Por: https://www.baseis.org.py/

Este jueves 4 de diciembre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Espacio E, se presentará un nuevo informe elaborado por BASE-IS sobre las Escuelas Fumigadas, el material advierte que creció la cantidad de instituciones educativas rurales expuestas a fumigaciones con agroquímicos en la Región Oriental. El estudio retoma una muestra representativa de 357 escuelas evaluadas en 2021, de las cuales 116 habían sido clasificadas en riesgo por su cercanía a monocultivos.

Tres años después, en 2024, un equipo técnico volvió a recorrer estas escuelas para actualizar la información y verificar si se cumplían las franjas de protección establecidas por la Ley 3742/09. Los resultados vuelven a mostrar un escenario alarmante:

De 61 pasaron a 85 las escuelas que hoy tienen monocultivos a 100 metros o menos, donde las fumigaciones están prohibidas.

En 2021 se habían identificado 55 instituciones en riesgo por fumigaciones non ilegales; el relevamiento actual detectó 25 monocultivos más que hoy realizan aplicaciones de agroquímicos a distancias fuera de la ley.

La investigación confirma que miles de niñas, niños y docentes campesinos e indígenas continúan expuestos a riesgos evitables, pese a años de denuncias y reclamos por parte de las comunidades. La respuesta del Estado, según el informe, sigue siendo “insuficiente y desigual”.

Un protocolo que no llega al territorio

Uno de los ejes del estudio fue evaluar la aplicación del Protocolo para la protección de instituciones educativas ante el riesgo de fumigación e intoxicación por pesticidas, aprobado por el MEC en 2023.

Aunque el documento oficial establece cuatro fases de actuación —Prevención, Preparación, Respuesta y Comunicación—, el monitoreo detectó grandes brechas entre lo que establece la normativa y lo que ocurre realmente en las escuelas.

En varias localidades, las autoridades educativas no cuentan con información ni recursos, y tampoco reciben orientaciones claras para actuar ante fumigaciones cercanas. Esto genera que, en la práctica, el protocolo no funcione como una herramienta de protección, dejando a comunidades enteras en situación de vulnerabilidad.

Las comunidades siguen exigiendo garantías

Docentes, madres, padres y organizaciones sociales insistieron ante el equipo investigador que el Estado debe asumir un rol mucho más firme: monitorear las prácticas agrícolas, sancionar los incumplimientos y garantizar que las escuelas —muchas de ellas ubicadas en territorios indígenas y asentamientos campesinos históricamente desatendidos— puedan funcionar sin poner en riesgo la salud de sus estudiantes.

El informe concluye que mientras no se respeten plenamente las franjas de protección ni se implemente de manera efectiva el protocolo del MEC, las escuelas rurales seguirán quedando a merced del avance del agronegocio, afectando de forma directa el derecho a la educación, a la salud y a un ambiente sano.