Por: https://www.baseis.org.py/

Yeruti Ñu: una escuela devorada por el agronegocio.

A seis años del fallo del Comité de las Naciones Unidas respecto al caso Yerutí, la Escuela “San Felipe y Santiago” de la Comunidad Yerutí Ñu es una muestra del incumplimiento del Estado respecto a las medidas establecidas en el fallo, el agronegocio continuó avanzando sobre la comunidad y expulsando a la población, al punto de que la escuela fue abandonada y ya no se imparten clases.

Entre pastizales que crecen sin control y el eco de voces infantiles que ya no se escuchan, la Escuela Básica N° 5757 “San Felipe y San Tiago” agoniza lentamente en la Segunda Línea de la Colonia Yeruti Ñu, distrito de Curuguaty, Canindeyú. Las paredes agrietadas, las pizarras desvanecidas por el tiempo, los libros cubiertos de polvo, los baños saqueados… Todo en este edificio escolar abandonado habla de un crimen silencioso: la expulsión sistemática del campesinado por el avance del agronegocio.

En este lugar alguna vez estudió Diego Portillo, hijo de Rubén Portillo Cáceres, muerto en 2011 a causa de fumigaciones ilegales con agrotóxicos. Su muerte fue emblemática y dio origen al llamado “Caso Yerutí” ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2019 dictaminó que el Estado paraguayo debía reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y tomar medidas para evitar que hechos similares se repitan.

Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, los efectos del modelo extractivista se profundizan. La escuela dejó de funcionar en 2021, cuando el único docente asignado abandonó el puesto sin explicación del Ministerio de Educación. La recomendación oficial fue que los niños recorran 10 kilómetros hasta la escuela de la Primera Línea, sin considerar las condiciones precarias de transporte ni los riesgos del trayecto en zonas rurales dominadas por sojales.

Este cierre no fue un hecho aislado. La investigación Escuelas fumigadas, desarrollada por BASE-IS, documenta cómo el avance del agronegocio afecta alrededor del 22% de las y los estudiantes de las instituciones educativas rurales de la región oriental del país, que se encuentran expuestos directamente a las fumigaciones. Esta situación es consecuencia de la inacción de las instituciones competentes, la principal de ellas, el SENAVE, lo que conlleva a la impunidad de delitos ambientales. El modelo de agronegocios, sostenidos por un régimen de uso intensivo de agrotóxicos, no solo contamina el aire y el agua, también desplazan a comunidades enteras, forzando el éxodo rural y dejando a su paso instituciones fundamentales —como las escuelas— en ruinas.

Yeruti Ñu es uno de los casos más visibles de esta violencia estructural. La zona fue blanco de denuncias por fumigaciones ilegales con glifosato y otros venenos que afectaron directamente a los habitantes, causando enfermedades, pérdida de cultivos de subsistencia y un proceso acelerado de despoblamiento. El cierre de la escuela fue la consecuencia final de esa cadena de vulneraciones, todas encadenadas por el mismo modelo: el agronegocio.

A seis años del dictamen de la ONU, la comunidad sigue esperando justicia. Mientras tanto, las arañas, murciélagos y yuyales se adueñan de las aulas que antes albergaban sueños de futuro. Las marcas de tiza infantil, todavía visibles en algunas pizarras, son el único testimonio de que allí alguna vez hubo vida, aprendizaje y comunidad.

Frente a este escenario, la desidia estatal no es casual, es funcional a un modelo que privilegia la rentabilidad de unos pocos por sobre los derechos de las mayorías. La historia de la escuela de Yeruti Ñu no es una anécdota: es una advertencia. Y también, una denuncia.