Por: Marcelo Trivelli. Fuente: Agencia Pressenza.

(Imagen de Pexel - Ron Lach)

Mientras Australia decidió enfrentar sin ambigüedades los efectos nocivos de las redes sociales en niños y jóvenes menores de 16 años prohibiendo que tengan cuentas en RRSS y apuntando la responsabilidad a las plataformas tecnológicas, en Chile volvemos a optar equivocadamente por la versión mínima, tímida y tardía de la política pública.

Esta semana se aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares dentro de la sala de clases en la enseñanza básica y media. Una medida que, presentada como avance, revela más bien nuestra incapacidad para enfrentar el problema de fondo. La norma contempla múltiples excepciones: razones de salud, situaciones pedagógicas definidas por el docente y criterios de cada establecimiento. En los hechos, no regula el ecosistema digital ni el negocio de las plataformas, sino apenas el aparato: el celular.

El contraste es brutal. En Australia, el foco no está puesto en la conducta de niños, niñas, jóvenes, padres o docentes, sino en las empresas tecnológicas que diseñan, operan y monetizan algoritmos dirigidos por inteligencia artificial. Son esas plataformas las que deberán impedir el acceso de menores, bajo amenaza de multas que superan los 30 mil millones de pesos. El objetivo es explícito: proteger a los usuarios juveniles de sistemas diseñados para maximizar tiempo de permanencia, generar dependencia, moldear conductas y capturar datos.

Quienes respaldan esta decisión argumentan que reducirá la exposición a contenidos dañinos, la presión social permanente, el acoso y el contacto con delincuentes, evitando que el uso de redes se convierta en una adicción temprana. Los críticos, por su parte, advierten riesgos de exclusión de contenidos positivos y cuestionan los mecanismos de verificación de edad por posibles vulneraciones a la privacidad. Es un debate legítimo, pero que al menos se da en el lugar correcto: el poder y la responsabilidad de las plataformas.

En Chile, en cambio, una vez más el lobby empresarial y la captura regulatoria por medios legítimos y seguramente también por medios ilegítimos como, el tráfico de influencias y la corrupción, logran desplazar el eje del problema. No se toca el modelo de negocio de las plataformas (empresas dueñas de las RRSS), no se cuestionan los algoritmos ni la economía de la atención, y menos aún la ausencia de regulación efectiva sobre inteligencia artificial aplicada a menores. Se opta por una solución cómoda, simbólica y de bajo costo político.

Europa, aun llegando tarde, comienza a avanzar. El Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que busca limitar el acceso a redes sociales: prohibición total para menores de 13 años y acceso condicionado a autorización parental entre los 13 y 16. Además, se propone eliminar funciones deliberadamente adictivas como el “scroll” infinito, las notificaciones constantes y los “likes”.

La evidencia es abrumadora. Las redes sociales representan un riesgo serio para el neurodesarrollo, la salud física y mental y el aprendizaje. Hablamos de ansiedad, miopía, depresión, trastornos del sueño, pubertad precoz, dificultades de atención y bajo rendimiento académico y mayor obesidad. Al aprobar políticas públicas que prohíban el acceso de niños y jóvenes a RRSS no está en juego el entretenimiento ni la sociabilidad digital; está en juego el desarrollo emocional, cognitivo y cerebral de toda una generación.

Chile vuelve a llegar tarde. Y cuando llega, llega mal. Mientras otros países regulan a los verdaderos responsables, las plataformas tecnológicas, aquí seguimos protegiendo intereses económicos a costa de nuestras niñeces y juventudes. Esa no es prudencia legislativa: es negligencia política y corrupción.