Una nefasta relación entre el Congreso de la República y el ejecutivo en el Perú deteriora seriamente el sistema de derechos humanos.

Una relación de derechos humanos conculcados por el binomio Congreso y Ejecutivo en el Perú dio a conocer la periodista Rosa María Palacios que nos recuerda los días de la dictadura fujimorista -esta vez entronada en el Congreso con la anuencia y acción en consonancia con el genuflexo Ejecutivo- y que la Fiscalía de la Nación y organizaciones de derechos humanos vienen intentando defenderlos.

La periodista puso de relieve los casos de la incitación a la discriminación cultural contra las niñas del pueblo indígena Awajún por parte del ministro de Educación -que llamó ante el país entero práctica cultural que había que respetar, a las violaciones que docentes perpetraran contra escolares en la provincia de Condorcanqui. Ante este hecho la Fiscal de la Nación ha entablado una denuncia constitucional ante el Congreso contra la exministra de la mujer Angela Hernández y el actual ministro de Educación, Morgan Quero. Más de 500 docentes abusaron de niñas Awajún en un espacio que debería encargarse de protegerlas y cuidarlas.

La Ley que viola la Convención interamericana de derechos humanos aprobada por el Congreso de la República, avalada por el ejecutivo, que quita el derecho a litigiar contra el Estado Peruano a las ONGs que reciben fondos de Cooperación Internacional, viene siendo discutida en la Corte Interamericana en tanto vulnera el derecho a la defensa. Frente a esta ley, las hijas de una víctima de las esterilizaciones forzadas vienen ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda por el impedimento de acceso a la defensa en tanto llegaron a presentar su caso ante la Corte gracias a la asesoría de una ONG de derechos humanos y el gobierno peruano con esta Ley vulnera su derecho a la defensa.

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobó una directiva que establece plazos en la búsqueda de personas desaparecidas del periodo de violencia 1980-2000. Como si se tratara de un procedimiento administrativo, se definió como plazo cinco años para que el Estado peruano busque a los desaparecidos, víctimas de la guerra interna. Se calcula que aún unas 19,000 personas víctimas de la guerra interna en los 90 continúan desaparecidas. Tales familias no tendrán si siquiera el derecho a enterrar a sus muertos.

El Congreso de la República mediante Ley 32331 prohíbe el ingreso y el uso de los servicios sanitarios de uso público a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio. Léase personas trans a los baños públicos de mujeres y viceversa. Esta norma claramente discriminatoria de las minorías trans ha sido aprobada por el Congreso. Nos preguntamos ¿Qué servicios higiénicos tendrán que usar a partir de la fecha las personas trans?

Finalmente, como nos lo recuerda la periodista Palacios un policía investigado por muertes en las protestas contra Dina Boluarte fue designado seguridad presidencial en setiembre del 2024. Esto último evidenciaría que para el régimen los muertos de las protestas de diciembre – enero del 2022 y de la guerra interna no tienen valor alguno.

En el país una campaña permanente en redes sociales orientada a degradar los derechos fundamentales pareciera estar normalizando el autoritarismo, con la intención de acallar voces disidentes o a quienes tienen información privilegiada. La situación de derechos humanos en el Perú no es ajena a la que ocurre en el resto del mundo donde vemos regímenes xenófobos, nacionalistas que rechazan a los migrantes, a pesar de que los necesitan, y otros que perpetran crímenes de lesa humanidad, como es el caso Gaza, donde frente al mundo entero los grandes medios de comunicación justifican el genocidio que viene ocurriendo.

Queda claro que la defensa de los derechos humanos fundamentales es hoy mas necesaria que nunca. Recordemos, como decía Silo, en Cartas a mis amigos, que la historia nos enseña que los pueblos avanzaron reclamando sus derechos frente a los poderes establecidos, no a la espera que aquellos los faciliten y en ese sentido, en definitiva, luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos.