Por: https://www.lapoliticaonline.com/

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y el ministro del Interior, Enrique Riera, son los principales miembros del gabinete de Santiago Peña a quienes los opositores y manifestantes señalan como responsables de la represión a los manifestantes de la "Generación Z". A las denuncias por espionaje ilegal a las redes sociales de los organizadores de la protesta se suman las lesiones que presentaron algunos de los detenidos en la Agrupación Especializada, que fueron liberados.

En el Senado, la oposición adelantó que presentaría un pedido de interpelación contra los dos funcionarios. Benítez dijo que el operativo del domingo estaba basado en un "trabajo de inteligencia" previo e incluso aseguró que se había detectado en redes una narrativa violenta que incitaba a la desobediencia y que buscaba "provocar" a los uniformados.

Benítez justificó la represión en la marcha de la "Generación Z": "Estaban buscando incidentar"

La Policía Nacional abrió una carpeta fiscal por la supuesta amenaza o incitación a cometer hechos punibles, pero los jóvenes que fueron demorados tras la movilización fueron puestos en libertad por decisión del Ministerio Público.

Benítez acusó a los manifestantes de "incidentar" para luego "victimizarse". Los legisladores opositores rechazaron la postura oficial y señalaron graves irregularidades en el procedimiento. El senador Rafael Filizzola denunció que la Policía monitoreó y difundió conversaciones privadas obtenidas de redes sociales sin contar con una orden judicial, un procedimiento que calificó de "totalmente lesivo de los derechos constitucionales".

Filizzola sostuvo que la información sustraida de manera ilegal se estaba utilizando para justificar el "exceso en el uso de la fuerza y la violación de derechos". El caso más emblemático es el de Yennifer González, quien habría escrito que llevaría jeringas infectadas a la movilización. Referentes del gobierno y comunicadores afines al cartismo sacaron una coartada de esa presunta declaración para avalar el proceder policial.

El abogado Juan Pablo Irrazábal de la Universidad de Bonn, Alemania, explicó que el argumento de la Policía Nacional sobre los discursos violentos encontrados en chats no podían constituirse como delitos de instigación porque el hecho punible tuvo que haberse cometido. Aparte, sostuvo que el artículo 36 de la Constitución Nacional indica que el patrimonio documental de una persona es inviolable, incluso las comunicaciones que tuvo. 

En el pedido de interpelación no solamente agregaron los espionajes, también las detenciones arbitrarias y los maltratos que recibieron los jóvenes detenidos. Otro funcionario cuestionado es el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, quien llegó recién a la agrupación a las 3 de la tarde, cuando los detenidos ya estaban prestando declaración. En Diputados también se evalúa plantear su comparecencia.