

Por: Augusto Taglioni Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/
La negociación por el anexo C de Itaipú se está convierten en un tema problemático para la relación entre Brasil y Paraguay. Agotadas todas las instancias técnicas para alcanzar un acuerdo, en el Gobierno de Santiago Peña dan por hecho que las razones de la demora está motivado por cuestiones políticas.
A finales de febrero, Lula da Silva envió a una pequeña comitiva a Asunción para fijar la fecha de la firma del Anexo C del Tratado de Itaipú, con la fecha del 30 de mayo como plazo, pero al llegar el día no hubo anuncio.
Pero cuando Peña y Lula encaminaban las negociaciones preliminares por el Anexo C -el apartado que ordena las cuestiones financieras y operativas y el precio de la electricidad, entre otros puntos-, el caso de espionaje a funcionarios paraguayos enturbió el diálogo. Desde entonces no se retomó y más allá de una reunión en Buenos Aires entre los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira, no hubo más avances.
El alineamiento de Peña con Donald Trump y Javier Milei no contribuyó a la buena sintonía con Lula, que se encargó de boicotear la candidatura paraguaya a la OEA, en otra señal de tensión y distancia. Desde entonces, Paraguay vota todo en alianza con Argentina.
En Brasil esquivan las consultas respecto de la negociación por el Anexo C y argumentan que lo que frena el acuerdo tiene que ver con elementos "técnicos" de las dos cancillerías.
En ese marco, el ministro de Industria y Comercio (MIC) y miembro del Consejo de Itaipú, Javier Giménez, cristalizó el malestar en el Gobierno y reconoció que lo que impide destrabar las negociaciones es en verdad la falta de respuesta de Brasil al escándalo del espionaje.
"Se está aplicando la tarifa que Paraguay negoció en un contexto de pago de deuda. Paraguay consiguió una tarifa histórica, esos recursos se están aplicando a la construcción de infraestructura dentro del programa del Gobierno de Paraguay, priorizando salud, priorizando infraestructura educativa, seguridad, que es muy importante; entonces, yo no veo donde estamos perjudicados", dijo el ministro.
"Firmamos una tarifa recuperando ingresos genuinos para el Paraguay, muy importante, por tres años, ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos entrar en la negociación de tarifa, que generalmente se hacía por un año, nosotros lo hicimos por tres, justamente para dar previsibilidad ante cualquier acontecimiento que pudiera ocurrir durante este proceso sensible que es la revisión del Anexo, y ocurrió, no estaba planeando, pero ocurrió", refirió.
La renegociación del anexo tenía que darse en agosto de 2023, cuando se cumplía medio siglo de su entrada en vigencia -según lo estipulado en el tratado de la binacional-, pero Peña acababa de asumir en el cargo y buscaba ganar tiempo, a la par que medía la predisposición de Lula. Para agregarle otro condimento a la discordia, Marco Rubio se mostró a favor de usar la energía paraguaya para desarrollar la Inteligencia Artificial, un campo en el que EEUU quiere llevar la delantera.
En ese momento, Rubio era parte de una ofensiva muy fuerte contra el gobierno de Lula por la condena contra Bolsonaro pero se cambió abruptamente tras el gesto de acercamiento de Trump y el llamado telefónico de este lunes.
Lo cierto es que Brasil es quien pone las condiciones de la negociación, aun si esto va en detrimento de su socio paraguayo, que sigue vendiendo su excedente bajo acuerdos transitorios que mantienen la tarifa en torno a 16 a 19 dólares por kilovatio/mes.
En efecto, la ventaja para Brasil le resta capacidad de maniobra a Paraguay, que deja pasar la oportunidad de renegociar tras el pago de la deuda histórica de Itaipú en 2023. En diciembre, Brasil será anfitrión de la cumbre de Mercosur y se abre otra posibilidad de negociación.