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Desalojo en Jasy Kañy y San Miguel. Maracaná, Departamento de Canindeyú.

La criminalización y los desalojos continúan siendo la respuesta del Estado hacia las comunidades rurales que resisten al avance del modelo de agronegocios. Las comunidades de 15 de Agosto, en Jasy Kañy, y San Miguel, de Maracaná, ambas del Departamento de Canindeyú, se encuentran actualmente bajo asedio.

En la mañana de este martes el Asentamiento San Miguel, ubicado en Maracaná, Departamento de Canindeyú, sufrió un nuevo desalojo, calificado de ilegal por los pobladores y por el propio intendente del Distrito. Un enorme contingente policial destruyó viviendas y cultivos de las más de 230 familias que ocupan hace 9 años las 2.300 hectáreas de tierra.

Las tierras son reclamadas por terratenientes cercanos a líderes políticos de la zona de Canindeyú, lo que explicaría el afán de la fiscalía de realizar el procedimiento de desalojo, a pesar de existir un proceso de expropiación sobre las tierras con dictamen favorable en el Congreso Nacional. Ante la violencia desatada contra los pobladores, campesinos de otros Asentamientos se la zona se movilizaron en solidaridad y aseguraron que la lucha por la tierra continuará.

Por otra parte, en los últimos días recrudeció la persecución y criminalización hacia los pobladores del asentamiento 15 de agosto, de Jasy Kañy, Canindeyú, dónde los pobladores reclaman excedentes fiscales que fueron propiedad de la Industrial Paraguaya, y que actualmente es ocupada irregularmente por sojeros de origen brasileño. La policía acusó a pobladores del asentamiento de un supuesto intento de asesinato contra los supuestos propietarios de la estancia, tras esta situación la Policía realizó un allanamiento y detuvo a una de las referentes de la comunidad.

Los campesinos rechazaron estas acusaciones y denuncian que existe una persecusión en su contra a fin de evitar que continúen con el reclamo territorial. Insistieron en qué fiscales, policías e incluso miembros de la prensa forman parte de un plan de criminalización.