Por: Agencia Pressenza

El Congreso de la República del Perú; había admitido la vacancia presidencial de Dina Boluarte Zegarra, por incapacidad moral permanente, con 124 votos a favor. La conducción del país quedaría en manos del presidente del Parlamento, José Jerí, quien debería concluir el mandato hasta julio de 2026, fecha en que asumiría el próximo mandatario. La caída de Boluarte es producto del desborde de las extorsiones que cobran vidas diariamente en el país.

Lamentablemente hay que comenzar con las cifras: en el Perú diariamente se presenta 75 denuncias por extorsión y, entre enero y agosto del presente año este delito ocasionó 1,513 homicidios (más de seis por día), según información de la Policía Nacional (PN). La muerte de empresarios, transportistas, artistas, bodegueros e incluso, ataque a instituciones educativas, han colocado al país en una nueva crisis político-social.

Sin embargo, la lentitud de las acciones, los ineficaces “estados de emergencia” y “mesas de trabajo” y las “leyes pro crimen” emitidas por el mismo Congreso de la República y refrendadas por el gobierno, incrementan la desconfianza institucional y acrecientan el malestar popular.

Se suman a estos “detonantes” la falta de voluntad política de parte de la mandataria y de los congresistas, quienes responden al pedido popular con perdigones, bombas lacrimógenas, golpes y detenciones arbitrarias a jóvenes y adultos mayores en las protestas, que van in crecendo; y que pese a la satanización, se han convertido en la única vía que hoy tiene la población para exigir soluciones. ¡Que se vayan todos! exige la población.

Problemática que se dejó crecer

Los actos extorsivos (como la extorsión telefónica, el cobro de cupos, préstamos gota a gota y secuestros) han tenido un crecimiento progresivo desde el 2018 y según el Ministerio Público, estos presentan un aumento del 478% en los últimos cinco años. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que el país pierde 19 mil millones de soles a causa de la inseguridad y, la Asociación de Bodegueros del Perú proyecta el cierre de 2,600 bodegas entre el 2024 y 2025.

Con el evidente crecimiento de la criminalidad todos se preguntan ¿por qué el gobierno ejecuta medidas reactivas que no surten efecto o impulsa la “ley pro crimen”?

Entre las medidas impulsadas por el gobierno de Dina Boluarte se encuentran la creación de cinco penales, creación de grupos especiales, declaraciones de estados de emergencia (sin presupuesto), mesas de trabajo, operativos, entre otras medidas.

Leyes que favorecen el crimen

Sin embargo, contradicen toda medida de protección a la sociedad la promulgación de las leyes pro crimen como la Ley N° 32108 (que debilita la lucha contra el crimen organizado), la Ley 31571 (otorga prescripción a delitos graves), Ley 32181 (saca de la cárcel a criminales), D.L. 1585 (reduce penas criminales para deshacinar las cárceles) y otras. La población reclama su derogación reiteradamente, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo han escuchado la demanda popular.

Se suma al vergonzoso contexto pro crimen, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte quien alega que la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amenaza la soberanía del país, proponiendo la Ley de Soberanía Nacional que acelerará el retiro de Perú del Pacto de San José (sin consulta de la sociedad civil y liderada por las fuerzas armadas, la Presidencia del Consejo de Ministros, la cancillería y la cartera del Interior).

“Desvincularnos del Pacto de San José sería muy perjudicial para la protección y promoción de derechos humanos, sobre todo en un país como el nuestro donde históricamente estos derechos no han sido -ni son- plenamente garantizados. El Pacto permite a los ciudadanos de los Estados, poder acceder a un proceso internacional en caso de que su derecho no haya sido protegido de forma adecuada por las instancias internas; por tanto, surge como una garantía fundamental para la protección de los Derechos Humanos, y con ello, para la vigencia de la dignidad inherente a cada individuo” señala la revista Enfoque.Derecho.

La salida del Perú del Pacto de San José no solo dejaría desprotegida a la población sino, que abriría la puerta a la impunidad en investigaciones que actualmente enfrenta nuestra clase política, encabezada por la misma presidenta de la República, congresistas, candidatos, entre otros.

Problema que tiene solución

El desborde de la criminalidad en el Perú ha ocasionado la afectación a la salud mental de los ciudadanos de a pie, quienes manifiestan miedo (pánico, frustración y sensación de impotencia), desconfianza en sus instituciones y la sensación de inseguridad, que ya viene alterando comportamientos como aislamiento y aumento de la alerta. Estos son atizados por la influencia de los medios de comunicación que difunden masivamente y sin filtro los actos delictivos, generando una espiral de odio, miedo y polarización.

Ante este panorama sombrío el director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, señala soluciones como la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario; intervención de la Contraloría, además de la reforma de estas instituciones tutelares.

Asimismo, la prevención del delito:  «Medir bien el problema, probar políticas, corregir lo que no funciona (no fingir que no existe). Si seguimos en la retórica de la ‘mano dura’, solo reaccionamos. La prevención, en cambio, evita que el delito ocurra», explica Zevallos.

¿La vacancia soluciona el problema?

Con la aprobación de la vacancia que hoy pesa sobre la presidenta Dina Boluarte el problema de la extorsión no será solucionado. Sin embargo, pone en relieve lo más importante: la vida humana que debe ser salvaguardada por todos, especialmente por nuestras autoridades.

Mañana se prevén nuevas manifestaciones, ya que la vacancia de la mandataria no sería la única exigida por la población: “¡Que se vayan todos!” gritan diversos sectores de la población. Y en la vacancia está incluido el Congreso de la República, que hoy se pone al costado, deslindándose de su fiel aliada, y a la que hoy sacrifica como “carne de cañón”. Perú vive una nueva crisis política.