Por: Agencia Pressenza

José Jerí Oré- Nuevo Presidente de la República del Perú.

El Perú amaneció hoy con nuevo presidente de la República, el abogado José Jerí Oré, tras la vacancia por incapacidad moral de la ex mandataria Dina Boluarte Zegarra; también se renovó la presidencia del Congreso que fue asumida interinamente por Fernando Rospigliosi, de la bancada fujimorista de Fuerza Popular. La reacción de los medios de comunicación gira en torno a la renovación política, mientras que la población anuncia marchas masivas y sigue esperando una solución a la creciente inseguridad ciudadana generada por las extorsiones.

Polémico perfil

La población muestra desconfianza frente al perfil del nuevo mandatario y por la permanencia de los congresistas que han emitido leyes perjudiciales que favorecen al crimen organizado.

Mientras el presidente de la nación presenta denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia a la ley; el Congreso ahora está en manos de la bancada fujimorista, de la cual aún está vivo el nefasto recuerdo de abuso de poder de su líder Keiko Fujimori.

Respecto al presidente Jerí, el caso de abuso sexual salió a la luz en enero de 2025 mediante una denuncia de una fémina que lo involucró en una violación; sin embargo, el caso fue archivado. También enfrenta acusaciones de corrupción en su rol como presidente de la Comisión de Presupuesto, en la que una empresaria denunció la entrega de un soborno de 150 mil soles a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del MEF.

El nuevo presidente también enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito debido a un incremento patrimonial significativo, pasando de S/. 96,644 soles en el 2021 a S/. 1,157,794 soles en el 2024 (con un aumento abrupto de 1,000% en tres años). También se le investiga por desobediencia a la autoridad al haber incumplido la orden de someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”; el caso sigue abierto.

Oposición que obstaculiza

Por su parte, la asunción de Fernando Rospigliosi a la presidencia del Congreso de la República tampoco brinda confianza a la población, y peor aún, ya se escuchan los “reacomodo e idas y venidas” de los parlamentarios, solo meses antes de las próximas elecciones generales que se realizarán en abril de 2026.

El primer vicepresidente del Parlamento y ex viceministro del Interior, Fernando Rospigliosi, asumió el mando del Congreso de la República de manera interina, para garantizar la continuidad institucional; sin embargo, pesa sobre él la bancada a la que representa y que ha perdido la confianza popular.

Todavía está fresca en la memoria local, la pésima actuación de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, al perder las elecciones generales del 2021 y que llevó al sillón presidencial a Pedro Castillo Terrones. Desde el primer minuto de mandato la ex candidata desplegó una oposición recalcitrante que obstaculizaba y debilitaba la gestión presidencial, polarizando los grupos políticos y sectores sociales, e impulsando la vacancia de Castillo; además de las diversas acusaciones de corrupción que pesan sobre ella.

Gran Marcha Nacional

En el contexto de descontento generalizado, diversos colectivos de la Generación Z, trabajadores, estudiantes, transportistas, sindicatos y gremios anunciaron una Gran Marcha Nacional para el próximo 15 de octubre “contra el gobierno y el Congreso que no representan al pueblo, la inacción de las autoridades frente a la criminalidad, el nepotismo y la corrupción; y la falta de perspectivas laborales para jóvenes y trabajadores”.

La convocatoria fue lanzada por el denominado Bloque Universitario que congrega a estudiantes de las universidades San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP; y recibieron el respaldo de los gremios de transporte que se sumarán al paro nacional. Los convocantes expresan rechazo a lo que consideran una “dictadura del Congreso y del Ejecutivo”.

La ciudadanía en general exige inmediata y efectiva intervención de las autoridades para acabar con el desborde de las extorsiones que, al momento, ha ocasionado la muerte de 80 conductores, paralización de obras, cierre de bodegas y empresas, migración de empresarios; además de la psicosis social que experimenta la población en todas las regiones del país.