Por: Agencia Pressenza. Fuente: Agencia Nacional de Periodistas del Perú. (ANP)

(Imagen de Asociación Nacional de Periodistas del Perú)

¿Limpiando candidaturas? En plena campaña electoral, el gobierno transitorio de José Jerí solicitó al Congreso de la República facultades legislativas para ejecutar reformas en materia de «seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional». Irónicamente, una de las primeras iniciativas legislativas que propone en el Proyecto de Ley 13280 impediría la labor de investigación periodística en casos de corrupción, atentando contra el derecho a la libertad de prensa y, el derecho a la información que tiene la población.

El proyecto de ley 13280 incorporaría el delito de «revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales», que en la práctica, criminaliza la difusión de información de interés público y, constituye censura y persecución de fuentes reservadas en la actividad periodística. Asimismo, al dificultar la investigación y difusión de información, se afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de interés público.

Además, la falta de criterios claros para definir la “reserva” de la información podría llevar a que cualquier difusión sea interpretada como un delito.

Restricción por personajes controversiales

“Nuevamente, la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque restrictivo impulsado por sectores que tienen en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes” señaló en comunicado la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La ANP exhortó a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que suprima este extremo de la propuesta normativa, por atentar contra el periodismo de investigación y ser incongruente con la finalidad del proyecto de ley. Asimismo, recordó que “las normas penales no se deberían aprobar vía facultades legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio debate. Los estándares de Derechos Humanos recomiendan que este tipo de modificaciones penales no se produzca de esta manera”.

Actualmente, la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, investiga a la candidata presidencial Keiko Fujimori y personajes de su entorno por presunta recaudación ilícita y uso indebido de fondos públicos en su campaña electoral de 2021. También, en agosto del presente año el Ministerio Público presentó acusación contra organización criminal que capturó ilegalmente organismos autónomos como la ONPE y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú) en el que postula a la presidencia José Luna Gálvez.

Este y otros casos tuvieron cobertura del periodismo de investigación, brindando información relevante para la ciudadanía. No obstante, mientras que el país necesita transparencia, el gobierno propone restricciones…