El guion de los últimos años, para estos últimos once meses de gestión: Una actuación conjunta del Ejecutivo y Legislativo para imponer únicamente medidas de provecho propio y para bloquear la acción de la justicia, ya sea en materia de derechos humanos o de corrupción.
Editorial del IDEHPUCP*
Faltan ocho meses para las elecciones generales y once meses para que concluya este periodo presidencial, y ante el inicio de esta cuenta regresiva el gobierno se apresura a materializar los puntos pendientes de su agenda.
En situaciones normales eso significaría que hay un equipo con un plan de gobierno que realizar y con normas, políticas y programas por echar a andar. En la realidad presente las cosas son completamente distintas.
En primer lugar, la única agenda a la vista gira alrededor de asegurar impunidad para el equipo, sus allegados y su clientela por una diversidad de graves cargos; en segundo lugar, esa agenda no es únicamente del Poder Ejecutivo, sino de una amplia coalición.En ella el Congreso lleva la voz cantante, imponiendo la fuerza bruta del número, y el Ejecutivo –siempre sujeto al chantaje del Congreso por sus diversas cuentas pendientes con la justicia– aparece como un socio subordinado, pero socio muy interesado y comprometido, de todas maneras.La ley de impunidad para policías, militares y paramilitares acusados de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que acaban de imponer Congreso y Ejecutivo es, hoy, el emblema mayor de todo ello.La imagen de la Presidenta felicitándose con viejos perpetradores de graves crímenes lo dice todo sobre esa asociación entre los poderes del Estado. Esa norma pone al país al margen del derecho internacional y constituye, por encima de todo, una flagrante violación de los derechos de las víctimas.
Pero hay que señalar que esa ley –cuya invalidez legal y constitucional es evidente y que debe ser inaplicada por la magistratura judicial— no es la única en esa dirección, sino que forma parte de un nutrido paquete de medidas de impunidad. Entre estas cabe citar una ley anterior que determinaba, también sin mayor fundamente jurídico, la prescripción de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.
La reciente ley de amnistía se propone bloquear el ejercicio de la justicia sobre crímenes cometidos hace décadas. Pero hay que recordar, además, que el país espera justicia también sobre el medio centenar de muertes producidas por agentes del Estado, bajo este gobierno, durante las manifestaciones de fines de 2022 e inicios de 2023.
La presidenta Boluarte y los ministros de entonces, además de los agentes estatales que actuaron directamente sobre el terreno, tienen todavía pendiente el deber de responder ante la justicia por todo ello. Y así como sobre los crímenes del conflicto armado interno, también sobre estos ha habido pronunciamientos claros de instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
No es extraño, por ello, aunque es del todo inaceptable, que ya se comience a anunciar desde el Congreso la preparación de otra ley de impunidad más, una que proteja de procesamiento judicial a los agentes del Estado involucrados en las muertes de los años 2022 y 2023. (Por su parte, el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que no se pude investigar a Dina Boluarte por esas muertes, y otros hechos turbios, durante su mandato).
Todo ello, por lo demás, en un año legislativo en el que se ha encumbrado a puestos fundamentales del Congreso a una variedad de personajes con una diversidad de cuentas que rendir ante la justicia. Todo ello no hace sino reafirmar el guion de los últimos años para estos últimos once meses de gestión: una actuación conjunta de Ejecutivo y Legislativo para imponer únicamente medidas de provecho propio y para bloquear la acción de la justicia ya sea en materia de derechos humanos o de corrupción.
