Por: Fuente: https://henoi.org.py

En la semana del 11 al 16 de agosto se desarrolló en la ciudad de Quito, Ecuador, el Encuentro Formativo de Mujeres convocado por Ecuador decide Mejor sin TLC, red que integra la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC. La delegación internacional estuvo conformada por representantes de las Plataformas Argentina Mejor Sin TLC, Chile Mejor Sin TLC y Paraguay Mejor Sin Libre Comercio.

Durante las jornadas de formación se compartieron espacios de intercambio y análisis con referentes de diversas organizaciones sociales y políticas del Ecuador y en las que se exigió la aparición de Julia Chuñil, activista mapuche por la defensa de 900 hectáreas de bosques nativos en peligro ante la avanzada de la industria forestal sobre tierras ancestrales mapuches con la complicidad del gobierno chileno. Julia Chuñil desapareció en noviembre de 2024 durante el gobierno de Gabriel Boric, quien ha hecho caso omiso a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las organizaciones sociales que exigen al Estado chileno intensificar su búsqueda. La desaparición de Julia Chuñil no es un caso aislado, ocurre en un contexto general de avanzada del neofascismo y de una izquierda inmovilizada carente de proyecto político y económico que aglutine a las mayorías trabajadoras.

Se destacó el debilitamiento de las organizaciones sindicales, estudiantiles y feministas que no superan lo episódico para configurarse en un espacio referente de lucha. En este sentido, se plantea como interrogante los límites del movimiento feminista latinoamericano al no recoger las problemáticas estructurales a las que se enfrentan las mujeres en nuestro continente y manifestarse como una expresión de las demandas del feminismo europeo del primer mundo.

Las ONG: nuevo enemigo interno

Referentes de las organizaciones sociales expusieron la situación crítica a la que se enfrentan las ONG en Ecuador con la promulgación de la ley que establece el control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. La situación que atraviesan las ONG en Ecuador es muy similar a la que se pretende imponer en Paraguay con la Ley N°7.363/2024 que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas para las Organizaciones sin fines de lucro en el país. La conocida ley garrote promulgada con el supuesto de garantizar la “transparencia” en el uso de los fondos recibidos, lo que en realidad representa es una suerte de ley mordaza que busca restringir derechos humanos elementales como la libertad de asociación y de participación en asuntos públicos. Esta ley aprobada en Paraguay permite la injerencia innecesaria del Estado en las ONG, organizaciones que ya cumplen con un estricto control de fondos no solo por parte del Estado paraguayo sino por parte de la cooperación internacional.

Este escenario se replica en Ecuador, en donde además de la securitización del Estado, el gobierno del actual presidente Daniel Noboa, hijo del multimillonario Álvaro Noboa, impulsó a través de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), organismo encargado del control para la prevención del lavado de activos, la promulgación de la Ley Orgánica para el control de flujos irregulares de capitales sin que fuera tratada por el parlamento. Esta ley busca regular el financiamiento de las ONG, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro en Ecuador.

El proyecto de ley ingresada con carácter de “urgente en materia económica”, artilugio que permite su promulgación casi directa, establece el registro obligatorio de las entidades en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), así como la publicación de informes auditados, fuente de las donaciones, detalle de los proyectos ejecutados y rendición anual de cuentas. Esta ley faculta a la UAFE a inmovilizar los fondos que sean “sospechosos” por lavado de activos y coloca a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como la autoridad reguladora de las actividades de las ONG, teniendo la facultad de auditarlas, supervisarlas y sancionarlas.

La ley promulgada afecta a todas las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran registradas en Ecuador, incluidas las comunales, fundaciones, juntas de agua, centros agrícolas, veedurías ciudadanas, entre otras. Su tratamiento y promulgación tuvo como antecedentes otras leyes similares promulgadas en otros países de la región como Venezuela y Paraguay que aprobaron leyes similares en noviembre de 2024, México y Guatemala, El Salvador y Perú. Lo que permite inferir que la persecución a las ONG disfrazada de “control y transparencia” constituye una política global de las nuevas derechas latinoamericanas que buscan restringir la capacidad organizativa y de acción ciudadana, así como limitar la participación en los asuntos de interés público y el activismo en la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Reestructuración del Estado: Ecuador y Paraguay, similitudes que asustan

Otro de los aspectos discutidos en el encuentro de formación política fue el desmantelamiento de la institucionalidad y la aplicación de una política de ajuste 2.0. Mientras la academia habla de un mundo “postneoliberal”, las organizaciones sociales, políticas y sindicales en Ecuador tienen absoluta claridad de que lo que se está viviendo actualmente es la crisis del neoliberalismo como propuesta política y económica a la crisis general del capitalismo.

Mientras en Paraguay, bajo designios del FMI se impulsa la “modernización” del Estado y la precarización de los trabajadores del sector público mediante la promulgación de la ley del Servicio Civil, en Ecuador, el símil es el desmantelamiento de las instituciones bajo la fachada de la unificación de carteras del Estado que encubre el despido masivo de trabajadores públicos que quedan en la calle por la falta de presupuesto. Ejemplo de ello ha sido la reestructuración de Petroecuador, petrolera estatal, la desaparición de facto del Ministerio del Ambiente que fue absorbido por el Ministerio de Minas y Energía, entre otros.

La avanzada de las fuerzas reaccionarias de la derecha continental tiene lugar en un escenario de crisis profunda de las organizaciones de izquierda que se expresa tanto en términos narrativos como de lectura de los tiempos que vivimos, de su inserción en las masas y fundamentalmente, en la falta de autocrítica.

La naturaleza como moneda de cambio

En el espacio de intercambio con organizaciones ambientalistas se conversó sobre la nueva moneda de cambio (la biodiversidad) que el capitalismo necesita para transitar hacia la llamada “economía azul” cuya expresión concreta es la llamada Agenda 30 x 30 en la que las corporaciones internacionales asumen un rol protagónico como “conservacionistas”, cuando en realidad lo que pretenden es la privatización de la naturaleza a través de su mercantilización. La nueva agenda de las transnacionales de la conservación en la que están involucradas grandes capitales como JP Morgan, pretenden reconocer a la naturaleza como un activo negociable en el mercado financiero internacional.

La monetarización de la biodiversidad a través de los bonos por naturaleza, presentados como la alternativa a la destrucción ambiental, representan en realidad la concreción de la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital liderados por el capital financiero – especulativo a través de la financierización de la naturaleza que encierra algo mucho más grave: el control sobre los territorios bajo la premisa de la disponibilidad futura que implica en la práctica la pérdida de la soberanía de los Estados sobre los bienes comunes y su riqueza natural.

El encuentro político formativo concluyó con la urgencia del llamado a la acción y la movilización de las organizaciones sociales y políticas, así como del necesario encuentro de las izquierdas en un contexto que no da lugar a más fracturas entre la clase trabajadora.