Por: Fuente: https://debatesindigenas.org/

La cortina de humo de la energía limpia.

Foto: Regroupement de Protection des Lacs de la Petite-Nation 

La participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en proyectos como Lomiko y Strange Lake muestra cómo las narrativas de energía limpia pueden alinearse con objetivos militares. Minerales como grafito, litio, tierras raras y níquel son esenciales no sólo para las baterías de vehículos eléctricos, sino también para la industria militar. Quebec tiene una decisión que tomar: respetar sus compromisos con los derechos indígenas y la justicia climática, o alinearse silenciosamente con las prioridades militares estadounidenses.

La muy publicitada prohibición de combustibles fósiles en Quebec en 2022 fue presentada como un audaz acto de liderazgo climático. Sin embargo, en la práctica, la provincia canadiense está apostando por la expansión minera, en particular, de los llamados minerales críticos que son esenciales para las cadenas de suministro energéticas y militares de Estados Unidos. Esto crea una paradoja: los combustibles fósiles son demonizados, mientras la extracción mineral se acelera silenciosamente, en beneficio de las corporaciones mineras canadienses y, de las industriales y militares estadounidenses bajo la fachada de una “transición verde”.

La contradicción se vuelve especialmente evidente en los territorios indígenas. Proyectos como la mina de grafito Lomiko y el proyecto Strange Lake de tierras raras muestran cómo la narrativa de liderazgo climático de la provincia enmascara la continua erosión de la soberanía indígena. La imagen pública de Quebec como pionero ambiental oculta la realidad de una extracción de recursos que a menudo avanza sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Soberanía indígena y transición justa

En todo Quebec, las tierras indígenas se abren a proyectos mineros en nombre de la transición energética. Según un informe de MiningWatch Canada, un asombroso 10% del territorio de Quebec está bajo concesiones mineras, mientras que el 60% de las 338.000 concesiones se superponen con ríos, lo que multiplica los impactos. Aunque en 2021 Canadá aprobó la Ley C-15 que incorporó la DNUDPI en la legislación federal, el CLPI sigue siendo más aspiracional que real. Las comunidades son consultadas después de que los proyectos ya están en marcha o bajo condiciones que hacen casi imposible ejercer el derecho a decir no. 

En Canadá, el CLPI rara vez se respeta de manera adecuada en proyectos extractivos. Un verdadero derecho a rechazar un proyecto implicaría consultas antes de su inicio, incluyendo a ancianos, mujeres y niños, y no sólo a hombres o líderes tribales. Y si una comunidad dice no, el proyecto debe detenerse. Una transición verdaderamente justa hacia energías limpias debería situar la soberanía indígena como principio rector antes de empezar cualquier proceso. El CLPI no puede ser un trámite de último momento.

La contradicción entre la retórica de Quebec sobre los derechos indígenas y sus compromisos climáticos queda clara con la mina de grafito Lomiko y el proyecto de tierras raras Strange Lake en Nunavik.

En 2023, el fallo R. c. Montour en Quebec otorgó a la Ley C-15 “el mismo peso que un instrumento internacional vinculante”, al interpretar el artículo 35(1) de la Constitución. Si bien fue celebrado como un paso histórico que elevaba los derechos indígenas en la provincia, su implementación ha sido desigual. Un tribunal superior de Quebec falló recientemente a favor de la Primera Nación Mitchikanibikok Inik, que había demandado a la provincia por incumplir su deber constitucional de consultarlos antes de otorgar concesiones mineras en su territorio. El fallo obliga a la provincia a consultar y acomodar a la Nación no solo sobre las concesiones existentes, sino también sobre las nuevas. Una victoria parcial, en retrospectiva.

En abril de 2022, Quebec volvió a posicionarse como líder progresista al aprobar la Ley 21, que prohíbe nuevas exploraciones y producciones de petróleo, además de exigir la restauración de los territorios. La norma fue ampliamente celebrada como un paso hacia una acción más firme contra el cambio climático. La contradicción entre la retórica de Quebec sobre los derechos indígenas y sus compromisos climáticos queda clara con la mina de grafito Lomiko y el proyecto de tierras raras Strange Lake en Nunavik. En estos proyectos, las promesas de sostenibilidad chocan con la realidad extractiva.

La industria militar estadounidense y la oposición indígena

En la región de Outaouais, el proyecto La Loutre de Lomiko Metals Inc. propone una mina de grafito a cielo abierto presentada como parte de la “transición ecológica”. Recientemente, una millonaria subvención del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento de esta mina, ampliamente rechazada. Según Lomiko, podría llegar a ser la séptima mina de grafito más grande del mundo.

El proyecto recibió una subvención de 8,35 millones de dólares del DoD a través de un acuerdo de inversión tecnológica bajo el Título III de la Ley de Producción de Defensa. A esto se suman 4,9 millones de dólares de Recursos Naturales de Canadá, alcanzando un total de 16,7 millones de dólares en financiamiento conjunto entre Estados Unidos y Canadá. La mina La Loutre es uno de los primeros casos en que el DoD financia un proyecto minero canadiense en una etapa tan temprana. Aunque Lomiko lo presenta como un proyecto de transición energética, la participación del DoD revela su importancia para fines militares.

La comunidad KZA ha trabajado activamente en la restauración de sus tierras degradadas, en colaboración con gobiernos locales y provinciales para proteger los ecosistemas, en línea con los compromisos asumidos por Canadá en la COP15.

El proyecto ha generado oposición en comunidades locales, incluida la primera nación Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA), cuyo territorio se ve directamente afectado. Como en muchos proyectos extractivos, hay poca evidencia de que se haya buscado un CLPI genuino. La comunidad KZA ha trabajado activamente en la restauración de sus tierras degradadas, en colaboración con gobiernos locales y provinciales para proteger los ecosistemas, en línea con los compromisos asumidos por Canadá en la COP15. Estos esfuerzos chocan directamente con la expansión minera.

El gobierno de Quebec, pese a respaldar la minería, rechazó financiar el proyecto provincialmente, alegando falta de “aceptabilidad social”. Fue celebrado como una rara, aunque no definitiva, victoria, ya que los fondos federales y estadounidenses siguen vigentes. El caso del financiamiento del DoD a proyectos como Lomiko no es único. En una entrevista con Le Journal, Robert P. Sanders, cónsul general de Estados Unidos en Montreal, confirmó que hay otras inversiones en proceso.

El proyecto Strange Lake y las preocupaciones inuit, innu y naskapi

Otro de esos proyectos es Strange Lake, de la empresa Torngat Metals. Aunque no está financiado directamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la compañía suministrará minerales a una empresa norteamericana contratada para fabricar imanes de tierras raras destinados al ejército de Estados Unidos.

El proyecto Strange Lake, de Torngat Metals (con sede en Quebec), se ubica entre el norte de Quebec y Labrador, en territorio inuit de Labrador. Al igual que el grafito, las tierras raras son muy demandadas tanto para baterías de vehículos eléctricos como para equipos militares. La mina es sólo una parte del plan: también se proyecta una planta de separación en Sept-Îles. El proyecto ya mostró su verdadero rostro cuando inicialmente planeó una carretera de acceso que atravesaba tierras inuit, lo que habría obligado al gobierno de Nunatsiavut a realizar su propia evaluación ambiental. Más tarde, Torngat Metals modificó la ubicación de la carretera.

Otras dos naciones, la Nación Innu y la Nación Naskapi de Kawawachikamach, también expresaron su preocupación por el impacto del proyecto, señalando su cercanía a las áreas de cría del caribú del río George. La Nación Innu reafirmó su conexión con la tierra y su inquietud por los efectos del proyecto, invocando el artículo 35 de la Ley Constitucional de Canadá, que reconoce los derechos indígenas. Sin embargo, al igual que ocurre con la Ley C-15, esos derechos siguen sin definición clara y se aplican de manera desigual en proyectos extractivos.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la transición justa

La participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en proyectos como Lomiko y Strange Lake subraya cómo las narrativas de energía limpia pueden alinearse con objetivos militares. Minerales como grafito, litio, tierras raras y níquel son esenciales no solo para las baterías de vehículos eléctricos, sino también para aplicaciones militares.

Con el reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, ya no quedan dudas sobre los objetivos de este financiamiento. La reciente Big Beautiful Bill añadió otros 13.000 millones de dólares en fondos directos del departamento, que seguirán destinándose a minas e instalaciones de procesamiento no sólo en Estados Unidos y Canadá, sino también en todo el mundo. Comunidades estadounidenses, como los People of Red Mountain en Nevada, continúan luchando contra una mina de litio financiada por el DoD que eludió el consentimiento local.

Esta tendencia se intensificará a medida que más fondos se distribuyan a las empresas mineras. Quebec tiene una decisión que tomar: respetar sus compromisos con la DNUDPI y la justicia climática, o alinearse silenciosamente con las prioridades militares de Estados Unidos. Así, la retórica de la sostenibilidad funciona como una cortina de humo para otros objetivos.

La paradoja de Quebec

La prohibición de la exploración de combustibles fósiles en Quebec mediante la Ley 21 fue celebrada como una prueba de liderazgo climático audaz. Sin embargo, si tomamos en cuenta la expansión minera de la provincia, la contradicción resulta imposible de ignorar. El petróleo y el gas quedan prohibidos en nombre de la justicia climática, mientras los proyectos mineros destructivos avanzan bajo la bandera de la “transición verde”.

La mina de grafito La Loutre y el proyecto de tierras raras Strange Lake muestran cómo esta dinámica se materializa cuando los territorios indígenas son el objetivo de la extracción: el Consentimiento Libre, Previo e Informado se deja de lado y el financiamiento externo orienta los proyectos (menos hacia soluciones climáticas y más) a asegurar cadenas de suministro militares. La narrativa de liderazgo de Quebec revela la verdadera naturaleza de proyectos extractivos, donde la soberanía, los ecosistemas y las soluciones a largo plazo se sacrifican por objetivos industriales.

La paradoja de prohibir los combustibles fósiles mientras se acelera la minería revela que la “transición” de Quebec no tiene tanto que ver con la justicia climática, como con sustituir una práctica extractiva por otra.

Si la provincia hablara en serio de una transición justa, las naciones indígenas tendrían autoridad decisiva desde antes de iniciar los proyectos. Si esta fuera la realidad, el Consentimiento Libre Previo e Informado no sería reducido a una casilla intermedia en el camino, sino respetado como un derecho vinculante capaz de cambiar, redefinir o detener proyectos por completo.

La paradoja de prohibir los combustibles fósiles mientras se acelera la minería revela que la “transición” de Quebec no tiene tanto que ver con la justicia climática, como con sustituir una práctica extractiva por otra. No se trata de desmantelarla, sino de rebrandearla. Una transición verdaderamente justa requiere colocar la soberanía indígena en el centro de la política climática.