Por: Redacción Central.

Ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe detenido.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó lo que llama una supuesta «instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales» tras la condena por soborno de testigos y fraude procesal contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

«La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante«, ha lamentado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha defendido que «el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria».

Por su parte, la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó estas declaraciones denunciando que «su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia». Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha hecho eco de la reacción añadiendo también que «el mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo».

La intervención de Rubio llegó tras las declaraciones de la senadora de Centro Democrático y precandidata para las elecciones presidenciales de 2026 Paloma Valencia, quien calificó el fallo como «una venganza» y «un ataque», alegando a través de un vídeo difundido en redes sociales que «Petro le tiene miedo a Uribe».

En esta situación, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió a través de un comunicado difundido este lunes a las autoridades del país que proporcione «las medidas de protección que se requieran» a fin de «garantizar a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones».

Asimismo, el organismo ha expresado «su solidaridad y apoyo» a la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha hecho un llamamiento «a respetar el ejercicio funcional» de la magistrada.

El propio Petro afirmó a este respecto que «es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo». «En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad», destacó.

Europa Press