Por: https://www.lapoliticaonline.com/

La presión internacional y doméstica se intensifica sobre el gobierno de Lula da Silva para que el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) sean clasificados como organizaciones terroristas. El foco más notorio viene de la administración Trump, que según revelaron medios brasileños, evalúa la posibilidad de dar el paso para aumentar las capacidades de Washington a la hora de imponer sanciones y compartir inteligencia.

A la presión externa se suma la interna, que tiene como punta de lanza la intención de la oposición, afín al expresidente Jair Bolsonaro, de aprobar una iniciativa para incluir a las organizaciones criminales en la ley antiterrorista. El proyecto se dio luego de la reciente ofensiva policial en Río de Janeiro contra el CV -que dejó más de 120 muertos-, liderada por el gobernador bolsonarista Claudio Castro.

El propio Castro fue señalado por haber encabezado un intenso lobby durante al menos seis meses ante la administración republicana para lograr la designación de narcoterroristas. Según reveló O Globo la semana pasada, a comienzos de 2025, Castro entregó un informe confidencial a la embajada de EEUU con el argumento de la creciente brutalidad y la transnacionalidad del CV.

Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, fue señalado por haber encabezado un intenso lobby durante al menos seis meses ante la administración republicana para lograr la designación de narcoterroristas

Como parte de su campaña, Castro visitó en mayo las oficinas de la División Antidrogas (DEA) en Nueva York para proponer un acuerdo de colaboración. Este movimiento generó controversia y llevó al secretario general de Lula, Guilherme Boulos, a denunciar que el embajador norteamericano mantenía reuniones secretas con el gobernador.

Ante el proyecto legislativo de la oposición, Boulos dijo que el concepto de narcotráfico era la base retórica que utilizaba Estados Unidos para justificar la intervención armada en América Latina. Pero la tesis fue compartida de manera implícita por el Planalto y el PT.

La presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, había dejado en claro que el gobierno de Lula estaba "terminantemente en contra" de la propuesta. Hoffmann advirtió que la legislación internacional podría dar pie a que "otros países" intervinieran en los asuntos internos, en clara alusión al gobierno de Trump.

El periodista de investigación y catedrático Leandro Demori alertó sobre una posible movida geopolítica, que EE. UU. pueda establecer una base militar y de espionaje en Paraguay 

En sintonía, el líder del PT en la cámara baja, Lindbergh Farias, había calificado el proyecto de ley como "inconstitucional" y una "amenaza directa para la soberanía del país".

En el debate sobre el asunto, la posición del gobierno de Santiago Peña, que se sumó a Javier Milei en la declaración de terroristas a estas organizaciones, no pasa inadvertida. El periodista de investigación y catedrático brasileño Leandro Demori alertó sobre una posible movida geopolítica, y dijo que el objetivo final de esta presión era que EEUU pudiese establecer una base militar y de espionaje en Paraguay.

Demori sugirió que, desde allí, la administración Trump podría comenzar a realizar incursiones, incluso en territorio brasileño, bajo el pretexto de combatir a grupos como Hezbolá y otras bandas criminales como el PCC.

Demori es reconocido como uno de los responsables de la investigación que destapó el escándalo de "Vaza Jato", que documentó comunicaciones ilegales entre miembros de la Fiscalía y el exjuez y exministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, durante la causa de Lava Jato.

La semana pasada, el Gobierno de Peña había anunciado el lanzamiento de la operación "Escudo Guaraní", coordinada por el Consejo de Defensa Nacional. Esta acción busca reforzar las fronteras y contempla la militarización de los departamentos limítrofes con Brasil y Argentina. La operación, que incluye el uso de aviones A-29 Super Tucano para el patrullaje, llegó justo después de que Peña declarara al PCC y al CV como grupos terroristas.