Por: Judith Purizaga Granados

Dina Boluarte; Presidenta del Perú.

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias del Perú, hoy 28 de Julio la población recibió el último mensaje presidencial de la mandataria Dina Boluarte. Bajo el lema de “sostener la democracia” y entre los gritos de “asesina” la presidenta Boluarte, primera mujer gobernante del país, se irá con apenas el 2,5% de aprobación. Se va sumergida en un mundo paralelo en el que ella y sus aliados son los grandes beneficiados, olvidando a un país que le dio la oportunidad de generar un cambio profundo, pero que fue postergado por dádivas, cirugías y aumento de sueldos para ella y su entorno. Triste final.

Desde tempranas horas, la presidenta había dictado la orden de no dejar transitar a ningún peruano de a pie hacia el centro de la ciudad capital, previendo con certeza el descontento nacional y cuyas manifestaciones pudieran filtrarse en las imágenes de los canales de televisión que son la ventana al mundo.

Largas colas de ciudadanos, entre ellos adultos mayores, se agolpaban en los accesos a la ciudad de Lima, sin tomar en cuenta que estos transitaban hacia sus puestos de trabajo. Fue la primera vez que en el día de nuestra independencia, los peruanos no puedan transitar libremente… ese es el mensaje real del actual gobierno.

Crecimiento versus Desarrollo

En su último discurso presidencial (el próximo 28 de julio de 2026 dejará el poder), Boluarte Zegarra señaló que el Perú es una de las “economías más estables del mundo”. «El resultado de estas políticas permitió que logremos reencaminar la situación para el año 2024, en el que el PBI creció 3.3% y, puedo anunciar que, para el cierre del presente año, estimamos crecer en el rango de 3.1% a 3.5%», dijo.

Sin embargo, el crecimiento económico “medido por los aumentos de la producción, es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo; este último se asocia con la mayor calidad de vida y no solo con la producción” señala el economista Carlos Parodi.

Y en ese sentido, el Perú presenta una pobreza monetaria que ha aumentado y afecta al 29% de la población (es decir, 9 millones 780 mil peruanos no satisfacen sus necesidades básicas). En una encuesta realizada por el prestigioso Instituto de Estudios Peruano (IEP), en el 2024, el 70% de los encuestados señaló que los ingresos del hogar “no les alcanza”, dentro de los cuales, el 36% señala que los ingresos no les alcanza y tienen dificultades, mientras que otro 34% señala que su situación es más crítica. El otro 30% indica que los ingresos sí les alcanza.

La misma encuesta señala que existe una percepción negativa sobre la realidad económica nacional y que esta puede explicar la desaprobación presidencial: el 94% de encuestados cree que la economía del país es peor que la de hace un año, el 87% considera que debe haber elecciones adelantadas y el 44% está pensando en migrar del país.

Asimismo, en un capítulo por demás sensible, la presidenta Dina Boluarte afirmó que la remuneración promedio mensual se ha incrementado en 331 soles y que ello “representa un crecimiento del 12,8% y más ingresos para las familias peruanas, más capacidad de consumo y mayor bienestar”. Sin embargo, el sueldo mínimo vital actual de los peruanos es de S/. 1,130 soles por mes, mientras que recientemente el 4 de julio la presidenta incrementó su propio sueldo a S/. 35,568 soles mensuales; esta decisión que manifiesta las grandes desigualdades que vive el país, provocó protestas de la población.

Política del “cangrejo”

La presidenta Boluarte reafirmó una “gestión exitosa” con el recuento de obras de infraestructura realizadas en su gobierno y se ratificó en su política económica basada en el extractivismo de minerales y petróleo.

Sin embargo, su gobierno deja una estela de medidas que han perjudicado a diversos sectores del país y que el próximo gobierno deberá enmendar, como la Ley Pro Crimen (Ley 32108, que debilita la lucha contra el crimen organizado), la Ley Antiforestal (Ley N° 31973, que promueve la deforestación y la impunidad en actividades ilegales), la Ley de despojo de propiedad comunal (Ley 32293 que vulnera los derechos ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas), la eliminación del programa social Qali Warma; entre otras medidas que vulneran derechos y atentan contra diversos sectores sociales del país.

La reforma de esta serie de medidas, que en algunos casos son considerados anticonstitucionales, demandará al próximo gobierno la inversión de tiempo, esfuerzo y presupuesto, lo que genera un nuevo retroceso para el país, siendo esta práctica común en cada cambio de gobierno, “estamos como el cangrejo” señala la ciudadanía.

Retos que esperan al nuevo gobernante

Es vital que el nuevo gobernante comprenda la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo socioeconómico, porque el Perú es tierra de muchos desafíos.

Según el economista y ex ministro de Economía Pedro Francke, hay dos retos grandes económicos del momento: recuperar los niveles de empleo e ingresos familiares que teníamos antes del Covid-19 (“Las condiciones para las micro y pequeñas empresas de las ciudades y para la pequeña agricultura familiar no han mejorado, con una mayoría de gente sobreviviendo en la informalidad ante la ausencia de oportunidades mejores”) y, recuperar la presión tributaria y reducir el déficit fiscal (“se debe a que la recaudación de impuestos, que ya en el 2021 era bajísima estando 10 puntos por debajo del promedio latinoamericano, se ha desplomado, mientras los presupuestos reales en sectores claves como salud y educación siguen bajísimos”).

Pedro Francke señala que “una buena política económica no puede considerarse de manera aislada. Hoy el mayor problema del Perú es la inseguridad ciudadana y el deterioro de la democracia. “Las condiciones de desesperanza y de inequidad empujan a miles a la ilegalidad y generan rechazo al sistema de gobierno; son grandes factores sociales que operan de manera invisible pero potente, como una lluvia que debilita una ladera hasta provocar un huaico. Por eso, la política económica debe apoyar a la solución de estos dos grandes problemas, es promoviendo con fuerza el progreso social y la reducción de la desigualdad, garantizando salud y educación de calidad”.

El economista agrega además otros factores de desarrollo a tomar en cuenta: “el presupuesto público para modernizar nuestro sistema de seguridad y justicia”. Y previene sobre el riesgo internacional de la política arancelaria de Donald Trump, y del riesgo interno que representa el Congreso de la República, “los partidos que lo dominan y los grandes intereses y lobbys que ahí se mueven, como los de las grandes agroexportadoras y la minería, formal e informal”.

Cabe señalar que las próximas elecciones generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, en el que se elegirán al nuevo presidente del Perú, senadores y diputados, así como representantes ante el Parlamento Andino. El cambio de presidente y congresistas ha sido una de las demandas recurrentes de la población, mostrada en diferentes jornadas de manifestaciones; sin embargo, los actuales gobernantes terminarán su mandato en uno de los episodios más rechazados de la historia peruana.