Por: Redacción Central.

El miércoles, la Contraloría General de la República inició el examen de correspondencia al patrimonio del presidente Santiago Peña, tras un pedido realizado por el mandatario salpicado por sospechas de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Camilo Benítez, actual contralor general de la República, reveló a la prensa que se realizaron 27 pedidos de informes a instituciones públicas y privadas para iniciar las pesquisas.

Entre las instituciones se encuentran la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Registro Público, el Banco Central del Paraguay y otros.

Uno de los puntos esenciales del examen es la construcción de una mansión iniciada por Peña en la ciudad veraniega de San Bernardino.

“Pediremos informe a la propia empresa constructora para ver si es que él pagó o no, cuánto pagó, cómo pagó, qué facturas emitieron con relación a la construcción de su casa en San Bernardino. Y así vamos a ir cerrando todo el circuito”, expresó el contralor.

Límites de la Contraloría

El funcionario estatal aclaró que la normativa vigente no habilita a la Contraloría auditar ni verificar la correspondencia de bienes o el patrimonio personal del presidente de la República en el ámbito privado, solo durante su paso como funcionario público.

“Por expreso mandato de la Constitución y de la ley, la Contraloría solamente puede verificar el procedimiento dentro de la función pública. Así lo dice la Constitución y la ley de la declaración jurada, la ley orgánica de la Contraloría también”, insistió.

Benítez aclaró que está dentro de sus atribuciones investigar si el mandatario pagó los impuestos a la renta cuando se desempeñaba en el sector privado, pero no los pormenores de su contratación. “Específicamente por qué se le contrató en este lugar o por qué en este otro, eso escapa de nuestra competencia”, recalcó.

Denuncia de la oposición

El pasado 17 de octubre, el mandatario presentó una actualización de su declaración jurada y solicitó una revisión integral de la Contraloría, en medio de un escándalo que involucró al mandatario y su esposa, Leticia Ocampos, por supuestos hallazgos de sobres con dólares en el quincho de la casa presidencial Mburuvicha Róga.

Al salir a la luz el caso, parlamentarios opositores lo denunciaron por supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato.

Señalaron un aumento patrimonial injustificado de 1.603% entre 2017 y 2023, compras de bienes sin respaldo legal y contratos por G. 992.000 millones a empresas vinculadas.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y actualmente está siendo analizada por investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde está en etapa de examen de correspondencia.