar a la oposición política y social.

Sólo así podemos comprender la denuncia de Verónica Sarauz, esposa del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023, quien textualmente declaró que “La Fiscal Diana Salazar montó un falso positivo para usar su venganza personal contra el correísmo a través del crimen de Fernando”. Pero pensemos más bien en la total ausencia de separación entre el poder político y el poder económico, entre los poderes electivos y no electivos, entre el rotativo establishment político y la permanencia de los intereses económicos más concentrados; fenómeno por demás visible en un país “atendido por sus propios dueños”, desde la llegada a Carondelet del banquero Guillermo Lasso hasta su reemplazo por el empresario bananero Daniel Noboa, cuya familia goza de un patrimonio estimado de al menos 980 millones de dólares.

Pensemos también en la teórica separación entre el poder civil y un poder militar cada vez más deliberante y empoderado, bajo un gobierno que no sólo propende a la militarización permanente del territorio en su “conflicto interno armado”, sino también al control extra-nacional de la seguridad, desde el reciente protagonismo adquirido en campaña por Erik Prince, fundador de la compañía mercenaria norteamericana BlackWater, hasta los acuerdos de “cooperación” con el Comando Sur y el deseo manifiesto de Noboa de modificar la Constitución para reinstalar la base militar de Manta.

Este domingo, por ejemplo, cuando ya se multiplicaban las denuncias de irregularidades, la respuesta, en vez de provenir del Consejo Nacional Electoral, estuvo a cargo de un video en donde el Ministro del Interior John Reimberg, flanqueado de uniformados, declaró que “Tenemos las alertas de que luego de terminado el proceso electoral […] hay ciertos grupos que están llamando a salir a las calles a realizar protestas” y añadió que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas “están preparadas para hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano”. Estas declaraciones, sobre todo bajo estado de excepción, fueron leídas como un mensaje coercitivo frente a una oposición que manifestó su desacuerdo sobre la transparencia de los resultados oficiales y a la que le asiste el derecho constitucional de protestar y movilizarse.

Números y suspicacias

La encuestología no es una ciencia exacta, y ni siquiera estrictamente una ciencia a secas. Y sin embargo, no hay que creer en la “psicohistoria” de Hari Seldon, el personaje de la Saga de la Fundación de Isaac Asimov, para comprender que los comportamientos de los grandes conglomerados humanos (por ejemplo los electores de todo un país) siguen patrones y tendencias que, aunque difíciles o imposibles de predecir, son explicables lógica, política e históricamente. Es decir que las preferencias electorales no son fácilmente anticipables (el fracaso reiterado de las encuestas y sondeos de opinión ante diversas citas electorales nos lo recuerda permanentemente), pero tampoco son fruto del más puro azar.

Esto a cuenta del que sin dudas fue el gran dato de la jornada de ayer en Ecuador: la denuncia de fraude. De momento y hasta que se produzca un descargo sistemático y se presenten las pruebas correspondientes, los motivos esgrimidos por la propia González y por otros líderes de la RC fueron: primero, la identificación de actas sin firmas (que el propio Arauz difundió antes del cierre de las urnas) en un número indeterminado. Segundo, la inconsistencia notable entre los resultados y todas las encuestas disponibles (incluidas las oficialistas). Y tercero, una tendencia estadística anómala por la que González habría visto totalmente estancado su caudal electoral entre la primera y la segunda vuelta, e incluso decrecido de manera significativa en varios distritos.

Así, de febrero a abril, lo que en principio estaba en juego eran los 1.212.723 votos obtenidos por las otras candidaturas que no eran las de ADN y la RC, a lo que como era de esperar se sumaron nuevos votos válidos, tanto por la leve reducción de los votos blancos y nulos (de poco más de un millón a 834 mil) y por el aumento de la participación electoral (del 82.03 al 87.76 por ciento). De este caudal en disponibilidad, con el corte actual del CNE, González habría captado apenas 150 mil votos, mientras Noboa habría cosechado la impresionante cifra de 1 millón 312 mil.

¿Resulta esto matemáticamente imposible? No. ¿Es políticamente anómalo y altamente improbable en términos estadísticos? Sí. Incluso si prestamos atención a algunos distritos en particular, González perdió votos netos, como habría sucedido en Pichincha, Guayas, El Oro o Azuay. ¿Por qué en una elección que ya estaba ultra polarizada en febrero entre dos modelos sociales y económicos antagónicos habría de producirse una fuga de votos propios hacia un enconado adversario? Otro dato llamativo se desprende del hecho de que mientras que en 2021 y 2023 el sufragio en blanco se redujo apenas entre un 7 y un 12 por ciento de la primera vuelta al balotaje, en esta ocasión se desplomó casi un 70 por ciento. Pero la extrañeza no surge sólo del análisis cuantitativo, sino de un elemental análisis cualitativo del contexto político, sobre todo de cómo se desplazaron los apoyos en estos últimos dos meses de campaña.

Si partimos de suponer que por cada voto nuevo que obtuvo González, Noboa se llevó casi 9, forzoso es decir que el caudal más importante de este conglomerado eran los 5.25 puntos que obtuvo en febrero Leónidas Iza, dirigente indígena de izquierda y presidente de la CONAIE; poderosa confederación que aún con resistencias internas llegó a un acuerdo político y programático con el correísmo y llamó a votar activamente por Luisa González. Tampoco podemos desmerecer otros apoyos políticos significativos obtenidos por la RC, tanto por izquierda como por derecha, como los del Partido Socialista Ecuatoriano, el Movimiento Centro Democrático y el partido de Jean Topić (con un gran ascendiente en la juventud), así como figuras importantes de la cultura y el arte. A diferencia de las elecciones de 2023, en donde el cimbronazo generado por el asesinato de Villavicencio removió todo el avispero electoral, en esta breve campaña no hubo acontecimientos análogos: de hecho los ejes de campaña y las acusaciones cruzadas discurrieron por los temas y canales esperables.

Momento Bukele

En tiempos del Plan Cóndor en Sudamérica y de la Guerra Sucia en Centroamérica, la clausura democrática era un hecho súbito, que comenzaba, de manera invariable, con un motín cuartelario, una intervención extranjera o con los conocidos bandos de las juntas militares. Hoy su agonía es lenta y su clausura mucho más gradual; antes de morir de manera definitiva, la democracia será por un buen tiempo un remedo de democracia, o acaso una dictadura que celebra ritualmente farsas electorales.

El mundo gira invariablemente hacia esa dirección por motivos que es imposible analizar aquí, mientras el “modelo Bukele” se convierte en un producto de exportación cada vez más común y redituable. Aún es temprano para saber si se consumó en Ecuador un “fraude grotesco” y una fractura institucional en toda la regla, y la responsabilidad cae ahora casi exclusivamente sobre una autoridad electoral cuestionada que debe dar pruebas fehacientes de los resultados anunciados. No hay motivo aparente para impedir el recuento de votos y dar así mayores seguridades a propios y extraños.

Independientemente de que la reelección se Noboa hasta el año 2029 se imponga de forma legítima o ilegítima (cosa que sucederá de no mediar un importante proceso de movilización social como los que han sido frecuentes en la historia contemporánea del Ecuador), parece claro que estas elecciones marcarán el comienzo de una nueva etapa caracterizada, probablemente, por un mayor autoritarismo oficial, una patrimonialización creciente del Estado, por una nueva ronda de persecución, encarcelamiento y exilio contra la oposición política y social, por un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos de Donald Trump y también por el intento definitivo de acabar con la inusualmente progresista Constitución de Montecristi, principal límite jurídico a algunas de las iniciativas de explotación y desposesión todavía pendientes para las clases dominantes.

Más que una segunda ola progresista, América Latina y el Caribe parece vivir tiempos de creciente estabilización conservadora; una estabilización segura y que se ha vuelto un modelo for export en El Salvador, pero que también aparece bastante consolidada en Paraguay y República Dominicana, no es descartable de momento en Argentina, y se revela mucho más precaria en países como Panamá o Perú. ¿Seguirá ahora Ecuador el camino salvadoreño? Para eso Noboa deberá resolver al menos uno de los dos grandes nudos gordianos que deja su primera y breve gestión: o los degradados índices de seguridad y violencia, impermeables a su fallida y costosa estrategia de militarización, o la acuciante crisis económica, algo que parece aún más improbable y lejano.

Como sea, más allá de la obvia seducción que ejerce el modelo salvadoreño en las derechas y las extremas derechas vernáculas, a diferencia de lo que pasa en la pequeña república centroamericana, el Ecuador posee aún dos grandes activos; el correísmo, una importante fuerza política y electoral opositora (primera minoría con 67 escaños en la Asamblea Nacional), y una oposición social nacionalmente organizada y potencialmente radical, sobre todo a la cabeza del poderosísimo movimiento indígena y su principal instrumento: la CONAIE.

Después de dos décadas de amargos desencuentros, la alianza de abril entre correísmo y movimiento indígena se demostró de momento electoralmente insuficiente, pero eso no significa que sea prescindible en términos políticos, ni mucho menos como forma de resistencia a la expansión de los principales flagelos del país: la extensión del narcotráfico, la militarización y la violencia (políticamente) organizada. Este acercamiento incipiente puede resultar decisivo si logra sostenerse y profundizarse. Si esto sucediese, Noboa tendría muchas más dificultades para construir una ultra-hegemonía a lo Bukele; hegemonía que requiere como condición sine qua non el arrasamiento de todo tipo de oposición, matiz o disidencia organizada