Por: César Verduga Vélez

Claudia Sheimbaum, Presidenta de México.

Este 1 de septiembre de 2025 se posesionó la nueva Corte Suprema de Justicia de México y 800 impartidores de justicia elegidos por los ciudadanos en las urnas. Lo hicieron ante el senado presidido por Laura Itzel Castillo, antigua luchadora social, política cuyo padre fue un famoso científico inventor y político, Heberto Castillo, líder en vida del Partido del Trabajo PT.

La reforma judicial en México pone al país a la vanguardia del mundo en materia de cambio institucional. Si bien en Estados Unidos hay algunos estados que eligen a los impartidores de justicia, en México la nueva normativa constitucional establece que todos sean elegidos popularmente. Es un proceso inédito que se ha iniciado en 2025 y tendrá una segunda ronda en las elecciones judiciales del 2027 para completar la elección ciudadana de todo el poder judicial.

Sin embargo este será un proceso histórico largo, pacífico, de transformación institucional con trascendencia revolucionaria. No sólo se tratará de transformar la administración de la justicia sino las prioridades del sistema legal. Que no sólo estén la seguridad y la propiedad sino también los derechas sociales y culturales para avanzar hacia un estado que sea la estructura político-institucional de una sociedad unida en la diversidad.

Lo que queda atrás es una era caracterizada por la administración de la justicia por una casta que gozaba de privilegios. Tenía sueldos por encima de la ley, acceso a insólitos privilegios y dictaba sentencias habitualmente favorables al poder económico y al crimen.

Es famoso el abuso de los amparos que permitieron a un empresario, Salinas Pliego, eludir el pago de deudas con el fisco por impuestos de varias decenas de miles de millones de pesos. Conocido es también el intento supuestamente legal de grandes maquiladoras de aludir una falsa doble tributación para exigir la devolución de centenares de miles de millones de pesos. El proyecto de ley para legitimar esa monstruosidad pudo frenarse porque se produjo el cambio en la Corte Suprema. También son públicamente conocidos los 200 delincuentes liberados entre 2018 y 2024 en los famosos “sabadazos” que practicaron algunos jueces y el intento de freno a la ley que consagra el derecho de los mexicanos a la ciencia para intentar desfinanciar al CONACYT y consolidar el apoyo fiscal a empresas privadas extranjeras como rectoras de la investigación científica. Se podría seguir con la lista hasta el aburrimiento de las innumerables tropelías de la casta que ayer históricamente fue sepultada.

Lo que está por verse ahora es como se desarrolla el cumplimiento del desafío histórico que tiene el nuevo poder judicial. El discurso de posesión del nuevo presidente de la Corte suprema fue esperanzador

Hugo Aguilar Ortiz anunció decisiones acordadas en reuniones previas para suprimir los privilegios de casta. Cortar de raíz el nepotismo en el nombramiento de funcionarios que permitió que el 40% de jueces y funcionarios del aparato judicial fueran parientes entre sí, el influyentismo, el clasismo, el racismo, que convertía a los impartidores de justicia en miembros de un linaje especial, inaccesibles para los ciudadanos comunes. Accesibles sólo para los grandes bufetes de abogados o para empresarios millonarios.

El desafío es construir un verdadero estado de derecho independiente del poder económico, político y criminal. Una ciudadanía con alta conciencia de sus derechos, una academia sofisticada, un empresariado siempre listo a defender sus derechos legítimos y una clase política gobiernista y opositora siempre dispuesta al debate estarán vigilantes.

Y desde la eternidad estará vigilante Benito Juárez y su frase emblemática “entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.