

Por: https://www.baseis.org.py/
“La democracia es para algunos nomás, no para todos los sectores. Acá, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, somos los que ponemos el pecho para una construcción de una verdadera democracia y que sea pluralista, que atienda todos los intereses, todos los sectores, y poder solventar, a través de políticas públicas, todas las necesidades”. La frase, tomada del libro Movimientos sociales y élites editado por BASE-IS, cobra renovada fuerza frente al actual ciclo de movilizaciones que recorren el país.
En los últimos días, las calles se convirtieron en el escenario central de la disputa política. Pueblos Indígenas, campesinos, cañicultores y diversos sectores populares volvieron a instalar sus reclamos en la agenda pública, cuestionando la exclusión sistemática y la falta de respuestas a sus demandas históricas.
Las comunidades indígenas mantienen desde hace semanas una movilización nacional que denuncia la desatención del Estado, la ausencia de políticas públicas y la profundización del despojo territorial. En paralelo, las familias campesinas continúan su lucha por la tierra y contra los desalojos, mientras los cañicultores protestan por la falta de condiciones dignas para la producción y comercialización.
Estas expresiones colectivas, lejos de ser hechos aislados, dan cuenta de un malestar social creciente y de un reclamo común: ampliar los límites de la democracia hacia una participación real, donde las mayorías populares tengan control sobre las decisiones que afectan directamente sus vidas.
Las movilizaciones no solo visibilizan necesidades concretas –tierra, producción, derechos básicos– sino que también interpelan a un modelo político que concentra los espacios de decisión en pocas manos, excluyendo sistemáticamente a los sectores organizados de campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes.
En este contexto, la calle aparece como el lugar desde donde los movimientos sociales intentan construir una democracia pluralista y de base popular, que no se limite a procesos electorales, sino que se exprese en el derecho a decidir sobre el trabajo, la tierra, la educación y el futuro colectivo.
Las jornadas de resistencia y protesta de las últimas semanas revelan que, frente al cierre de los canales institucionales, los pueblos siguen apostando a la movilización como vía necesaria para transformar radicalmente la realidad y disputar un país más justo, inclusivo y democrático.