Por: Dani Cabezas. Fuente: Climática.

Las cubiertas repletas de canastas de calamares y ejemplares esparcidos en el suelo reflejan las operaciones normales de los grandes buques poteros. Foto: Environmental Justice Foundation

El calamar argentino, uno de los más consumidos en España, llega en buena parte del Atlántico Sur, lejos de la legislación internacional. Tras cada ración se esconden abusos laborales, sobrepesca y graves impactos en los ecosistemas marinos.

Es uno de los platos que no suelen faltar en la carta de cualquier bar español: los calamares forman parte de nuestra cultura gastronómica. Y, sin embargo, aún se conoce poco lo que esconde su pesca a miles de kilómetros de nuestras costas. Una industria opaca sobre la que acaba de arrojar luz una ambiciosa investigación llevada a cabo por Environmental Justice Foundation (EJF), y que ha sido presentada en una rueda de prensa en Madrid.

Las conclusiones del estudio son contundentes. Cada año, cientos de buques se concentran en la llamada Milla 201, justo fuera de la zona económica exclusiva de Argentina, para capturar calamar argentino (Illex argentinus). Es una especie clave para el ecosistema y la economía de la región, pero la falta de regulación ha convertido esa franja en uno de los puntos más oscuros del océano: un lugar donde se mezclan la sobrepesca, la pesca ilegal y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Violencia en alta mar

“Once focas en cinco meses… simplemente les cortaban la cabeza y arrojaban el cuerpo”, relata un marinero indonesio entrevistado por EJF tras trabajar en un pesquero taiwanés. Otro tripulante describe cómo, cada vez que los animales se acercaban al barco, los arponeaban: “El capitán se quedaba con los dientes y la piel. El resto se tiraba al mar”.

Uno de los principales problemas es que este modelo va a más. Según la investigación, la presión pesquera en la zona aumentó un 65% entre 2019 y 2024, casi toda atribuible a la flota china. Los testimonios de tripulantes indonesios y filipinos describen jornadas extenuantes, violencia, muertes sin investigar y retención de salarios. “Trabajé más de un año y solo recibí un pago. El resto del dinero lo retuvo la agencia”, recuerda un pescador indonesio de 20 años enrolado en el buque chino Fu Yuan Yu 7605.

Otro compañero murió tras desarrollar una apendicitis sin atención médica. “El capitán se negó a trasladarlo a tierra. Le dieron solo unas pastillas. A la semana estaba muerto”, explica. Un testigo denuncia además cómo, cuando un tripulante filipino falleció a bordo, “su cuerpo fue arrojado directamente al mar, sin investigación ni autopsia”.

El papel de España

¿Y qué tiene que ver España en todo esto? Mucho. Es el segundo mayor importador de calamar y sepia del mundo, y la principal puerta de entrada de este producto en la Unión Europea. Entre 2019 y 2023, importó de media unas 152.000 toneladas anuales, frente a las 26.000 que aporta la flota nacional. El 85% del calamar que se consume en el país viene, por tanto, de fuera.

La pota argentina (cefalópodo pescado) supone más de 20.000 toneladas al año –un 13 % del total—–y casi la mitad (un 42,9%) procede de pesquerías no reguladas en alta mar. Según la investigación de EJF, al menos un 9% de esas importaciones está directamente vinculado a compañías chinas señaladas por presuntos abusos laborales y crímenes medioambientales. Estos productos entran en España a través de puertos como Valencia, Vigo, Bilbao, Algeciras o Barcelona, para su consumo interno y su reexportación al resto de la Unión Europea.

La presencia masiva de calamar importado de origen dudoso genera un terreno de juego desigual. Mientras la flota española que faena en el Atlántico Sudoccidental opera bajo normas de la UE, con observadores a bordo y zonas cerradas al arrastre, los productos que llegan de la Milla 201 lo hacen sin apenas controles. Esto pone en riesgo a los pescadores nacionales, que cumplen con estándares mucho más estrictos.

Las propuestas 

La investigación de EJF plantea medidas urgentes: reforzar los controles de importación, ampliar las verificaciones a las pesquerías no reguladas y promover mayor transparencia en la cadena de suministro. España, por su posición estratégica en el mercado europeo, tiene capacidad para liderar este cambio.

“España no puede seguir siendo la puerta de entrada de productos del mar vinculados a abusos laborales, sobrepesca y prácticas pesqueras ilegales”, advierte Jesús Urios, responsable de políticas oceánicas en EJF.

Y añade: “Hacemos un llamamiento al Gobierno español para que refuerce los controles de importación, empezando por el calamar argentino, implemente con agilidad los principios de la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca y utilice su posición estratégica dentro de la UE para impulsar un cambio más amplio en el plano internacional. Se trata de derechos humanos, sostenibilidad y competencia justa para nuestra flota”.