Por: Fuente: https://elauditor.info/actualidad

La ONG Derechos Digitales lanzó una campaña que busca visibilizar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales. Bajo el nombre “Con los derechos no se juega”, la iniciativa alerta sobre la falta de transparencia en los mecanismos de gestión algorítmica y reclama la formulación de políticas públicas que garanticen un empleo decente y respeten los derechos fundamentales.

Presentada en el marco de la 113ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la campaña denuncia la precariedad laboral que enfrentan millones de trabajadores de plataformas en América Latina. Entre las principales problemáticas relevadas por la organización se encuentran la imposibilidad de acceder a los datos personales que las plataformas recopilan, la falta de explicaciones frente a sanciones o bloqueos y la ausencia de instancias de apelación o reclamo.

“Uno de los principales elementos que caracterizan el trabajo en plataformas digitales en América Latina es la opacidad en los mecanismos de gestión algorítmica”, afirma Pía Garavaglia, coordinadora de investigación de Derechos Digitales. Esta falta de transparencia impide a los trabajadores conocer los criterios bajo los cuales se toman decisiones que afectan directamente sus ingresos y estabilidad laboral.

Legislación y control público: avances parciales y zonas grises

Aunque algunos países de la región ya avanzaron con marcos regulatorios específicos, el panorama aún está lejos de ser uniforme o efectivo. Garavaglia destaca que Chile, México y Uruguay cuentan con leyes vigentes que contemplan ciertos derechos para trabajadores de plataformas, como seguros de salud o protección contra accidentes. Sin embargo, estas normativas presentan límites claros en su implementación.

En Uruguay, por ejemplo, la auditoría de los algoritmos quedó a cargo de las propias plataformas, sin participación de autoridades externas ni garantías reales para que los trabajadores puedan impugnar decisiones automatizadas. Esta falta de control público genera un terreno propicio para la discrecionalidad empresarial y la indefensión.

En el resto de América Latina, iniciativas legislativas como las de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador todavía no lograron prosperar en los respectivos parlamentos. No obstante, Garavaglia advierte que esto no significa que exista un vacío legal: “Hay marcos normativos, como las leyes de protección de datos o las regulaciones de transporte, que pueden ser aplicados al trabajo en plataformas. El problema radica, muchas veces, en la falta de voluntad o de capacidad estatal para hacerlos cumplir”,

El derecho a saber: datos personales y algoritmos que deciden en silencio

Uno de los puntos más críticos señalados por Derechos Digitales en el 20º aniversario de su fundación es la opacidad en el manejo de datos personales por parte de las plataformas. 

“El acceso a los datos personales que las plataformas recopilan es extremadamente limitado”, advierte Garavaglia. Los trabajadores no pueden acceder fácilmente a su historial de tareas, a su puntaje, ni mucho menos a los algoritmos que determinan cómo se calculan sus ingresos o se asignan los pedidos. Esta falta de acceso vulnera el principio de transparencia y control sobre los propios datos, y coloca a los trabajadores en una situación de desventaja estructural.

Las consecuencias de esta opacidad no son solo técnicas: “La falta de información impide la planificación de jornadas de trabajo equilibradas. La gente termina aceptando trabajos indiscriminadamente, incluso en condiciones poco favorables, por miedo a perder ingresos o reputación”, explica Garavaglia. Así, se expone a los trabajadores a decisiones automatizadas sin derecho a réplica ni conocimiento de causa.

Un documento elaborado por Derechos Digitales sobre marcos de derechos destaca la necesidad de una gestión algorítmica transparente, justa y no discriminatoria, con mecanismos auditables y comprensibles para las personas afectadas. Además, se propone un eje específico sobre protección de datos personales, en el que se reclama que los datos generados por la actividad laboral permanezcan bajo el control del trabajador y no exclusivamente de la empresa.

¿Qué puede hacer la ciudadanía digital?

La participación ciudadana aparece como un elemento fundamental para revertir la desprotección. Desde Derechos Digitales advierten que los trabajadores enfrentan enormes barreras para organizarse, no solo por las condiciones materiales, sino también por la falta de canales institucionales y legales que reconozcan su actividad como una forma de trabajo con derechos.

“La organización colectiva sigue siendo clave para la defensa de derechos, especialmente en un entorno laboral que se beneficia del aislamiento y la disparidad de información”, sostiene Garavaglia. En ese sentido, destaca el caso de UNIDAPP, una organización de repartidores en Colombia que llegó a términos de negociación con Rappi.

La campaña “Con los derechos no se juega” también establece una agenda propositiva: impulsar alianzas entre organizaciones de derechos digitales, sindicatos y grupos de trabajadores para exigir modelos más justos de gestión algorítmica y de organización del trabajo. En el plano internacional, resulta clave el hecho de que la OIT incluyó el trabajo en plataformas como tema de debate para sus conferencias de 2025 y 2026, lo que podría derivar en la construcción de una normativa vinculante a nivel global.

“Mientras avanzan discusiones sobre reformas en leyes de protección de datos y de inteligencia artificial en América Latina, hay buenas oportunidades de intervención conjunta para requerir más transparencia por parte de las empresas”, señala Garavaglia. Y subraya un principio central: la defensa de los derechos en entornos digitales no es solo una cuestión técnica, sino política, ciudadana y democrática.