Por: Claudia Aranda. Fuente: Agencia Pressenza

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Un drama humanitario y una amenaza al derecho internacional

El veto del gobierno israelí a las visitas de la Cruz Roja Internacional a prisioneros palestinos, desde octubre de 2023, ha abierto una herida profunda en los derechos humanos, la transparencia y el respeto por los tratados internacionales. Este reportaje expone el trasfondo, las consecuencias y las voces que denuncian el aislamiento, la tortura y la indefensión de miles de presos, con especial énfasis en el sufrimiento de la infancia palestina.

El veto a la Cruz Roja sobre prisioneros palestinos

Desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí, bajo la presión de sectores ultraderechistas, retiró la autorización para que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realice visitas humanitarias a prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Esta política de incomunicación sin precedentes afecta tanto a la población adulta como a cientos de menores detenidos. El CICR ha reiterado que está listo para acceder a los centros de detención y ampliar la provisión de ayuda humanitaria, pero la respuesta israelí ha sido negativa, invocando argumentos de seguridad y obstaculizando el acceso a información sobre las condiciones de los detenidos.

El papel del CICR está fundamentado en los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Israel, que prevén el derecho a la visita y asistencia humanitaria de todos los prisioneros en conflictos armados. El veto constituye una violación explícita de estos tratados, que obligan a permitir visitas de la Cruz Roja y acceso a registros médicos y familiares. La privación deliberada de estas garantías no solo es una transgresión de tratados multilaterales, sino que además puede configurar delito internacional por trato inhumano de prisioneros.

Citando a la Cruz Roja – contexto y denuncias oficiales

La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, declaró en agosto de 2025: “El margen para salvar vidas en Gaza y en los centros de detención es cada vez más estrecho. Este es el momento de actuar para respetar las normas más básicas del derecho internacional humanitario y aliviar el sufrimiento de los reclusos y sus familias.” El CICR enfatiza que su papel se limita a facilitar liberaciones puntuales bajo acuerdos políticos, nunca negociados por la organización, y advierte que el bloqueo de su función supervisora fomenta el ocultamiento de abusos y la negación de ayuda médica esencial.

Solo un acuerdo duradero entre las partes puede poner fin al sufrimiento que padecen los detenidos y sus familiares. Garantizar el acceso sin trabas del CICR a todos los lugares de detención no es una concesión política, sino una obligación básica del derecho internacional humanitario.

El pronunciamiento internacional – Leyes violadas y tipificación penal

La negativa israelí a la inspección internacional viola al menos tres cuerpos normativos:

– Los Convenios de Ginebra, que rigen en situación de conflicto o de ocupación, prohíben expresamente la privación de contacto de detenidos con el CICR.

– La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe la detención arbitraria, la incomunicación prolongada y la tortura o malos tratos a menores.

– El Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra el traslado forzoso, tortura, privación de asistencia médica y ausencia de supervisión internacional.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) calificó en opinión consultiva la política de discriminación y bloqueo sistemático, incluyendo el sistema penitenciario, como práctica de apartheid y persecución racial, imponiendo deberes de acción para los Estados signatarios.

De las leyes al campo – los testimonios y evidencias

A pesar del bloqueo informativo, las denuncias de tortura, tratos crueles, hambre, incomunicación y violencia sexual siguen fluyendo por canales alternativos:

– Declaraciones de ex prisioneros liberados, que relatan golpizas, uso de férulas, amenazas, privación de sueño y aislamiento.

– Informes médicos recogiendo cicatrices, secuelas psicológicas y daños irreversibles por falta de tratamiento sanitario.

– Fotografías y videos clandestinos, testimonios audiovisuales y filtraciones posteriores a las liberaciones de rehenes y presos palestinos.

– Informes de ONG como Addameer, B’Tselem y Defence for Children International, que analizan patrones de maltrato y sistematicidad en la violencia.

El último informe mundial de Human Rights Watch y el reporte conjunto Addameer-CICR confirman la existencia de palizas, privación de alimento, uso indiscriminado de detención administrativa, tortura sexual y cirugías invasivas sin anestesia. Se reporta que decenas de palestinos han muerto bajo custodia y un número incierto de cadáveres ha sido retenido por Israel.

El caso de los menores palestinos – entre la tortura y la invisibilidad

El capítulo más grave corresponde al trato a los menores de edad palestinos en cárceles israelíes, abordado por la “Hoja de Ruta 2025-2030” de Defence for Children International, el informe HRW y debates en la ONU. Entre 500 y 700 menores palestinos han sido detenidos anualmente, sin garantías legales, sometidos a prácticas de vendaje de ojos, ataduras, aislamiento, privación del sueño, violencia y amenazas a sus familias.

Las detenciones administrativas de menores se han cuadruplicado en un año; más del tercio están en esa condición, sin cargos ni acceso a familiares. Los informes y testimonios de niños liberados, recogidos por abogados e intermediarios humanitarios, abundan en descripciones de abuso físico, amenazas, privación de agua y comida, ofensas sexuales y uso del miedo como herramienta intimidatoria. Relatorías ONU señalan: “La deshumanización de los niños palestinos es la forma más violenta del negacionismo de su derecho a existir y a pedir ayuda.” El trauma infantil es profundo: pesadillas, ansiedad, regresión emocional, desescolarización y miedo persistente.

Estas denuncias se recogen a través de entrevistas tras la liberación, informes médicos y el acceso limitado de abogados y organizaciones independientes, ante la exclusión absoluta de la Cruz Roja. El trauma colectivo es inmenso y la desprotección extrema.

Los riesgos globales de ignorar los tratados y la defensa del CICR

El veto israelí a la Cruz Roja y la normalización de la incomunicación constituyen la negación misma del derecho internacional humanitario. Permitir el cierre de cárceles a la verificación habilita el delito y debilita la arquitectura de protección global surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Ignorar la función del CICR y las convenciones de Ginebra debilita la legitimidad de todos los protocolos y expone a deportaciones colectivas, exterminio encubierto y tortura sistemática.

La defensa irrestricta del acceso del CICR y el monitoreo internacional no es un favor, sino el resguardo mínimo frente al abuso de poder, la tortura y la desaparición. Es la única protección real para las infancias en situaciones de conflicto, cuyo futuro depende de la vigilancia internacional.

No solo está en juego el destino de miles de palestinos, sino la sobrevivencia del derecho internacional y del sistema de garantías construido tras las lecciones históricas.

Por un mundo con derecho, memoria y vigilancia internacional

El caso de los prisioneros palestinos y el veto a la Cruz Roja es la alerta máxima sobre lo que ocurre cuando la comunidad internacional calla y deja actuar la fuerza sin contrapoder. El derecho internacional y la voz de la Cruz Roja son la frontera entre la barbarie y la civilidad. Defenderlos, exigir acceso y condenar a los responsables no es un acto de solidaridad política, sino de elemental humanidad y memoria histórica colectiva.