Por: Ana Virginia Moreira, Directora regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe

Hoy más que nunca, el trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado— debe ocupar un lugar central en las políticas públicas, económicas y sociales de nuestra Región. La reciente Resolución de la OIT sobre trabajo decente y economía del cuidado, adoptada en junio de 2024, marca un hito histórico: por primera vez, gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo acordaron que al igual que todo trabajo, el trabajo en la economía de cuidados no es una mercancía. Todas las personas deben poder prestar y recibir cuidados, incluido el autocuidado. 

La urgencia es clara en América Latina y el Caribe, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres, participan 22 puntos porcentuales menos en el mercado laboral y dedican hasta 30 horas más por semana al cuidado no remunerado. Esta sobrecarga afecta con mayor fuerza a mujeres con menor nivel educativo, trabajadoras del hogar y migrantes, muchas en condiciones laborales precarias

Este es un problema estructural. La región enfrenta tres tendencias globales —envejecimiento de la población, cambio climático y digitalización— que incrementarán aún más la demanda de cuidados. Si seguimos confiando en que esta responsabilidad recaiga de manera desproporcionada en las mujeres y en los hogares, estaremos profundizando brechas de género, reduciendo la productividad y debilitando la cohesión social.

Desde la OIT lo decimos con claridad: el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente de las mujeres. Es un pilar para la protección social, la igualdad de género, el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Transformar la economía del cuidado es urgente y requiere un compromiso político decidido, una inversión sostenida y un cambio cultural profundo.

Las cifras son contundentes: garantizar servicios universales de cuidado infantil y de larga duración, adaptados a los estándares internacionales, podría generar más de 31 millones de empleos en la región, en su mayoría formales. Así lo confirma el nuevo informe Economía del Cuidado y Trabajo Decente: Escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe, presentado durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, por la OIT y la CEPAL, que además subraya el potencial de esta inversión para aumentar la formalización, la productividad y la recaudación fiscal. 

La OIT propone un marco claro para esta transformación: las 5 R del trabajo de cuidados decente —reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado, recompensar con empleos decentes y representar a las personas trabajadoras del cuidado—. Esto implica ampliar y universalizar licencias de maternidad, paternidad y parentales; garantizar el acceso a trabajadoras y trabajadores independientes, informales y a tiempo parcial; y crear servicios públicos universales de calidad para todas las etapas de la vida. La reciente Opinión Consultiva OC-31/25 sobre el derecho al cuidado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subraya la centralidad del cuerpo normativo de la OIT, del diálogo social y del tripartismo.

No es un camino opcional, es una ruta obligada si queremos que la igualdad de género y el trabajo decente sean realidades y no solo discursos. Las decisiones que tomemos hoy marcarán si, en el futuro, América Latina y el Caribe será una región que valora y comparte el cuidado como una responsabilidad colectiva, o si seguirá reproduciendo desigualdades que nos frenan a todos.

El cuidado es un acto de justicia. Y la justicia social es el fundamento de sociedades más cohesionadas, economías más fuertes y democracias más sólidas. Apostar por la economía del cuidado es apostar por un futuro en el que nadie quede atrás.