Por: Beatriz de Oliveira. Fuente: Mujeres de la Periferia.

(Imagen de Paulo Pinto/Agência Brasil)

Un estudio muestra que el aumento está relacionado con los cambios en los protocolos de uso de las cámaras corporales en el estado.

Entre los años 2022 y 2024, el estado de São Paulo registró un aumento del 120% en el número de muertes de niños y adolescentes como consecuencia de intervenciones policiales. El aumento se produjo paralelamente a los cambios en los protocolos de uso de las cámaras corporales. Los datos proceden del estudio «Cámaras corporales en la Policía Militar del Estado de São Paulo (2ª edición): cambios en la política e impacto en las muertes de adolescentes», realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Foro Brasilero de Seguridad Pública (FBSP).

El uso de cámaras corporales en policías del estado de São Paulo se implementó en 2020, como parte del Programa Olho Vivo, sufriendo —al cambiar el gobierno estatal— cambios significativos como la eliminación de la grabación ininterrumpida.

Según Paula Marques, responsable de evaluación y monitoreo de Unicef, el estudio trae dos alertas importantes. «La primera es sobre el aumento muy preocupante del número de asesinatos policiales en el estado, de más del 150% entre los años 2022 y 2024. Y la segunda es que los niños y adolescentes se ven desproporcionadamente afectados por el fenómeno; el 34% de las muertes violentas de niños y adolescentes en el estado de São Paulo son cometidas por agentes de policía, mientras que entre los adultos este porcentaje es del 18%», señala.

En números absolutos, 77 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años murieron en intervenciones policiales en 2024, más del doble que en 2022. El escenario es el opuesto al observado en la primera edición de la encuesta, que analizaba la aplicación del Programa Olho Vivo. En aquel momento, se registró una caída del 66,3% en las muertes de niños y adolescentes entre 2019 y 2022. El empeoramiento de la situación tiene un impacto directo en las familias de estos niños, especialmente en sus madres, que en muchos casos viven en la periferia y son madres solas.

«El informe refuerza que las cámaras corporales por sí solas no funcionan. Incluso con el programa Olho Vivo activo en el estado, otras políticas asociadas a este programa también sufrieron cambios, repercutiendo en el aumento de muertes de niños y adolescentes», afirma Paula.

Las organizaciones que llevaron a cabo la investigación insisten en que las grabaciones —que actualmente necesitan ser activadas por terceros— sean ininterrumpidas, como lo fueron al inicio del programa. Paula señala que está demostrado que si la cámara corporal solo empieza a grabar por acción del policía o de un equipo remoto, tiende a utilizarse menos.

«Si tenemos tanto cámaras corporales como políticas de uso correctivo de la fuerza que funcionen y sean fomentadas por los poderes públicos, podremos reducir las muertes causadas por la policía, tanto entre adultos como entre niños y entre los propios efectivos», afirma.

Otra cuestión que plantea la investigación es la relativa al perfil racial de las víctimas de letalidad policial. Mientras la tasa de mortalidad entre niños y adolescentes blancos fue de 0,33 por 100.000, entre los negros la tasa alcanzó el 1,22. Como resultado de eso, los niños y adolescentes negros tienen 3,7 veces más probabilidades de ser víctimas de intervenciones letales de la Policía Militar del Estado.

«Esto es un reflejo no sólo de estos cambios políticos, sino de un racismo que impregna toda la sociedad y afecta a los niños desde la primera infancia. Necesitamos, por tanto, un esfuerzo de toda la sociedad para implantar políticas y prácticas antirracistas en todos los servicios. En la policía, concretamente, es importante que esta cuestión se aborde abiertamente en los programas de formación y control policial», afirma la investigadora.