Por: Agencia InnContext

Los flujos migratorios internacionales regulares e irregulares en las Américas se caracterizan por una gran diversidad y complejidad. Según los datos de la OIM , la migración en América Latina y el Caribe se ha duplicado en los últimos 5 años, con una migración venezolana que en 2024 alcanzó los 6,8 millones de personas, de un total de 14 millones de personas migrantes intrarregionales.

Si bien hay múltiples esfuerzos nacionales y regionales para garantizar la protección y seguridad de las personas migrantes, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (A/RES/73/195) es el primer acuerdo intergubernamental, que sirve como un instrumento de cooperación entre países, y que integra un enfoque multidimensional de la migración internacional. Adoptado en 2018 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, el Pacto enumera 23 objetivos para la acción de los Estados, reforzados por compromisos específicos.

El pasado mes de marzo, se llevó a cabo en Santiago, Chile la Segunda Reunión de Revisión Regional de Implementación del Pacto Mundial para la Migración en América Latina y el Caribe. En un contexto adverso para la agenda migratoria ante el congelamiento de fondos de la cooperación estadounidense y políticas impulsadas por varios países que criminalizan la migración ya las personas, la Reunión tuvo como propósito proporcionar una plataforma común en que los Estados Miembros y todos los demás interesados para evaluar los avances, los retos y las oportunidades en la implementación del Pacto, y Reunión a los Estados Miembros de la CEPAL, organismos del sistema de Naciones Unidas, así como a representantes de la sociedad civil, incluidas organizaciones de apoyo a personas migrantes, organizaciones de base migrantes y personas migrantes. ya sus familiares.

"El Pacto nos da una guía basada en derechos para desarrollar acciones innovadoras y sostenibles en favor de las personas migrantes. Lo clave y fundamental para su cumplimiento es la voluntad política de los Estados", Vinicio Sandoval, director de GMIES, y punto focal para Centroamérica y México de la sociedad civil para el Pacto”.

La agenda de la revisión incluyó temas vinculados a los factores que impulsan la migración en la región, un análisis de tendencias de las rutas regulares, la gobernanza migratoria, así como la migración de retorno, la niñez migrante, la perspectiva de género en la migración, y las políticas públicas y la cooperación internacional.

“Queremos que este momento difícil se convierta en un impulso, en mayor trabajo en conjunto y que ese trabajo debe ser multisectorial”, mencionó Gloria Araceli Gómez de COFAMIDE de El Salvador, durante su participación en la Reunión.

Por último, el informe de partes interesadas destacó diversas conclusiones y recomendaciones. Una de ellas es la necesidad de reconocer el impacto del cambio climático, las crisis económicas y la violencia como factores que impulsan la migración, lo cual exige respuestas que promuevan vías seguras, regulares y accesibles para todas las personas.

Asimismo, se subraya la importancia de garantizar vías accesibles de regularización migratoria que eliminen barreras burocráticas y armonicen las normativas desde un enfoque de derechos humanos. Esto implica asegurar el principio de no discriminación y el acceso igualitario a servicios básicos, ya que la falta de documentación legal y el acceso limitado a derechos fundamentales perpetúan la exclusión y vulnerabilidad de las personas migrantes.

Se plantea que salvar vidas en las rutas migratorias debe convertirse en una prioridad regional. La ausencia de protocolos efectivos para la búsqueda y rescate, junto con la persistencia de la detención migratoria, la militarización de las fronteras y las políticas restrictivas, no solo agrava el sufrimiento humano, sino que también facilitan el accionar de redes criminales dedicadas al tráfico y la trata de personas. Ante esta situación, es urgente establecer mecanismos de coordinación operativa y fortalecer la cooperación transfronteriza.

También se propone adoptar políticas públicas sostenibles para la reintegración de personas retornadas y deportadas, que incluyan acceso a vivienda, salud, empleo, educación y apoyo psicosocial. Esto requiere un enfoque integral, multisectorial y con participación activa de las personas migrantes, las comunidades locales y múltiples partes interesadas.

Otra recomendación apunta a adecuar o crear normativas y políticas públicas que respalden la garantía de derechos humanos de las decenas de millas de personas trabajadoras temporales.
Además, se considera clave asignar presupuestos adecuados, fortalecer las capacidades institucionales y explorar alternativas de financiación para hacer sostenibles estas políticas.

Finalmente, se resalta la necesidad de avanzar hacia una gobernanza migratoria centrada en la protección de derechos, la seguridad humana y el desarrollo compartido. Para ello, es fundamental contar con sistemas sólidos de recopilación de datos y evaluación de políticas públicas que garanticen transparencia, protección y resultados medibles.