Por: Agencia InnContext

La Hoja de Ruta para el Cierre Progresivo de los Basurales en América Latina y el Caribe, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) genera un reto para los recicladores de la región porque establece cómo eliminar los basurales a cielo abierto para 2030.

En este contexto, en paralelo, Guatemala atraviesa un momento de transformación en su sistema de gestión de residuos. El Acuerdo Gubernativo 164-2021 obliga a los municipios a cerrar progresivamente los basurales al cielo abierto ya implementar sistemas de disposición más seguros y técnicamente controlados.

Aunque algunos sitios, como el vertedero AMSA en el Km 22 de la ruta al Pacífico, ya operan bajo condiciones más reguladas, millas de recicladores aún trabajan en condiciones precarias. Este plan busca subsanar los impactos negativos que la disposición inadecuada de residuos genera en la salud humana y el medio ambiente. En este contexto, el reciclaje inclusivo ofrece una perspectiva necesaria: reconoce y fortalece el papel de los recicladores de base como actores clave en una transición justa hacia sistemas más sostenibles.

En el vertedero de AMSA, uno de los más grandes del país y con una gestión más cercana a los estándares de un relleno sanitario, opera la asociación de recicladores OCEANO. Más de 150 recicladores de base, que por años han vivido del aprovechamiento de materiales reciclables, forman parte de esta organización que busca avanzar hacia mejores condiciones laborales y reconocimiento formal. En un taller realizado recientemente en la ciudad de Antigua Guatemala, sus integrantes compartieron preocupaciones, propuestas y visiones de futuro.

Entre sus principales demandas se encuentran el acceso seguro y justo a los materiales reciclables, la mejora de las condiciones dentro del sitio de trabajo (infraestructura, higiene, protección) y la necesidad de ser parte de los espacios de toma de decisiones que definen el presente y futuro de su trabajo. El avance de normativas que promueven la separación en la fuente y la recolección diferenciada puede representar una barrera de exclusión si no se implementa con mecanismos que garanticen la participación activa de los recicladores organizados, ya hay un primer paso desde el gobierno nacional generando mesas de conversación y acciones para una transición justa.