Por: Aram Aharonian

(Imagen de Picoletto, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó a México de adversario extranjero, durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026.

“No nos dejaremos intimidar y mantendremos a EEUU seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas”, afirmó, sin siquiera sonrojarse.

Más de 100 mil estadounidenses mueren al año por consumo y abuso de drogas y ahora el gobierno de Donald Trump insiste en echarle la culpa a México, quizá en su permanente preparación de la excusa para una eventual intervención armada. La fiscal acusó al cártel de Sinaloa de haber causado estragos en su país, frente a lo cual el senador republicano  Lindsey Graham reaccionó: ¡Suficiente de esa mierda! El fentanilo continúa entrando, añadió Bondi.

El legislador demócrata Jack Reed intervino y planteó otro asunto clave: “¿qué estamos haciendo para evitar que armas estadounidenses lleguen a México para suministrar a los cárteles?” Eso es un tema que necesita apoyo de ambas partes: México y Estados Unidos, fue la respuesta de la fiscal, pero Reed insistió. ¿Qué está haciendo Estados Unidos, de su lado, para enfrentar el problema?

Bondi afirmó que están arrestando a personas que tienen armas ilegalmente. “No las enviamos a México de regreso con armas. Los mandamos a prisión”, dijo. Reed interpeló nuevamente a la fiscal: “no, ustedes están permitiendo que las armas sean compradas en Estados Unidos y llevadas al otro lado de la frontera; la mayoría de estos grupos criminales se convirtió en organizaciones militares porque están usando arsenal y tecnología estadounidenses”.

En la eterna competencia entre la DEA y el FBI vale todo: acciones ilegales, tráfico de armas, invasión de drogas en determinadas ciudades y criminalización de inocentes para engordar sus listas de detenciones y garantizar la continuidad de su presupuesto. En los últimos años, algunos países latinoamericanos comenzaron a rebelarse a los mandatos de EEUU, con nuevas alternativas no exentas de polémica, como la despenalización en la producción, venta y consumo de marihuana y la descriminalizaciòn de consumidores.

Mientras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitió acciones contra CIBanco, Intercam (bancos comerciales) y Vector (casa de bolsa), instituciones financieras mexicanas clasificadas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación a cárteles con sede en México.

Según el titular de ese organismo, Scott Bessent, se trata de facilitadores que favorecen el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas claves en la cadena de suministro de fentanilo.

La mexicana Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue informada de las acusaciones por su análoga estadounidense, pero no recibió ninguna prueba que le permita actuar contra las empresas acusadas. Además de la ausencia de pruebas, en la “denuncia” Tesoro resaltan los irrisorios montos de las operaciones denunciadas.

El Tesoro estima que 300 mil millones de dólares son lavados cada año en su país, Estados Unidos. Los 17 millones de dólares ilícitos detectados en las instituciones financieras mexicanas representan 0.0056 de dicha cifra.

A CIBanco lo acusa de procesar 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que enviaron precursores químicos a México entre 2021 y 2024, así como de blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo; a Intercam de transferir (también entre 2021 y 2024) 1.5 millones de dólares a una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, además de reuniones directas entre sus ejecutivos y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero.

A Vector le achaca el blanqueo de 2 millones de dólares del cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021 y el pago de más de un millón de dólares entre 2018 y 2023 a empresas con sede en China conocidas por haber enviado precursores químicos con fines ilícitos.

Más que los números, señala la prensa mexicana, aturde la impunidad absoluta con que se limpia el dinero sucio en EEUU: en 2010, Wells Fargo llegó a un acuerdo con fiscales federales tras admitir que, antes de haberla adquirido, su filial Wachovia procesó casi 380 mil millones de dólares sin vigilar el origen de los recursos como lo obliga la ley. Sus directivos reconocieron que conocían el riesgo de servir como intermediario de los cárteles mexicanos, pero decidieron permanecer en el negocio.

Como se recordará nadie fue procesado y el banco sólo tuvo que pagar una multa de 160 millones de dólares, 0.042 del dinero potencialmente ilícito que ayudó a mover.

Más allá de si las instituciones financieras mexicanas denunciadas son culpables o no, es evidente que las acciones contra ellas tienen poco o nada que ver con el combate al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero, sino que son parte del golpeteo político que los gobernantes y los medios estadounidenses mantienen contra México, desviando la atención de los problemas reales de la sociedad estadounidense,  así como en la retórica que busca trasladar a otros países la culpa de todos los problemas del capitalismo estadounidense.

Para La Jornada de México, se presenta, además, la creación de una cortina de humo para encubrir la complicidad del gobierno estadounidense con las grandes corporaciones y los dueños de grandes capitales que se benefician con el dinero del crimen organizado, conducta facilitada por Bessent y su jefe, el presidente Donald Trump, mediante el desmantelamiento sistemático de las regulaciones que podrían prevenir el lavado.

Si la Casa Blanca realmente desea un vínculo basado en la cooperación en el combate al tráfico de estupefacientes, debe hacer su parte en detener el masivo blanqueo de capitales que tiene lugar dentro de sus fronteras, tomarse en serio el papel de sus empresas de armamento como auténticas facilitadoras de la actividad delictiva.

Y, ante todo, cesar la campaña de difamación y golpeteo político contra México que sus funcionarios replican, ya sea de manera coordinada o como producto no planeado de una xenofobia compartida.