Por: Europa Press
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se aferra a un indulto presidencial para evitar una posible condena ante la Justicia por los casos de corrupción que siguen abiertos en su contra, una decisión que divide al país y suscita numerosas críticas de la oposición.
Netanyahu imploró al presidente Isaac Herzog tenderle una mano para ser exonerado y eximido definitivamente de todos los cargos que se le imputan con el argumento de que se trata de un caso de interés nacional.
La idea de realizar esta solicitud venía materializándose desde hacía meses, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abogara en octubre durante una intervención en el propio Parlamento israelí por dejar a Netanyahu libre de estos procesos judiciales.
Dirigiéndose a la Knesset, el magnate neoyorquino restó importancia al supuesto delito cometido por el primer ministro al aceptar regalos en calidad de jefe de Gobierno: «Puros y champán, ¿a quién le importa?». En esta misma línea y hace casi tres semanas, Trump envió una carta al presidente israelí para impulsar precisamente la idea del indulto.
“Me impactó saber que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus momentos más memorables, liderado firmemente por Bibi Netanyahu, continúa su ridícula cacería de brujas contra su Primer Ministro de la Gran Guerra”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social en esa ocasión. “Es la primera vez que un primer ministro israelí en funciones es juzgado, con motivaciones políticas, (en un caso relacionado con) puros, un muñeco de Bugs Bunny y numerosos otros cargos injustos con el fin de causarle un gran daño. Semejante cacería de brujas, para un hombre que ha dado tanto, me resulta impensable. Él merece mucho más que esto, y el Estado de Israel también. El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado de inmediato, o se debería conceder un indulto a un gran héroe que tanto ha hecho por el Estado”, agregó.
Este discurso se ajusta a los argumentas dados durante los últimos años por el propio Netanyahu, que se define como una víctima del sistema judicial en un momento «muy delicado» para el país. Así, sostiene que se trata de una «conspiración» en su contra y aseguró que poner fin al juicio podría «apaciguar» la situación en la región.
Netanyahu está señalado por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.
Entre las acusaciones en su contra se encuentra el abuso de poder por presionar supuestamente a los medios de comunicación para que difundieran información favorable a su Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario Yedioth Aharonot para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario Israel Hayom.
Netanyahu se ha convertido en la primera persona en la historia de Israel en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro. El más grave de los procesos abiertos en su contra es el llamado caso 4000, en el que hace frente a cargos de soborno, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, también a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.
Ilan Yeshua, antiguo director ejecutivo del portal de noticias Walla, cuyo testimonio es considerado clave, señaló en el pasado que recibió órdenes para dar mayor peso a artículos que ayudaran al primer ministro y quitárselo a aquellos contrarios a Netanyahu o a su esposa, Sarah.
Yeshua relató que los dueños de Walla, Shaul e Iris Elovitch, le dieron órdenes para modificar la cobertura sobre Netanyahu. «Decían: ¿Qué eres, el Haaretz? ¿Qué eres, un portal para izquierdistas? ¿Qué eres, un portal para miembros de Hamás?», explicó ante el juez.
Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu protesta que el proceso en su contra ha sido un lastre que le impedióo ejecutar con normalidad su tarea. Así, presentó numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.
Este mismo lunes, la Justicia aprobó la solicitud de sus abogados y suspendió la vista prevista para este martes por «cuestiones diplomáticas y de seguridad». Sin embargo, la audiencia judicial de este miércoles tendrá que extenderse una hora más de lo previsto.
Durante la comparecencia de hoy, la Fiscalía acusó a Netanyahu de «mentir» al asegurar que creía que el portal de noticias Walla «no era importante», un argumento con el que intenta desmontar la idea de que buscaba utilizar este medio de comunicación para ejercer una mayor presión e influir en la opinión pública.
La fiscal Yehudit Tirosh dijo que a pesar de esas declaraciones, Netanyahu concedió varias entrevistas para el citado portal (tanto durante el periodo electoral como fuera de él) y compartió a posteriori algunos de los enlaces a estos artículos a través de sus redes sociales.
Al ser acusado de mentir, Netanyahu -que afirma que todos estos casos en su contra forman parte de un intento de golpe de Estado- cargó contra los fiscales asegurando que estuvieron «dando informaciones falsas durante todo el juicio».
El aumento de la tensión entre el mandatario y la Justicia afectó también a la figura de la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, cuya dimisión piden insistentemente tanto Netanyahu como otros miembros del Gobierno, que la acusan de buscar su salida del poder.
La propia fiscal, sin embargo, acusó a Netanyahu de utilizar la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza y que causó ya más de 70.000 palestinos muertos para impulsar una legislación que «ponga en jaque la democracia» israelí y la independencia judicial.
«Hay un debilitamiento considerable de las instituciones democráticas. El daño continuo al poder judicial es particularmente peligroso», advirtió, al afirmar que las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Netanyahu podrían «cambiar la imagen del país como una democracia con un sistema judicial independiente».
Desde el Ejecutivo siguen presionando para lograr la salida de la fiscal general, que fue acusada de abuso de poder y se niega a acudir a las vistas convocadas por una comisión ministerial para tratar su posible cese, en un procedimiento que ha definido como una «farsa».
En agosto, el Gabinete israelí aprobó destituirla, si bien la decisión aún no fue avalada por el Tribunal Supremo. La fiscal, en cualquier caso, parece contar con el apoyo incondicional de Herzog, quien denunció que el proceso es «un caos absoluto».
En un raro giro de los acontecimientos, la solicitud de indulto llega antes incluso que la condena, por lo que la petición fue trasladada al Departamento Jurídico de la Presidencia por el abogado del primer ministro, Amit Hadad, y desde ahí será transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, «que recabará las opiniones de todas las autoridades competentes».
«Posteriormente, estas opiniones se transmitirán a la asesoría jurídica de la Presidencia y a su equipo para que formulen una opinión adicional para el presidente», ha explicado la Presidencia israelí, tras lo que Herzog ha asegurado que estudiará la solicitud y ha prometido que «únicamente tendrá en cuenta los intereses» del país a la hora de adoptar una decisión al respecto.
A pesar de que es poco probable que Herzog le conceda el indulto, el jefe de Estado debe revisar estas peticiones una vez finalicen los procedimientos legales, tal y como estipulan las normas israelíes. En cualquier caso, los expertos concuerdan en que otorgar un perdón presidencial antes de que se emita una condena es «extremadamente raro».
ALG con Europa Press