Por: Redacción Central.

La fiebre del oro que comenzó a mediados de los años 90 en Paso Yobáy transformó de manera irreversible la vida social, económica y ambiental del distrito guaireño.

A más de 20 años del descubrimiento de yacimientos auríferos en el arroyo Itá, las comunidades campesinas e indígenas conviven con la contaminación por mercurio y cianuro, la deforestación, el desplazamiento de la agricultura familiar y un entramado de corrupción y clientelismo político que, según denuncias, favorece a empresas privadas en detrimento del bien común.

Un informe presentado en la víspera por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), elaborado en conjunto con la Universidad de Máster en Acceso a la Abogacía de Sáenz (España) y el investigador Guillermo Torrubia de Nova, busca dar una mirada integral a este proceso. El documento fue presentado ayer por la ingeniera ambiental Sara Montiel, especialista en el derecho a la tierra, al agua y a un ambiente sano; el investigador Rubén Ibarra, y el abogado Walter Isasi, asesor legal de Codehupy.

El informe denuncia que la minería artesanal libera cada año cerca de una tonelada de mercurio en Paso Yobái. Para obtener un kilo de oro se requieren dos kilos de mercurio, lo que explica la magnitud de la contaminación acumulada en suelos, cursos de agua y en la propia población.

Investigaciones realizadas entre 2018 y 2019 ya habían detectado que las familias locales superaban los límites internacionales de seguridad por exposición al mercurio. En el río Tebycuarymí, por ejemplo, se hallaron concentraciones cuatro veces superiores a lo permitido.

A esto se suman los efectos del cianuro empleado por las empresas industriales. Se documentaron arroyos con aguas rojizas, peces muertos y cultivos de yerba mate afectados, además de denuncias de comunidades que atribuyen problemas neurológicos y respiratorios a la exposición a estos químicos. “La población más vulnerable son los niños y las mujeres embarazadas”, advirtió Montiel. En paralelo, la deforestación avanza pese a la vigencia de la Ley de Deforestación Cero: Desde 2010, más de 100 hectáreas de bosques y campos naturales fueron arrasadas para abrir espacio a la explotación aurífera.

CONTAMINACIÓN. El investigador Rubén Irala, que trabajó junto a universidades nacionales y extranjeras, confirmó que el distrito se encuentra “totalmente contaminado” en agua, aire, suelo y cultivos. Entre sus hallazgos se destaca que el 84% de los mineros artesanales utiliza mercurio, el 12% emplea cianuro y solo una pequeña fracción recurre a métodos alternativos.

En la primera etapa de explotación artesanal (2002-2015) el país importó 36 toneladas de mercurio y se produjeron 461 kilos de oro, generando USD 45 millones anuales, pero sin ningún plan de mitigación ambiental. “La contaminación del aire por vapores de mercurio, la infiltración en napas subterráneas y el impacto en los cultivos fueron comprobados en laboratorio”, sostuvo Irala.

El informe también documenta graves irregularidades institucionales, en que empresas mineras operan sin licencias ambientales o con concesiones fraudulentas, cambian constantemente de razón social para evadir controles y se sospecha de contrabando de oro a través de redes internacionales de comercialización.

El abogado Walter Isasi, del equipo jurídico de la Codehupy, reveló que entre 2022 y 2024 se abrieron 19 causas penales por delitos ambientales en Paso Yobái, pero ninguna concluyó en sanción.