La decisión del gobierno de Donald Trump de sancionar a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, no solo constituye una represalia política sin precedentes contra una funcionaria internacional.
Es también un intento directo de deslegitimar un informe que documenta de forma exhaustiva el genocidio en Gaza, con cientos de pruebas y declaraciones oficiales israelíes. El trasfondo es mucho más oscuro: el exterminio palestino ha sido convertido en un negocio multimillonario donde confluyen intereses corporativos, armamentísticos, tecnológicos y mediáticos. Este reportaje documenta los actores, los mecanismos y las consecuencias de este operativo global.
1. Gravísimo: una sanción sin precedentes y el auge del autoritarismo global
“La señora Albanese no está investigando crímenes de guerra, está promoviendo teorías antisemitas disfrazadas de informes”, declaró el 9 de julio de 2025 el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, bajo instrucción directa del presidente Donald Trump. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro anunció sanciones personales contra la relatora de la ONU Francesca Albanese, bloqueando sus bienes en EE.UU., restringiendo sus movimientos y prohibiendo todo tipo de colaboración con entidades estadounidenses. La decisión fue ejecutada mientras Benjamin Netanyahu se encontraba en Washington, gestionando acuerdos bilaterales de gran sensibilidad.
Esta medida es inédita y sumamente peligrosa. Por primera vez en la historia contemporánea, una potencia mundial sanciona a una relatora de derechos humanos por cumplir con su mandato, marcando un hito en la instrumentalización de herramientas legales y financieras. En palabras del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, “es una amenaza directa al sistema multilateral”, una afrenta que busca paralizar no solo la labor de una investigadora, sino la capacidad misma de la comunidad internacional para exigir rendición de cuentas. Lo más inquietante es que esto se da en un momento histórico de consolidación del autoritarismo global, donde el uso instrumental de herramientas legales y financieras para silenciar voces críticas se ha normalizado. En este caso, además, se suma el blindaje absoluto a los crímenes cometidos en Gaza, cuya investigación está documentada no solo por Albanese, sino también por múltiples comités independientes y organismos internacionales. Esta sanción sienta un precedente gravísimo: el poderío económico y político usado para castigar la defensa del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, dejando al descubierto una preocupante erosión de las normas que rigen la convivencia global.
2. El Informe Albanese: el andamiaje de un genocidio planificado y la prueba de la intencionalidad
El informe de Albanese, titulado oficialmente “De la Economía de la Ocupación a la Economía del Genocidio”, publicado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de junio de 2025, compila un conjunto abrumador de evidencias que sustentan la acusación de genocidio contra el Estado de Israel en Gaza. Este reporte, de una exhaustividad meticulosa, desglosa la maquinaria de aniquilación y saqueo. Sus hallazgos se agrupan en ejes fundamentales que evidencian no solo la devastación, sino la deliberada arquitectura de la catástrofe:
2.1. Intencionalidad Genocida: Más de 300 declaraciones incitadoras
El informe documenta más de 300 declaraciones de altos funcionarios israelíes —ministros, jefes militares, portavoces— en medios, redes sociales y conferencias oficiales, que incitan explícitamente al exterminio, justifican la destrucción total de Gaza o promueven la deshumanización radical de los palestinos. Estas declaraciones, lejos de ser incidentales, revelan una línea discursiva coherente que valida y normaliza la violencia extrema.
Entre ellas se destacan, por su brutalidad explícita y su carácter de alta oficialidad:
* Yoav Gallant, Ministro de Defensa (octubre de 2023): Aunque la formulación exacta «Gaza debe ser reducida a cenizas» no se encuentra en sus declaraciones públicas, Gallant sí anunció un «asedio total» a Gaza, calificando a los palestinos de «animales humanos», con la instrucción de «no electricidad, no comida, no agua, no gas. Todo está cerrado». Esta retórica marcó el tono de una campaña de devastación sistemática.
* Isaac Herzog, Presidente de Israel (octubre de 2023): Aunque el Presidente Herzog ha manifestado pesar por las bajas civiles, su declaración de que «toda una nación es responsable» y la sugerencia de que «no hay civiles inocentes en Gaza» por no haberse levantado contra Hamás, sentó un precedente moralmente peligroso al colectivizar la culpa y deshumanizar a la población civil.
* Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad Nacional (octubre de 2024): Si bien el informe sitúa su declaración en 2023, la esencia de su retórica se mantiene. Ben-Gvir ha defendido abiertamente «vaciar Gaza de palestinos» y la reasentamiento de colonos israelíes, lo que, en la práctica, equivale a una política de borrado territorial y poblacional que subraya el impulso extremista detrás de las operaciones.
* Amichai Eliyahu, Ministro de Patrimonio (noviembre de 2023): Eliyahu ha protagonizado controversias por sus llamados a «bombardear Gaza con una bomba nuclear» y por considerar que no hay «civiles no implicados» en la Franja. Aunque la frase exacta sobre mujeres y niños como «objetivos válidos si crían futuros terroristas» no se ha documentado textualmente, sus declaraciones reflejan una justificación de la violencia contra la población civil por la vía de la demonización de las futuras generaciones palestinas, revelando una lógica de exterminio cultural y demográfico.
2.2. Prácticas sistemáticas de aniquilación:
El informe de Albanese no se limita a la retórica; detalla la materialización de la intencionalidad genocida en acciones concretas:
* Uso Deliberado de Armas Prohibidas: Se documenta el uso de armas como el fósforo blanco, que causan quemaduras indiscriminadas y persistentes, devastando áreas civiles.
* Ataques a Hospitales y Refugios: El reporte detalla la sistemática destrucción de la infraestructura sanitaria, el ataque a hospitales, refugios de la ONU, ambulancias y convoyes humanitarios, acciones que la Comisión de la ONU ha calificado como crímenes de guerra. Esta estrategia convierte la supervivencia en un acto casi imposible, negando la asistencia básica en medio de un conflicto brutal.
* Cerco Total: El informe profundiza en el bloqueo completo de alimentos, agua, medicinas y electricidad, impuesto desde el inicio de la operación, condenando a la población a una hambruna y enfermedades deliberadas, una práctica que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra.
2.3. Cifras de devastación humanitaria y destrucción del modo de vida palestino:
El informe subraya la escala de la catástrofe humana y la aniquilación cultural y social de Gaza:
* Víctimas Humanas: Se contabilizan más de 130.000 muertos y desaparecidos desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha de publicación del informe (junio de 2025), entre ellos 34.000 niños. Esta cifra, que supera significativamente las estimaciones previas de otros organismos, se basa en un estudio reciente publicado por una universidad extranjera en colaboración con una organización palestina de Cisjordania. Dicho estudio, que ha generado un impacto considerable en la comunidad académica y de derechos humanos, integra las muertes confirmadas con las de aquellos que se presumen enterrados bajo los escombros —muchos de ellos desintegrados— y los desaparecidos. La precisión del número subraya la magnitud de la catástrofe que el mundo aún no asimila en su totalidad.
* Aniquilación Cultural e Infraestructural: Se evidencian bombardeos selectivos a universidades, archivos históricos, bibliotecas, sitios arqueológicos islámicos y cristianos. Esto es un ataque directo a la memoria, la identidad y el futuro de un pueblo. La Comisión de la ONU ha reportado que más del 90% de los edificios escolares y universitarios y más de la mitad de los sitios religiosos y culturales han sido destruidos. Se calcula que más del 80% de la infraestructura habitacional de Gaza ha sido reducida a escombros, dejando a la mayoría de la población sin hogar ni esperanzas de retorno.
3. El Negocio del Genocidio: Corporaciones detrás de la guerra y la instrumentalización del capital
Detrás del aparato militar israelí opera una intrincada red corporativa transnacional que se beneficia obscenamente del genocidio y lo sostiene, transformando la destrucción en dividendos. El informe de Albanese y fuentes independientes (incluyendo Al-Haq, WhoProfits y B’Tselem) identifican varias empresas y conglomerados directamente vinculados al esfuerzo de guerra y a la perpetuación de la ocupación:
* Elbit Systems: Este gigante israelí es el principal proveedor de drones, artillería y sistemas de vigilancia utilizados en Gaza. Su tecnología es el ojo y el brazo ejecutor de muchas de las operaciones, operando con una inversión de capital global que lo ancla al conflicto.
* Intel Corporation: Mantiene instalaciones clave en Israel y ha recibido beneficios fiscales del Estado hebreo, lo que la integra en la estructura económica de la ocupación. Si bien su implicación directa en acciones genocidas es más indirecta, su robusta presencia económica y los subsidios estatales la convierten en un pilar de la economía israelí que sostiene la maquinaria de guerra.
* Google y Amazon: A través del polémico Proyecto Nimbus, ofrecen infraestructura de nube y servicios de inteligencia artificial al gobierno israelí, incluyendo al Ministerio de Defensa. Esta provisión de tecnología de vanguardia no es neutral; facilita el procesamiento de datos, la vigilancia y las operaciones militares, convirtiendo a estas gigantes tecnológicas en engranajes esenciales de la capacidad operativa israelí en los territorios ocupados.
* AXA Seguros: Ha sido denunciada por financiar empresas armamentísticas israelíes y por invertir en bancos israelíes que se lucran de los asentamientos ilegales. Su papel radica en la provisión de capital que directa o indirectamente sostiene las operaciones militares y la infraestructura de la ocupación.
* Hewlett Packard (HP): Proveedora de tecnología para el sistema biométrico de control («Basel system») en territorios ocupados. Este sistema es una herramienta clave en la opresión y el control del movimiento palestino, siendo fundamental para la fragmentación territorial y la segregación.
* Caterpillar: Sus excavadoras blindadas, especialmente los modelos D9, son utilizadas por el ejército israelí para demoler casas palestinas, limpiar tierras para operaciones militares y construir infraestructuras de ocupación. La contribución de Caterpillar a la destrucción de propiedades y el desplazamiento forzado es directa y documentada.
Varios de los directorios de estas empresas están encabezados por directivos con doble ciudadanía o una fuerte filiación con entidades sionistas, lo que revela una convergencia inquietante entre intereses de la industria bélica y tecnológica, ideología política y la perpetración de crímenes de Estado. El «negocio del genocidio» no es una metáfora; es un ecosistema de intereses interconectados que capitalizan la destrucción.
4. El blindaje internacional y la ofensiva contra la verdad: la resistencia del sistema multilateral
La sanción contra Albanese es un intento desesperado por blindar a Israel de cualquier rendición de cuentas. Pero, más allá de la relatora, esta acción revela el temor palpable de Washington y sus aliados a que el informe active mecanismos internacionales que desmantelen el statu quo de impunidad.
* Corte Penal Internacional (CPI): El informe fortalece la base probatoria para que la CPI, bajo el liderazgo del fiscal Karim Khan, emita nuevas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes y, potencialmente, estadounidenses involucrados en la asistencia a la comisión de crímenes.
* Estados del Sur Global: Varios Estados del Sur Global ya estudian la adopción del informe de Albanese como base jurídica para sanciones unilaterales dirigidas contra entidades y corporaciones israelíes, o contra aquellos cómplices de la ocupación y la campaña en Gaza.
* ONU y Comisión Especial: En el seno de la ONU, se discute la posible creación de una comisión especial de investigación independiente, con un mandato más amplio y poderes ejecutivos, que podría ir más allá de la recopilación de informes para establecer responsabilidades directas.
Por eso Trump reacciona con sanciones: no se trata solo de Francesca Albanese, sino de evitar que la documentación del genocidio se traduzca en consecuencias reales y que el negocio de la guerra deje de ser una empresa rentable e impune. La sanción a Albanese es un acto de guerra contra la verdad, una señal clara de que el poder geopolítico está dispuesto a socavar las instituciones internacionales para proteger a sus aliados y sus intereses económicos. Este movimiento refuerza la idea de una consolidación del autoritarismo global, donde se instrumentalizan las herramientas legales y financieras para silenciar voces críticas y blindar crímenes.
5. Una Prensa cercada: el deber histórico y la urgencia del contexto noticioso
En este contexto de represión de la verdad, la prensa libre y las redes de comunicación alternativas tienen una responsabilidad histórica ineludible: dar visibilidad, sostener la narrativa basada en hechos, y validar con fuerza este informe. El futuro de la justicia internacional depende de que el silencio cómplice no gane esta vez.
Este reportaje es parte de ese esfuerzo, pero su urgencia se magnifica con el dolor cotidiano de Gaza. El 10 de julio de 2025, el mundo recibió la noticia desgarradora de diez niños acribillados en Gaza mientras esperaban por atención médica en las puertas de un hospital. Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, es un símbolo de la barbarie que se perpetra con impunidad, una muestra de la sistemática negación del derecho a la vida y a la atención básica. Organismos de derechos humanos y la prensa independiente han documentado una escalada de ataques directos a la población civil, a menudo bajo pretexto de operaciones militares, pero con un patrón que apunta a la aniquilación de la infraestructura de supervivencia. El informe de Albanese, en este escenario, no es solo un documento; es un grito, una herramienta para romper el silencio y desafiar el blindaje de los perpetradores. La prensa, hoy más que nunca, es el último bastión contra la complicidad global.
Fuentes y Referencias:
* Informe oficial de Francesca Albanese ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «De la Economía de la Ocupación a la Economía del Genocidio», 18 de junio de 2025.
* Al-Haq, WhoProfits, B’Tselem: Informes y análisis sobre complicidad corporativa y violaciones de derechos humanos.
* Estudio reciente de universidad extranjera y organización palestina de Cisjordania sobre víctimas y desaparecidos en Gaza (consultado en julio de 2025).
* Declaraciones de funcionarios israelíes: Registradas en diversos medios y redes sociales entre octubre de 2023 y mayo de 2025 (cotejadas y contextualizadas).
* Comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU., 9 de julio de 2025.
* Organismos de Naciones Unidas: OHCHR, UNRWA, Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, declaraciones del Alto Comisionado Volker Türk.
* Medios de comunicación internacionales y alternativos: Cobertura de eventos recientes en Gaza (julio de 2025).
* Amnistía Internacional y Human Rights Watch: Informes sobre derechos humanos en el conflicto israelí-palestino.
* Fuentes académicas y de análisis legal sobre responsabilidad corporativa y derecho internacional humanitario.
* Testimonios de médicos, periodistas y organismos en Gaza.
