Por: Claudia Aranda. Fuente: Agencia Pressenza

(Imagen de Claudia Aranda)

Chile arrastra una herida que no cicatriza. La desaparición de personas bajo custodia del Estado no pertenece únicamente al pasado dictatorial: persiste como práctica encubierta en democracia, tolerada por vacíos legales y por la continuidad de una policía marcada por la doctrina pinochetista.

En este Día Internacional del Detenido Desaparecido, la exigencia se impone con claridad: ni un minuto de detención ilegal puede ser tolerado. Secuestro es secuestro desde el momento mismo en que un carabinero priva de libertad a alguien sin registro, incomunicado, amenazado o paseado en un vehículo policial fuera de todo control.

La memoria que sigue ardiendo
Entre 1973 y 1990, Chile conoció el rostro más brutal de la desaparición forzada: miles de hombres y mujeres arrancados de sus hogares, conducidos a recintos clandestinos, negados ante los tribunales y finalmente borrados del mapa por la maquinaria represiva de la dictadura. La práctica, condenada como crimen de lesa humanidad, dejó una marca indeleble en la historia del país.

A casi cinco décadas del golpe, los informes de verdad y reparación, los procesos judiciales y las campañas de memoria han documentado ese horror. Pero lo que parecía un capítulo cerrado se prolonga bajo nuevas formas: la detención sin registro inmediato sigue siendo un terreno fértil para el abuso policial.

Democracia con desaparecidos
El 3 de septiembre de 2005, en Puerto Montt, Carabineros detuvo al joven mapuche José Huenante, de 16 años. Nunca más fue visto. Su desaparición es considerada el primer caso de detenido desaparecido en democracia. Los agentes negaron su arresto, los registros oficiales nunca lo consignaron, y hasta hoy la justicia no ha entregado respuesta.

Durante el estallido social (2019–2021), el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recibieron centenares de denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, torturas y amenazas de desaparición. Los testimonios describen el mismo patrón: el “tiempo gris” en que una persona es privada de libertad, paseada en vehículos policiales, negada a familiares y defensores, y sometida a violencia antes de ser registrada en una comisaría.

El testimonio personal
Yo misma lo viví. En 2019 y 2021, en pleno ejercicio de mi labor periodística y de defensa de los derechos humanos, fui detenida sin flagrancia ni delito. Carabineros me hostigó, me esposó y me mantuvo incomunicada durante horas, negando mi paradero a familiares, colegas y organismos de derechos humanos.

En ese lapso sufrí lo que la ley no quiere nombrar: secuestro en manos del Estado. Fui trasladada inconsciente y en posiciones forzadas que ponían en riesgo mi vida, amenazada de desaparición y de aparecer “suicidada”. Las secuelas físicas y psicológicas de esas detenciones permanecen hasta hoy.

El vacío legal
La Constitución consagra la libertad personal y la seguridad individual. El Código Procesal Penal establece la obligación de registro inmediato y control judicial. El Código Penal sanciona el secuestro. Los protocolos de Carabineros exigen la constatación de lesiones y el trato digno.

Pero la práctica los contradice. El lapso entre la aprehensión y el registro oficial sigue siendo una zona oscura de impunidad, en la que la persona no pertenece a la justicia, no pertenece a la familia, no pertenece al derecho: pertenece al policía que la detiene. Allí nacen las amenazas, las torturas y las desapariciones.

La propuesta
Para cerrar esa brecha, hoy entregué formalmente un proyecto de ley y de reforma constitucional al diputado humanista Tomás Hirsch, en mi calidad de periodista de Pressenza International Press Agency y víctima de facto de secuestro, tortura y amenazas de desaparición en Chile.

El proyecto establece que:

Toda detención sin registro inmediato constituya secuestro agravado cuando la ejecutan agentes del Estado.
La Constitución prohíba de manera absoluta la desaparición forzada y la detención no registrada, incluso en estados de excepción.
Los jueces verifiquen los tiempos de detención en cada control y denuncien cualquier lapso injustificado.
Carabineros implemente un protocolo vinculante de registro inmediato de detenidos, supervisado por el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Contrapuntos y organismos de derechos humanos
Carabineros sostiene, en sus manuales y protocolos, que todo detenido debe ser registrado y tratado con respeto y dignidad. Sin embargo, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han demostrado la distancia entre el papel y la realidad.

El INDH presentó cientos de querellas por torturas y detenciones ilegales durante el estallido. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el uso sistemático de la incomunicación y la violencia policial. La conclusión es clara: la ley actual es insuficiente, y el control judicial llega siempre demasiado tarde.

Comparación internacional
En Argentina y Uruguay, países también marcados por dictaduras, la desaparición forzada fue tipificada como delito autónomo y agravado, incluso en democracia. Esa decisión legislativa permitió sancionar a agentes estatales responsables de privaciones ilegales de libertad.

Chile, pese a haber ratificado la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, mantiene un marco legal incompleto. La tipificación clara y agravada del secuestro cometido por agentes públicos es un paso pendiente que alinea el derecho nacional con los estándares internacionales.

Memoria, dignidad y democracia
El Día Internacional del Detenido Desaparecido no es solo memoria del pasado. Es un llamado urgente al presente. Cada hora sin registro es una hora de impunidad; cada detenido negado es un eco de la dictadura que no termina.

Hoy, con la entrega de este proyecto, la palabra se transforma en acción. Chile tiene la oportunidad de honrar a sus víctimas, proteger a sus ciudadanos y blindar su democracia frente a la arbitrariedad.

Porque secuestro es secuestro. Y porque nunca más debe significar “desaparecido”.