Por: Lucía Cholakian Herrera. Fuente: Agencia InnContext

En la cárcel de Batán, el acceso a celulares habilitado durante la pandemia permitió mucho más que mantener el contacto con el exterior. Fue la base para crear una cooperativa autogestionada, proyectos educativos, una radio y hasta un almacén. La historia de Liberté muestra que el acceso a derechos no solo es posible tras las rejas, sino también transformador. 

Desde afuera quizás no lo parezca, pero en la cárcel el tiempo puede escasear cuando hay tanto por hacer. Xavier Aguirreal lo sabe mejor que nadie: hay poco margen para entrevistas cuando se lleva adelante una cooperativa de trabajo del tamaño de Liberté, nacida en la cárcel de Batán, en las afueras de Mar del Plata. 

Los celulares en la Unidad 15 de Batán se legalizaron durante la pandemia gracias a un fallo del juez Victor Violini, de la Cámara de Casación Bonaerense, después de que el decreto de cuarentena frenara ingresos y egresos en las cárceles: decreto que se llevó puestas las visitas, las salidas laborales, la entrada de docentes y la llegada de bienes por parte de las familias. La medida buscó garantizar derechos básicos: mantener vínculos familiares, continuar los estudios y acceder a la justicia. Con la suspensión de las visitas, salidas y actividades educativas, los celulares se convirtieron en un puente con el exterior. En Batán, esta apertura tecnológica fue clave: habilitó desde videollamadas con familiares hasta el surgimiento de iniciativas como el almacén cooperativo y la radio Aires de Liberté, gestionados por los propios presos. 

“Empezaron a trabajar y estudiar, consiguieron que los directores de la cárcel les cedieran un espacio de tierra, donde prepararon un lugar para plantar hortalizas y verduras, lo que mejoró la calidad de la comida. Armaron un área de apicultura, donde llegaron a producir 800 kilos de miel, crearon un área de herrería, y le enseñaban a los compañeros cómo trabajar el hierro”, recuerda Alberto Bavestrello, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Argentina (COOPERAR) y gerente de la Federación de Cooperativas de Crédito. 

“Empezamos a dar formación cooperativa”, cuenta. Y avanzaron cuando estuvieron listos para formalizar la cooperativa, con 25 presos y diez personas por fuera. “Siempre es necesario alguien afuera para hacer algún trámite, y cuando algunos salían de la cárcel, podían seguir en contacto. Y para que tuvieran, después, un trabajo afuera”. 

“Se cayeron todos los mitos”, dice Aguirreal desde Batán, fundador de Liberté, testigo del cambio que la cooperativa trajo para los presos. Lejos de facilitar el delito, los teléfonos habilitaron nuevas formas de trabajo, autogestión y organización. Gracias a internet y sistemas de pago como MercadoPago o PagoFácil, los presos lograron crear un almacén que vendía productos en sus envases originales —algo impensado antes, cuando todo llegaba roto o en tuppers— y gestionar compras directamente. Esta nueva autonomía fue mucho más que comodidad: dignificó su vida cotidiana y les dio voz en medios digitales. Contra los temores de aumento del delito, la experiencia mostró lo contrario: el conflicto disminuyó, y los celulares se consolidaron como herramientas de acceso a derechos, no como amenazas. 

En 2022, conflictos con el Ministerio de Justicia pusieron un freno a las actividades productivas: se clausuraron el taller de costura, el almacén, la rotisería, la carpintería, dando inicio a una batalla legal que aún continúa. 

“Llegaron a ser la primera unidad en ventas de los helados marca Frigor: la empresa les dio sombrillas, heladeras y freezers por el volumen que vendían. Todo eso se logró en pocos años”, dice Bavestrello. Pero el servicio penitenciario se volvió más estricto. “Les quitaron las herramientas que tenían, que todavía no recuperaron. Eso fue un golpe muy duro”. 

A pesar de las restricciones, la Cooperativa Liberté sigue adelante con su misión: ser una respuesta concreta a la falta de oportunidades reales en el sistema penitenciario. Su nombre, Liberté, es una declaración de principios: una apuesta por la libertad entendida no solo como el fin del encierro, sino como el acceso a derechos, dignidad y autonomía. 

Hasta el freno del Ministerio de Justicia, los internos gestionaban un almacén propio, compraban a proveedores externos, usaban medios de pago digitales y mantenían una logística eficiente y transparente. Además, impulsaron proyectos culturales y educativos, como diplomaturas universitarias en gestión, cuidado y justicia restaurativa, muchas de ellas dictadas desde la propia cárcel y abiertas a participantes de toda América Latina. 

Pero Liberté es mucho más que una cooperativa de trabajo: es un proyecto político y humano que busca transformar la lógica del castigo en un camino de inclusión. Desde su radio online hasta la propuesta de integrar a personas detenidas al sistema de teletrabajo estatal, sus iniciativas buscan abrir el encierro al mundo. Como afirman sus integrantes, la clave está en construir un modelo de cárcel distinto, donde la transparencia, la organización comunitaria y el acceso a la tecnología sean herramientas de liberación, no de control. 

Este es solo uno de los muchos ejemplos que muestran cómo garantizar derechos no solo mejora la vida dentro del sistema penal, sino también la de sus comunidades. Batallando contra los prejuicios, Alejandra Álvarez —abogada especialista en derecho penal, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y trabajadora judicial de la Provincia de Buenos Aires— explica que el uso de celulares en cárceles, habilitado inicialmente durante la pandemia, “se sigue usando sin ningún problema” bajo reglamentación y control. De los “43.000 celulares declarados” en una población de unos 60.000 detenidos, en 2023 solo se secuestraron 1.800, lo que representa “menos de un 5% en relación a los celulares declarados”. Para Álvarez, esto demuestra que “el porcentaje es ínfimo” y que los beneficios superan ampliamente los riesgos, incluso para el sistema judicial, ya que permite realizar audiencias por videollamada cuando fallan las plataformas oficiales. 

Desde su experiencia en un juzgado de ejecución penal en Morón, con más de 1.200 personas detenidas, Álvarez afirma que no hay registros de delitos cometidos mediante el uso de celulares habilitados. Si ocurre algún hecho, sostiene, no es con dispositivos autorizados. En este sentido, permitir celulares no incrementa la criminalidad en prisión: “la incidencia es la misma que va a tener estén o no habilitados los celulares”. 

“El celular ha permitido que muchos puedan iniciar una carrera universitaria de forma virtual”, destaca Álvarez. Hay presos que los usan para trabajar desde la cárcel o para dar clases a sus hijos por videollamada. “Es una herramienta de estudio, de trabajo y de comunicación fluida con su familia”. En casos potencialmente conflictivos, como en presos por violencia de género, la solución no es prohibir el uso, sino impedir el contacto con la víctima. 

“El derecho a la comunicación para las personas privadas de libertad es, ante todo, una cuestión profundamente humanitaria”, dice Diana Márquez, integrante de la Asociación por el Pensamiento Penal y secretaria de la cooperativa. Para ella, mantener vínculos afectivos y sociales es clave para el bienestar emocional y la reinserción. Este derecho se ejerce principalmente a través de celulares registrados dentro de las unidades penitenciarias, una herramienta que, según su experiencia en los Comités de Prevención y en la Cooperativa Liberté, conecta a los detenidos con sus familias, con espacios educativos y laborales. “Este registro permite un control y, lo que es más importante, saca a los celulares de cualquier circuito malintencionado”, afirma. 

Márquez advierte que uno de los principales obstáculos es el prejuicio. “La más común es la creencia de que permitir celulares en las cárceles inevitablemente conducirá a la comisión de nuevos delitos”. Como coordinadora de Víctimas por la Paz, asegura que nunca han recibido denuncias por mal uso desde su implementación en cárceles bonaerenses. “Las tecnologías actuales permiten el rastreo de llamadas”, explica, y asegura que el registro de dispositivos es una herramienta suficiente para prevenir abusos. Por eso insiste en la necesidad de “desarmar esa mirada punitivista y vindicativa que asocia cualquier flexibilización con impunidad”. 

Sobre la situación actual, Márquez afirma que el uso de celulares registrados en cárceles bonaerenses está consolidado y ha mostrado resultados concretos. Define la medida como “un avance revolucionario”, tanto por su aporte a la gestión de conflictos como por su impacto en la reducción de la violencia intramuros. “Me han informado que la violencia ha disminuido en un 30% desde su implementación”, señala. Para ella, esta política representa un modelo de convivencia carcelaria basado en la confianza y la justicia restaurativa. “Es un paso fundamental hacia una sociedad menos violenta y más integrada”, concluye. 

Mientras Xavier Aguirreal insiste con los pedidos para que les devuelvan los equipos y poder continuar su trabajo productivo, en la cooperativa, dice, usaron este tiempo para profundizar la misión educativa. “Creamos el Instituto de Formación Liberté, donde damos clases por correo electrónico; y la Universidad Liberté, que pronto va a iniciar”, dice. Luego, como todos los días, vuelve a los días ocupados de las tareas cooperativas dentro del lugar donde pasa sus días, sin dejar de estar conectado, gracias a la tecnología, con el “mundo libre”. 

“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”