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El próximo viernes 12 de septiembre a las 09:00 horas, en la Cámara de Diputados, se llevará a cabo una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”. La convocatoria fue realizada por la diputada Leidy Galeano, extendida a diversas organizaciones sociales, el proyecto busca fortalecer las herramientas legales para sancionar los delitos ambientales, un tema de urgente atención en Paraguay.

La expansión del agronegocio y el uso indiscriminado de agrotóxicos generan impactos cada vez más graves sobre comunidades campesinas e indígenas, las fumigaciones con agroquímicos en zonas rurales han sido señaladas de forma reiterada por organizaciones sociales, comunidades y referentes académicos como una de las principales amenazas a la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Numerosos casos documentados muestran cómo las poblaciones vecinas a los cultivos de soja y otros monocultivos enfrentan enfermedades, contaminación de cursos de agua, pérdida de cultivos de subsistencia y afectaciones en sus modos de vida.

De acuerdo con el texto del proyecto, el Artículo 4° de la Ley 716/96 quedaría redactado para establecer penas de tres a ocho años de penitenciaría y multas de 500 a 2.000 jornales mínimos a quienes cometan graves delitos ambientales, entre ellos:

“Pulverizaciones aéreas o terrestres con agrotóxicos y otros químicos en zonas cercanas a asentamientos humanos, instituciones educativas, centros de salud, plazas, cursos de agua y nacientes, sin respetar las franjas de protección legal”. La inclusión específica de las fumigaciones con agrotóxicos en áreas pobladas o sensibles constituye un avance fundamental para proteger la salud de comunidades rurales, niñas, niños y trabajadores de la educación, quienes se encuentran en la primera línea de exposición.

Escuelas y comunidades en riesgo

El libro Agronegocios y Escuelas Rurales aporta un panorama alarmante: centenares de instituciones educativas rurales en Paraguay se encuentran expuestas directamente a fumigaciones con agrotóxicos, poniendo en riesgo la vida de niñas, niños y docentes. Este trabajo demuestra que la problemática no se limita solo a la salud de las familias campesinas, sino que impacta en el derecho a la educación, al ambiente sano y a la vida digna.

Paraguay condenado en la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Caso Rubén Portillo, condenó al Estado paraguayo por su responsabilidad en la falta de protección a comunidades campesinas víctimas de fumigaciones. En sus observaciones, el organismo instó al país a investigar, sancionar y reparar los daños causados, subrayando la urgencia de una política pública que priorice la vida por encima del modelo agroexportador.

En este contexto, la audiencia pública representa un espacio clave para visibilizar las voces de las comunidades afectadas y exigir al Estado respuestas efectivas ante un modelo de producción que prioriza la rentabilidad por encima de la vida y el ambiente.

El fortalecimiento de la normativa ambiental solo será posible si va acompañado de un compromiso real del Estado para hacer cumplir la ley, sancionar a los responsables y garantizar la protección de las comunidades.