Por: https://www.baseis.org.py/

El intento de recuperar las 11.000 hectáreas de tierras de la Estancia Lucipar, propiedad del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha (Cabeza Branca) y sus testaferros acabó con más de 40 campesinos y campesinas detenidos, decenas de heridos y una violenta represión hacia quienes exigen su derecho a la tierra.

A lo largo de la jornada cientos de campesinos se reunieron en la Plaza de la Paz de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, tras los discursos y nuevos intentos de diálogo con los representantes del gobierno, en horas de la siesta la caravana campesina partió rumbo a las tierras de Lusipar.

Tanto en Santa Rosa como en el camino vecinal que lleva a las tierras de Lusipar se movilizó un enorme contingente policial, apoyado por militares, pertrechado con carros hidrantes, gases lacrimógenos, armas de fuego y balas de goma. El gobierno había lanzado desde días antes una enorme campaña de criminalización, apresando a dirigentes y amenazando a la población campesina.

Según relatan los campesinos y campesinas, la represión se desató en la tranquera de una estancia vecina a Lusipar, donde la policía se había formado para impedir el paso del contingente de agricultores que avanzaba para lograr su anhelado sueño de conquistar las tierras que les permitan asentarse y producir, una lucha que lleva ya más de 6 años. El gobierno había cerrado toda posibilidad de dialogo y a pesar de los insistentes reclamos campesinos, la única respuesta era la criminalización y los ataques a los líderes de la lucha por la tierra.

Durante la represión más de 40 campesinos fueron detenidos muchos de ellos acompañados de sus hijos e hijas, niños y niñas, decenas quedaron heridos por balines de goma y por el efecto de los gases. Muchos debieron refugiarse en algunos remanentes boscosos de la zona, otros lograron huir del lugar. Hasta altas horas de la noche la policía seguía disparando hacia el monte para amedrentar a los campesinos, según denuncia un dirigente.

Tras la violenta represión y la judicialización de los sin tierra, la Coordinadora de Sintierras del Norte pide la solidaridad de la ciudadanía para asistir a los heridos y encarcelados.

El gobierno, con su política represiva sigue defendiendo el territorio narco, en poder de la SENABICO se encuentran 138.000 hectáreas de inmuebles rurales comisados a conocidos narcotraficantes y lavadores de dinero, estás tierras podrían servir para enfrentar el drama de las cientos de miles de familias sintierra que tiene el país.