Por: Agencia Pressenza

Un informe de la organización apartidaria Directorio Legislativo expone las profundas diferencias en las remuneraciones que reciben los legisladores de América Latina. El estudio, que recopila datos oficiales y fuentes públicas de 16 países, muestra que mientras en Colombia un parlamentario puede ganar cerca de 11.884 dólares al mes, en Bolivia la cifra baja a 3.379 dólares.

A nivel regional, los congresistas colombianos encabezan el ranking, seguidos por sus pares de México (hasta 9.666 dólares) y Uruguay (9.489 dólares). En Brasil y Perú, los ingresos legislativos también superan los 8.000 dólares, mientras que en Guatemala, Chile y Costa Rica oscilan entre los 7.700 y 8.000.

En contraste, otros países presentan ingresos significativamente menores. En República Dominicana, Panamá, Ecuador y Paraguay, los sueldos rondan los 4.700 a 5.300 dólares, mientras que Honduras y Bolivia cierran el ranking con las remuneraciones más bajas.

Más allá de las comparaciones entre países, el informe también alerta sobre desigualdades internas. En Argentina, por ejemplo, los senadores que aceptaron el último aumento salarial percibieron hasta 8.105 dólares mensuales, mientras que aquellos que lo rechazaron recibieron 6.709 dólares. Esta dualidad dentro de la misma cámara convierte al país en un caso atípico en la región. Además, hay una brecha significativa entre las dos cámaras del Congreso argentino: los diputados cobran 4.852 dólares, más de 3.200 dólares menos que algunos senadores.

La metodología del estudio se basó en datos brutos mensuales de 2025, convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial del 26 de junio. Las fuentes incluyen sitios oficiales de los congresos, portales gubernamentales e informes periodísticos. Sin embargo, en varios casos la información fue difícil de conseguir, lo que evidencia la necesidad de mayor transparencia y acceso público a los sueldos legislativos.

Desde Directorio Legislativo, con más de 15 años promoviendo la transparencia institucional en América Latina, subrayan que conocer cuánto ganan los representantes parlamentarios es un derecho ciudadano clave para fomentar la rendición de cuentas, el control democrático y la participación informada.