Por: Agencia InnContext

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, al menos 665 casos de presuntos abusos contra personas trabajadoras migrantes fueron documentados por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). El informe, basado en la Base de Datos de Alegaciones de Personas Trabajadoras Migrantes, traza un panorama preocupante sobre las condiciones laborales en distintas cadenas de suministro a nivel global.

El abuso afecta a personas trabajadoras en sectores clave como el agroalimentario (32% de los casos), la construcción e ingeniería (20%) y la manufactura (12%). Los casos incluyen desde robo de salarios y condiciones precarias de vida, hasta muertes relacionadas con condiciones inseguras. En 2024 se reportaron 218 muertes vinculadas al trabajo en 89 casos (13%).

La región de Asia-Pacífico se destaca como principal origen y destino de trabajadores migrantes. Nueve de los diez principales países receptores de esta fuerza laboral son economías de altos ingresos, mientras que los países de origen suelen clasificarse como de ingresos bajos o medios. Esta asimetría evidencia cómo la economía global depende de personas migrantes que enfrentan contextos laborales inseguros y con escasa protección.

La mayoría de las víctimas fueron hombres (77% de los casos con datos disponibles), aunque el informe advierte que los trabajos feminizados, muchas veces invisibilizados, también están marcados por la explotación y el temor a represalias, lo que limita su denuncia.

Las violaciones laborales fueron la categoría de abuso más frecuente (61%), seguida por condiciones inseguras de salud y seguridad ocupacional (39%) y prácticas de contratación injustas (36%). A esto se suman intimidación, trabajo forzoso, cobro de tarifas indebidas y falta de acceso a mecanismos de reparación.

A pesar de la magnitud de los abusos, el informe destaca la capacidad de organización y protesta de personas trabajadoras migrantes, incluso en contextos restrictivos. Se documentaron 35 casos de movilización en 17 países. Estas acciones, aunque muchas veces invisibilizadas, reflejan una lucha persistente por los derechos laborales más básicos.

La CIEDH subraya la necesidad urgente de que tanto empresas como gobiernos asuman su papel en la protección de los derechos humanos. Reclama evaluaciones de riesgo centradas en las personas trabajadoras, mecanismos de debida diligencia y acceso efectivo a la reparación.

Frente a este escenario, hay avances normativos en marcha. Entre ellos, la Directiva de Diligencia Debida en la Unión Europea, la Ley Arancelaria de EE. UU. y acciones impulsadas por inversores responsables. Estas herramientas pueden contribuir a reducir la trata de personas y el trabajo forzoso, si se implementan con enfoque en las voces y necesidades de quienes sostienen, muchas veces en condiciones adversas, la economía global.

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