Por: Articulación Nacional Indígena Por Una Vida Digna

Desde la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna -ANIVID, hemos tomado conocimiento de las declaraciones en las que el Ministro del Interior afirma “las cabezas indígenas están envenenadas por ONG’s”. Consideramos que tales afirmaciones no solo carecen de base, sino que, además, dañan la dignidad de los Pueblos Indígenas y fomentan la desinformación y el prejuicio. Por tanto, presentamos a continuación algunos datos oficiales sobre la situación demográfica, territorial, de salud y de tenencia de tierras de las comunidades y los Pueblos Indígenas en Paraguay, para que la discusión se fundamente en la verdad, no en rumores.

• En Paraguay viven 19 pueblos indígenas, distribuidos en cinco familias lingüísticas.
• Según el Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas (2022), la población indígena total es de aproximadamente 140.206 personas, lo que representa cerca del 2,29 % de la población total del país.
• Existen 782 comunidades, aldeas, barrios, núcleos de familia indígenas censadas en los 14 departamentos del país.
• Del Censo de 2012 (y confirmaciones en el 2022), aproximadamente el 72,4 % de las comunidades indígenas declararon tener tierra propia.
• Sin embargo, un 27,6 % de las comunidades no cuentan con tierra propia. Es decir, 148 comunidades en ese censo reportaron problemas de tierra: no poseen tierra propia.
• Muchas comunidades indígenas residen en tierras que pertenecen formalmente al Estado u otras instituciones públicas (INDI, INDERT, MDS Ex Secretaría de Acción Social), sin que hayan sido transferidas o tituladas a nombre de la comunidad.
• Las comunidades indígenas enfrentan problemas ambientales: contaminación hídrica, fumigaciones, pérdida de fauna silvestre, deforestación.
• En muchos casos, las infraestructuras de salud, agua potable, electricidad son insuficientes o inexistentes
• En Paraguay, las mujeres indígenas enfrentan un riesgo de muerte materna hasta ocho veces mayor que las mujeres no indígenas (UNFPA, 2024; MSPBS, 2022), reflejando profundas desigualdades en el acceso y la calidad de la atención en salud.
• Según el Censo Nacional de Pueblos Indígenas 2022 (INE), más del 60 % de las comunidades no cuenta con caminos de todo tiempo que garanticen conexión permanente con centros de salud, educación o abastecimiento.
• El analfabetismo alcanza al 29 % de las personas indígenas mayores de 15 años, frente a apenas 4 % en la población no indígena (INE, Atlas de Comunidades Indígenas, 2023)

En vez de dar argumentos falaces como la acusación de “envenenamiento” por ONG’s, deberían hablar de la deuda histórica del Estado paraguayo para resolver los problemas sociales, territoriales, ambientales, económicos, políticos y culturales de las comunidades indígenas; porque,

• No existe evidencia creíble, pública ni oficial, que demuestre la existencia de un intento sistemático de “envenenamiento” de cabezas indígenas por parte de ONG’s.
• Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con comunidades indígenas se dedican a promover derechos humanos, territorialidad, salud, derecho ambiental, educación intercultural, y muchas veces su trabajo consiste en visibilizar los problemas que ya existen, no en crearlos.
• Acusar sin pruebas puede alimentar discursos de odio, estigmatización, y agravar la vulnerabilidad de pueblos ya históricamente marginados.
• Rechazamos las afirmaciones del ministro sobre “un millón de hectáreas” y la supuesta falta de trabajo en las tierras indígenas. El territorio no es solo producción: es vida, cultura y espiritualidad. Cada pueblo tiene derecho a decidir cómo usar su tierra, conforme a su organización y su cultura.

Por ello hacemos un llamado al respeto, porque los Pueblos Indígenas tenemos capacidades de pensar, de hablar, de proponer y de hacer, con lo que:

• Solicitamos que quienes hacen afirmaciones tan graves presenten pruebas concretas, verificables, y se basen en datos oficiales.
• Invitamos al diálogo respetuoso, con instituciones estatales, organizaciones indígenas y sociedad civil, para contrastar la realidad con hechos, no con rumores.
• Recordamos que la Constitución Nacional reconoce a los Pueblos Indígenas como preexistentes, con derechos a la identidad cultural, territorios, participación política y educación acorde a sus singularidades.

Afirmaciones sin sustento no ayudan: distorsionan la verdad, incrementan las injusticias, y pueden generar más daño que bien. Invitamos a Enrique Riera, a Enrique Vargas Peña y a todos los actores públicos a informarse bien, a consultar las fuentes oficiales y a comprometerse con la justicia, la transparencia y el respeto. Solo necesitan dar una vuelta por las casi 800 comunidades para ver la realidad, antes que mantener el sesgo y la discriminación como una herramienta de desinformación como servidor público y periodista o comunicador.

Asunción 09 de octubre de 2025