Por: Calixta Quispe. Fuente: Agencia Pressenza

(Imagen de Minka Comunicación)

Con chicote en mano y tras rebasar a la Policía, comunarios y autoridades originarias del municipio de Viacha (Departamento de La Paz) irrumpieron en la Alcaldía para exigir la aprobación de una norma que prohíba la actividad minera. La movilización respondió a varios años de denuncias por contaminación del agua y la pérdida de ganado a causa de los desechos químicos vertidos por 23 cooperativas que operan en la región.

Por Calixta Quispe

Ante la presión, el alcalde Napoleón Yahuasi promulgó la ley municipal 042/2025, que declara a Viacha territorio “libre de minería contaminante” y ordena el cierre inmediato de las empresas legales e ilegales. La medida coincide con denuncias presentadas en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, donde representantes locales acusaron al Estado boliviano de avalar la expansión minera sin consulta previa.

La norma municipal 042/2025 establece que el objetivo es “salvaguardar el derecho a la vida en un medio ambiente limpio y saludable”, luego de que decenas de comunarios tomaran la Alcaldía y el Concejo Municipal en protesta por la inacción frente a los derrames de cianuro y acumulación de residuos tóxicos cerca de reservorios de agua. Aunque el Concejo aprobó la norma, los pobladores mantienen la presión para que el alcalde la promulgue y ejecute el cierre inmediato de las cooperativas. La medida surge tras años de denuncias de contaminación provocada por al menos 23 compañías, y se produce en medio de tensiones que ya trascendieron a foros internacionales.

El conflicto escaló hasta el plano internacional. Pastor Carvajal, autoridad del Consejo de Justicia de la comunidad de Sekejahuira (Municipio de Viacha), denunció en el 24º período de sesiones del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (abril-mayo en Nueva York) que las empresas usan químicos como cianuro, mercurio y arsénico, provocando la muerte de ganado lechero, la pérdida de tierras productivas y afectaciones graves en la salud de la población. Carvajal aseguró que, tras su intervención, recibió amenazas de dirigentes afines al vicepresidente David Choquehuanca, quienes lo increparon por sus críticas al Gobierno.

La disputa se da mientras sectores oficialistas buscan proyectar a Choquehuanca como candidato indígena a la Secretaría General de Naciones Unidas, destacándolo como defensor de la “Pachamama”, en contraste con las acusaciones de comunidades locales que lo responsabilizan de avalar la expansión minera sin consulta previa.

De acuerdo con organizaciones como el Organismo de Gestión de Cuenca del río Pallina, en tres años la cantidad de cooperativas en Viacha pasó de nueve a más de veinte, pese a resoluciones departamentales que prohibían su expansión. Para los comunarios, la clausura parcial de algunas operaciones fue solo administrativa y sin impacto real, pues las empresas continúan trabajando a puertas cerradas.

“Nosotros ya no producimos papa ni leche como antes, nuestra tierra está devastada”, resumió Carvajal. Entre tanto, los pobladores mantienen vigilias hasta que la ley sea promulgada, advirtiendo que no abandonarán la movilización mientras la contaminación y el despojo continúen.